Lima, Perú, 28 de diciembre de 2017. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) revisará en febrero el estado en que se halla el proceso sobre las dos masacres cuya autoría mediata se atribuye al ex presidente peruano Alberto Fujimori, informaron hoy los abogados de las familias de las 25 víctimas.
El penalista Carlos Rivera mostró en una rueda de prensa documentos que confirman que la Corte IDH citó a las partes para el 2 de febrero para revisar el caso dentro de las audiencias anuales del tribunal, que se celebrarán en San José de Costa Rica.
Según los juristas peruanos, el estudio de los casos podría llevar a que la Corte IDH, cuyos fallos son vinculantes para Perú, decida revertir el indulto que le concedió el domingo el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori.
“Lo que vamos a hacer es exponerle a la Corte cómo esta medida de libertad de una persona bajo un canje político mella totalmente el derecho a las víctimas da tener verdad y justicia”, dijo otra de las abogadas de los deudos, Gloria Cano.
“Se está dando, disfrazada de un indulto, una decisión política para dejar en impunidad delitos tan graves como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta”, agregó la abogada.
Los familiares recurrieron a la Corte IDH porque el Perú es signatario de acuerdos interamericanos que limitan el derecho de indulto para personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad.
El caso de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta ha sido ya antes revisado por el tribunal interamericano, que ha hallado responsabilidad del Estado en esos dos episodios.
A finales de 1991, 15 personas que participaban en una fiesta en el populoso sector limeño de Barrios Altos fueron acribilladas por desconocidos. Entre las víctimas había un niño de ocho años.
A mediados de 1992, un grupo armado entró en la universidad estatal La Cantuta de Lima y se llevó a un profesor y nueve alumnos que meses después fueron encontrados en fosas comunes.
Las dos masacres, según se ha comprobado en diversos juicios, fueron cometidas por el Grupo Colina, un destacamento militar que operó al margen de la ley durante el Gobierno de Fujimori (1990-2000) con el aval de éste.
Fujimori pagaba 25 años de cárcel desde 2007 por esas masacres y dos secuestros agravados, pero Kuczynski lo indultó por supuestas razones “humanitarias” derivadas de problemas de salud.
Los críticos del indulto no creen en las razones médicas alegadas y consideran que el perdón es fruto de una negociación mediante la cual parlamentarios fujimoristas salvaron a Kuczynski de ser destituido la semana pasada por el Congreso por “incapacidad moral permanente”, derivada de su negativa a reconocer vínculos contractuales con la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en varios casos de corrupción.
Texto: DPA / Foto: EFE
