San José, Costa Rica, 05 de febrero de 2018. Los resultados de los comicios presidenciales celebrados el domingo en Costa Rica, que dieron como ganador en la primera ronda a un pastor evangélico profundamente conservador, Fabricio Alvarado, convirtieron al país en un manicomio político, donde aún hay incredulidad en muchos sectores sobre lo acontecido.
Hace un mes, pocos hubieran hecho una mínima apuesta por Alvarado, un periodista y cantante de música cristiana de 43 años de edad que entonces solo tenía un tres por ciento de intención de voto en las encuestas.
Y menos se hubiera apostado por el candidato oficialista Carlos Alvarado, comunicador, politólogo y cantante de rock, que una semana antes de los comicios también aparecía muy rezagado en las encuestas.
Este lunes, expertos y analistas políticos se rascaban la cabeza, tratando de entender el comportamiento del electorado costarricense.
Los comicios en Costa Rica, una sociedad profundamente conservadora, tuvieron como antesala una campaña marcada en la recta final por el tema de la corrupción, en primer lugar, y de los derechos de la comunidad LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).
Este último tema fue atizado por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 enero que ordenó a sus Estados miembros, incluido Costa Rica, garantizar los derechos de esos grupos, incluido el matrimonio.
La resolución, emitida en respuesta a una opinión consultiva realizada por el Gobierno costarricense, al que pertenece Carlos Alvarado, desató un verdadero polvorín, especialmente entre los sectores religiosos fundamentalistas y la Iglesia católica.
En ese contexto, el asunto se convirtió en el principal caballo de batalla del predicador Alvarado, factor que, según los analistas, lo catapultaron, en un abrir y cerrar de ojos, a la cima de las encuestas.
Curiosamente, el elemento que habría propulsado al actual diputado colocó en la acera de enfrente a quien será su rival en la segunda vuelta, en la que los dos políticos se disputarán la presidencia el 1 de abril, domingo de Resurección.
La corrupción, un flagelo que ha provocado que muchos costarricenses hayan perdido la fe en la clase política y gobernante, también fue eje central en los primeros meses de la campaña electoral.
La contienda estuvo marcada durante varias semanas por un gran escándalo de tráfico de influencias, relacionado con la aprobación de un millonario crédito de un banco estatal a un importador de cemento chino, que salpicó a activistas, especialmente de partidos tradicionales, al gobierno, al Parlamento y hasta al Poder Judicial.
Los resultados de los comicios del domingo dejaron un mensaje que parece claro. Un duro castigo, por segunda elección consecutiva, para el Partido Liberación Nacional (PLN), socialdemócrata, que lanzaba como candidato al empresario Antonio Álvarez Desanti, quien contaba con el apoyo decidido del ex presidente y premio Nobel de la Paz Óscar Arias.
Por otro lado, también dejó en evidencia un voto castigo hacia el socialcristianismo, que junto con el PLN ha dominado durante muchas décadas un sistema bipartidista, que en el transcurso del tiempo fue golpeado por escándalos de corrupción.
Con los resultados del domingo será la primera vez en más de seis décadas que dos partidos no tradicionales se disputen una elección presidencial en Costa Rica.
Independientemente de quien gane la segunda vuelta, el panorama no parece nada fácil para el vencedor.
Costa Rica, país centroamericano de apenas 51 mil 100 kilómetros cuadrados y 4.9 millones de habitantes, enfrenta serios problemas. Uno de los más graves es que arrastra un déficit fiscal que alcanzó el 6.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2017 y podría aumentar mucho más en los próximos dos años. El déficit es el talón de Aquiles de su economía, basada en gran parte en la industria turística y el sector de servicios, así como en la agricultura.
Hasta ahora, el presidente Solís no logró persuadir a la oposición de que apruebe una reforma fiscal para atraer más recursos a las arcas del Estado. Sus adversarios, incluido el ganador de la ronda del domingo, condicionan el aval a medidas impositivas a profundos recortes en el gasto público. Recortes que en muchos casos rebanarían los presupuestos de programas sociales y las inversiones, en un país urgido de avanzar en materia de infraestructura.
La composición del nuevo Parlamento, según las proyecciones del Tribunal Supremo de Elecciones, será fragmentada, donde ninguno de los vencedores de la segunda ronda tendrá, ni por asomo, mayoría.
Y ante ese panorama, las advertencias no se dejan esperar.
“El déficit fiscal es el mayor problema del páís”, advirtió el mandatario Solís el domingo.
El gobernante fue secundado por otros ex mandatarios, como Laura Chinchilla (2010-2014), quien dijo que este problema “está golpeando la economía de los hogares”.
El premio Nobel Arias opinó que el futuro presidente “debe ser capaz de alcanzar acuerdos” con los otros sectores políticos representados en el Parlamento.
Por otra parte, la frialdad y pérdida de confianza de los costarricenses en la clase política volvió a reflejarse. El abstencionismo podría alcanzar casi el 34 por ciento, uno de los más elevados de los últimos 65 años. Incluso, según las proyecciones, superaría al de hace cuatro años, cuando se registró un 31.8 por ciento.
Otro resultado que dejaron los comicios es el golpe a la derecha y a la izquierda. El Movimiento Libertario, neoliberal a ultranza, no logró ningún diputado, después de contar hasta con cuatro. Y el Frente Amplio, que tenía nueve curules, apenas se quedaría con una.
Analistas políticos como el académico y comunicólogo Carlos Sandoval o el politólogo Francisco Barahona ya habían advertido que las elecciones del domingo serían una de las más atípicas en la historia política costarricense, y que podría haber sorpresas. Como efectivamente ocurrió.
Texto: DPA / Foto: EFE
