En el noreste, zona de la segunda circunscripción electoral, hay 14 municipios con riesgo alto de violencia en el proceso, alertan expertos.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Especiales
Ciudad de México, 23 de mayo de 2018. En la segunda circunscripción electoral, integrada por Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, hay 14 municipios en los que existe un riesgo alto de que se registre violencia durante el actual proceso electoral.
Los municipios con un alto riesgo son Reynosa, Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo y Matamoros (Tamulipas); Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo (Zacatecas); Monterrey y San Nicolás de los Garza (NL); Saltillo (Coahuila); Celaya (Guanajuato); Aguascalientes, (Aguascalientes) y San Luis Potosí (SLP).
De acuerdo con un estudio elaborado por un grupo de expertos y presentado por Ricardo Monreal Ávila, coordinador en esa circunscripción para la elección presidencial por parte de Morena, la mayor parte de las amenazas proviene de la operación de grupos del crimen organizado.
Para determinar el índice de riesgo, el diagnóstico tomó en cuenta, además de la operación de la delincuencia organizada, la violencia contra los actores políticos, la inseguridad pública, la conflictividad política y social, así como los incidentes electorales.
“Todos los municipios con un alto nivel de riesgo, de acuerdo con el índice, también presentan un alto nivel de violencia del crimen organizado”, señala.
Las entidades que están más afectadas por la operación de los grupos criminales son Tamaulipas, Coahuila y Guanajuato.
“Grupo delincuenciales antagónicos contienden entre sí para asumir el control de las distintas regiones de la entidad y, a su vez, los mercados ilícitos disponibles y la renta que éstos representan.
“En específico la extracción y venta de combustible robado, el robo en carreteras y otros delitos de alto impacto, como extorsión y secuestro”, señala el estudio sobre el caso de Guanajuato.
El índice tomó en cuenta la estadística delictiva y los hechos criminales registrados de enero de 2016 a enero de 2018, en tanto que la violencia contra los actores políticos, esto es, homicidios, secuestros y atentados contra candidatos, fue de junio de 2011 a enero de 2018.
En el caso de los ataques contra los actores políticos destaca Coahuila, estado en el que existe desde hace varios años la presencia del crimen organizado y sospechas de colusión con las autoridades locales.
“Desde enero de 2013, en Coahuila se tiene registro de cuatro homicidios y tres atentados en contra de políticos, funcionarios públicos locales y actores de alto perfil.
“Los municipios en los que estos ocurrieron son Saltillo, con un homicidio y dos atentados; Torreón, Piedras Negras y Cuatro Ciénegas, con un homicidio cada uno; y Múzquiz con un atentado”, detalla el estudio.
En Tamulipas, de los cinco municipios riesgosos que tiene, dos de ellos, Reynosa y Ciudad Victoria, suman el mayor porcentaje de riesgo en el índice, debido a que la violencia del crimen organizado impacta en el resto de las variables.
Entre enero de 2016 y enero de 2018, señala el estudio, en todo el estado se registraron mil 259 ejecuciones, de los cuales 489 ocurrieron en Reynosa y 322 en Ciudad Victoria.
El estudio fue realizado para conocer el nivel de riesgo que enfrentarán los candidatos de Morena en la circunscripción y será entregada a la autoridad electoral y de seguridad pública, para que actúen en el ámbito de sus responsabilidades.
Grupos del crimen organizado que operan a nivel local podrían aprovechar el poder que tienen para intentar colocar candidatos a puestos de elección popular, por lo que se deben realizar acciones para evitar este tipo de casos, recomienda un estudio realizado por expertos para Morena.
El trabajo de análisis, que fue sobre la segunda circunscripción electoral, que coordina Ricardo Monreal, señala que en los casos en los que se tengan sospechas se deben realizar investigaciones independientes para verificar el perfil de los aspirantes.
“Solicitar a los comités estatales que realicen investigaciones independientes para verificar que cada uno de los candidatos reúne los requisitos necesarios para ser respaldado por el partido; en lo posible, buscar acceder a sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses.
“Además, ponderar los resultados de las investigaciones con un examen de estilo de vida de cada uno”, señala.
El documento recomienda que se descarte de las listas a cualquier aspirante que haya sido acusado con sustento de tener vínculos con la delincuencia organizada.
“Solicitar a los equipos de campaña que, bajo su más estricto escrutinio y en una investigación confidencial, se analice el perfil de cada uno de sus integrantes para conocer si estos participaron en posibles conductas delictivas o pertenecen a grupos criminales”, indica.
También establece que se debe estrechar la fiscalización y rendición de cuentas sobre los candidatos para determinar si obtuvieron recursos adicionales para invertir en su campaña y el origen de éstos.
