Ya duda de que quieran garantizar el regreso a sus casas de los refugiados en Chichihualco, dice Salvador Rangel.
Chilapa, Guerrero, 6 de enero de 2020. El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, expresó que el hecho de que las personas desplazadas de la sierra y refugiadas en Chichihualco no puedan regresar a sus hogares a más de un año lo hace dudar de la voluntad de los gobiernos federal y estatal por resolver el problema.
Y dijo que la actuación de unos 150 policías estatales acompañados de elementos de la Guardia Nacional para abrirse paso a empujones y cortando cartucho contra personas desplazadas que se manifestaban el sábado de la semana pasada, así como contra reporteros que cubrían el hecho, fue “extraña” y pidió saber “de qué lado batean”.
Del informe sobre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que menciona que el de Ayotzinapa es un caso extremo que muestra el vínculo entre agentes del Estado y el crimen organizado, el prelado opinó que no es novedad ese contubernio y confió en que se esclareza la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala.
Deseó que para el 2020 mejore la seguridad de los guerrerenses, que la economía crezca y que se fomenten los valores familiares.
Acerca del caso de las personas desplazadas desde noviembre de 2018 y refugiadas en Chichihualco, la cabecera del municipio de Leonardo Bravo, el responsable de la diócesis Chilpancingo-Chilapa insistió en que se están violando sus derechos constitucionales y que ya está dudando del gobierno porque no se resuelve este problema.
“Los sacaron de Filo de Caballos, Los Morros, La Laguna, Campo de Aviación, Las Cruces y Escalera, me he echado varios enemigos sobre todo los de Tlacotepec porque no están de acuerdo en que apoye a los desplazados, pero no es que sea parcial sino que todos los mexicanos tenemos el derecho constitucional a tener una casa y al libre tránsito”, explicó.
“El problema es que no se les permite llegar a sus casas; estos señores (integrantes dell Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero) se han convertido como en jefes, legisladores y ejecutivos; que dejen que sean las autoridades quienes juzguen por los actos que acusan”.
Luego dijo que esa Policía Comunitaria tiene “cinco retenes donde están viendo quién pasa y quién no”.
De la protesta del sábado antepasado, dijo que “la gente que se manifestó quiere llegar a sus hogares pero nadie los escucha” y recordó que son los mismos que se manifestaron varios días afuera del Palacio Nacional.
“Ya me esta haciendo dudar el mismo gobierno, porque esta gente no puede regresar a sus casas; ni el gobierno federal, estatal ni menos municipal han logrado que se quiten esos puestos de control de la Policía Comunitaria que no es territorio de ellos, sino que están ocupando ese espacio. Ojalá eso se pueda arreglar, yo estoy defendiendo los derechos humanos”.
Y del tema concluyó diciendo que la actuación de las policías fue rara en el desalojo del pasado sábado 28 de diciembre.
“Esa manifestación estuvo rara, extraña, de la policía estatal y nacional, yo no sé los estatales o la policía municipal para dónde batean”.
Confía en que con AMLO termine la colusión gobierno-criminales
Del informe regional de la CIDH donde menciona al caso Ayotzinapa como ilustrativo de la complicidad del Estado y el crimen organizado, Salvador Rangel Mendoza opinó:
“Lo de la corrupción de los funcionarios no es extraño en México, menos en Guerrero, sabemos que muchas autoridades han sido impuestas por el crimen organizado y siguen funcionando. No creo que van a descubrir América diciendo esto. Lo importante es que trabajen a favor de la gente.
“En el caso de Ayotzinapa ha habido ese contubernio entre el crimen organizado y otras personas y ojalá que sea una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ese caso se pueda esclarecer”.
Rangel Mendoza añadió que ya el presidente declaró en su mensaje de Año Nuevo que las autoridades se tienen que deslindar del crimen lo que indica que sí existe ese contubernio y que el mismo mandatario no se va a coludir.
“Ojalá que no haya estos contubernios entre los flamantes gobernantes y legisladores con el crimen”, finalizó.
Pide a las autoridades dar fin al conflicto en Rincón de Chautla
El problema en Rincón de Chautla es ejidal y la autoridad debe deslindar, opinó el obispo sobre la petición de 16 pueblos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de que el gobierno federal ponga campamentos militares en la carretera Chilapa-Hueycantenango para frenar los asesinatos en su contra.
“Aquí el problema es ejidal, de tierras. Valdría la pena que intervenga la autoridad federal y deslindar qué terrenos son de quién”.
A su juicio, dijo que los asesinatos registrados en esa zona son por una serie de venganzas entre familias por lo que debiera de haber mucha inteligencia y sabiduría para distinguir entre venganzas personales y crimen organizado.
“Que entre abiertamente la autoridad y que dé fin a esta situación”, propuso.
Deseos de año nuevo
El obispo Salvador Rangel deseó a la sociedad a nombre de sacerdotes, monjitas, catequistas y seminaristas de la Diócesis que en este 2020 pueda mejorar en todos los sentidos.
“Que podamos fomentar los valores familiares ya que es una gran institución en la sociedad como dentro de la iglesia.
“Hago una exhortación a los legisladores que ya no golpeen más a la familia, más bien que la apoyen porque teniendo buenas familias tenemos buena sociedad”, dijo en referencia a los cabildeos e iniciativas para la despenalización del aborto y legalizar los matrimonios del mismo sexo.
A nivel nacional, dijo, la economía se encuentra estancada y se tiene que impulsar así como la seguridad que es otro asunto pendiente.
“Tenemos que luchar, no sólo el gobierno, todos como ciudadanos para que tengamos un país más seguro y más transitable”, concluyó.
Texto y foto: Luis Daniel Nava
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