“Hay que sanear la investigación, hay muchas cosas que posiblemente no te sirven, pero hay pequeños indicios que puedes rescatar”, plantea, y confirma que prácticamente reiniciarán el trabajo.
Ciudad de México, 20 de septiembre 2019. Con un equipo de 50 personas, el respaldo del fiscal general de la República, la confianza de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y un conocimiