Organizaciones sociales denuncian falta de información acerca de las razones que llevaron a proponer la desaparición del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa del gobierno federal en el proyecto del Presupuesto 2021. Denuncian que la SEP ha abandonado la educación de estos niños, niñas y adolescentes
Ciudad de México, 20 de octubre de 2020. La cancelación del Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), prevista en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, mantiene en estado de alerta a organizaciones de la sociedad civil que trabajan de cerca con niños y niñas jornaleras agrícolas migrantes.
En un escrito del pasado 8 de octubre, dirigido a las comisiones de Educación, de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, de cerca de 30 organizaciones, entre las que figura el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, lamentaron la futura eliminación del financiamiento a este programa, porque de concretarse, impedirá el acceso a la educación establecido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Con este recurso se pagaban las aulas móviles, las escuelas dentro de los albergues, el salario de los maestros, la elaboración de material didáctico, de talleres y estrategias para la promoción de las lenguas indígenas: en general, la atención integral de la educación”, explicó, en entrevista con El Sur, Giovanna Battaglia, integrante de la Red Intercultural para el Buen Vivir.
Ante la emergencia por la Covid-19, la agroindustria fue uno de los sectores productivos definidos como esenciales en el ámbito global. La continuidad de las labores agroalimentarias fue tan necesaria que, aún con aeropuertos cerrados, la aduana se abrió para que miles de jornaleros mexicanos viajaran para la pizca en Canadá.
En México, la importancia de este sector no se tradujo en una mejora para las personas jornaleras agrícolas y sus familias, quienes no han dejado de enfrentar condiciones de vida precarias, en albergues costosos, a pesar del hacinamiento que los caracteriza, y trabajando sin la protección sanitaria adecuada.
Como recientemente reportó Tlachinollan, en los primeros meses de la pandemia aumentó el número de personas que decidieron dejar sus parcelas e incorporarse a la agroindustria. Entre febrero y julio, el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña registró que alrededor de 7 mil personas salieron de Guerrero, para viajar hacia los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato.
El número de niños migrantes, de acuerdo con el monitoreo del concejo, es representativo: 501 bebés de 0 a 2 años; 534 infantes de 3 a 5 años; mil 264 menores de 6 a 12 años, y 988 de 13 a 17 años.
Guerrero, de los estados que expulsa más menores
La prevista desaparición total del PIEE dejaría aun más invisibilizada a esta porción de la niñez mexicana, que requeriría, por el contrario, de una mayor inversión y de programas con enfoque intercultural, que tomen en cuenta su condición nómada, asegurándoles una mínima continuidad escolar.
“En la pandemia registramos un mayor arribo de niños y niñas a los estados receptores, porque había más demanda de trabajo y ya no tenían ninguna situación vinculada a su escuela que los retuviera”, remarcó Giovanna Battaglia.
“Guerrero es uno de los estados del país que más infancia expulsa: migran hacia cerca de 21 entidades. En el estado de Guanajuato, desde 2012, hemos documentado la presencia de infancias indígenas me’phaa, na’saavi y náhuatl, sobre todo”.
Battaglia enfatizó que la infancia de estos niños y niñas transcurre en “un ciclo migratorio que parece no tener fin”, y queda atrapada en los esquemas de la agroindustria: una situación que es violatoria de varios derechos, entre éstos, el de la educación.
“Cuando se empezó a abordar el tema de la erradicación del trabajo infantil, una de las vías que se implementó fue justo la apertura de aulas o la instalación de unidades móviles en zonas agrícolas estratégicas, en donde faltaba infraestructura educativa”, dijo a El Sur, por separado, Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.
Añadió que en el mediano plazo, la cancelación del PIEE podría tener un efecto dominó, ya que, si los niños ya no pueden acudir a las aulas, aumentaría el riesgo de que sus padres se vean obligados a llevarlos al surco.
Sin un mínimo programa de atención educativa, la perspectiva de dejar a los niños en los albergues o en sus casas temporales es totalmente inviable, pues carecen de cuidadores.
Recursos insignificantes y a la baja desde hace años
La Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (Enjo) 2009 mostró que más de la mitad, casi 60 por ciento, de la población jornalera agrícola migrante era originaria de localidades de alta o muy alta marginación, y que alrededor de 40 por ciento pertenecía a una comunidad indígena; también registró la existencia de hablantes de 29 idiomas distintos.
En materia educativa, la Enjo reportó que la escolaridad promedio de los jornaleros agrícolas de 15 años era de 4.5, es decir la mitad de la media nacional, que es de 8.1 años. Además, documentó un alto nivel de empleo entre estos niños y adolescentes: 60 por ciento desempeñaba actividades remuneradas en el campo; 10 por ciento, actividades comerciales, como ganadería y albañilería, y 30 por ciento realizaba actividades domésticas.
Según su presentación oficial, el PIEE fue creado para brindar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa a la población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad. Por ejemplo, la niñez jornalera migrante.
En 2014, la fusión de siete programas presupuestales de los distintos niveles educativos; básico, medio superior y superior, dio vida al PIEE. En el caso de la educación básica, se incorporaron cinco programas que atendían realidades específicas, como la educación especial, la telesecundaria y el fortalecimiento de actividades enfocadas en la educación indígena.
Además, absorbió el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim), activo desde 1981.
“El Pronim había construido una metodología pertinente, en términos culturales y educativos, contextualizados en la realidad de las infancias indígenas jornaleras –apuntó Battaglia–, y sin embargo desaparece para aglutinarse en el PIEE, un programa cuyo presupuesto ha ido reduciéndose desde su creación”.
Como señaló por su lado Paulino Rodríguez Reyes, responsable de Atención a Jornaleros y Jornaleras Agrícolas Migrantes de Tlachinollan, los recursos destinados a esta población siempre han sido “insignificantes”.
Asimismo, recuerda la progresiva depauperación del Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas (Paja), que operó de 1990 a 2018 y finalmente fue desaparecido en 2019, pese a ser el único programa de apoyo a estos trabajadores.
Si bien presentaba fallas, el Paja permitía acciones en materia de atención médica y alimentaria, además de sustentar la existencia de algunos albergues en estados receptores y de las Unidades de Servicios Integrales (USI), donde los jornaleros podían permanecer durante su ciclo migratorio.
En la Montaña no hay “ni en dónde tomar clases”
Entrevistado por El Sur, Rodríguez Reyes mencionó que el PIEE no ha estado funcionando de manera eficiente: no se aplicó en todos los estados receptores de migrantes jornaleros, y menos en sus lugares de origen.
Otro aspecto importante, continuó, es que la activación de este programa se ha limitado a las grandes empresas de la agroindustria, las que están registradas frente a las autoridades, pero no en los campos de los “rancheros”, los pequeños agricultores.
“Con la mayoría de las familias jornaleras de la región Montaña tenemos comunicación. Les preguntamos y nos dicen que sus hijos no están recibiendo clases porque no hay ni en dónde tomarlas, ni a quién preguntar. Son pocos los lugares de los estados receptores en donde se implementa el programa”.
A pesar de sus carencias, el PIEE representa “el último hilo” de dónde agarrarse para que la niñez jornalera migrante reciba una atención educativa. No sólo es fundamental que permanezca, sino que pase por un profundo mejoramiento.
“Desde Tlachinollan siempre hemos planteado que el gobierno federal establezca una política pública para que los programas destinados a la población jornalera, y en especial aquellos dedicados a la educación de los hijos de familias jornaleras, sean efectivos: se necesita un fondo exclusivo para que puedan ejercer este derecho”, enfatizó Rodríguez Reyes.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), advirtió, tiene una importante responsabilidad frente a la educación de la niñez jornalera migrante, ya que debería facilitar el reconocimiento del aprendizaje que esta población recibe en los campos agrícolas de los lugares a donde migran.
“En la práctica, la SEP no ha velado por este derecho y es lo que preocupa, porque vemos un abandono de este sector que sigue sin oportunidades”.
Sin información ni respuestas
Para hacer frente a esta situación de emergencia, las organizaciones que trabajan con población jornalera solicitaron la asignación de recursos para mantener vivo el PIEE; además, pidieron que la SEP realice un diagnóstico de la situación educativa de las infancias indígenas jornaleras migrantes, a fin de lograr la mejor planeación de un programa educativo pertinente.
También sugirieron el diálogo con las personas directamente afectadas por el recorte, quienes deberían ser reconocidas como sujetos de derecho.
A más de dos semanas de haber presentado su petición, las organizaciones no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades interpeladas.
El Sur solicitó una entrevista a la diputada Adela Piña Berna, presidenta de la Comisión de Educación del Senado, para conocer cómo se podrá seguir atendiendo a la niñez jornalera migrante en caso de que se elimine el PIEE, pero no obtuvo una respuesta.
“No sabemos en qué momento se discutió la cancelación del programa, ni qué abordaje se le dio. Posiblemente el abordaje fue cuidadoso y fino y quizás se vea muy dramático decir que el PIEE va a desaparecer; a lo mejor le van a hacer ajustes, se va a reestructurar, a lo mejor se está elaborando una propuesta con mecanismos que garanticen una mejor transparencia, pero no lo sabemos”, expuso Margarita Nemecio.
“Hubiera sido importante manejar este asunto con los actores que al final se verán trastocados por diferentes situaciones y en especial con los actores centrales: las niñas y los niños. Como siempre, son tomas de decisión que nunca pasan por ellos, se hace por encima, pensando que estas decisiones van a ser benéficas. Posiblemente sea así, pero sigue habiendo vacíos de información y falta de comunicación”, concluyó.
Texto: Caterina Morbiato / Foto: Carmen González Benicio
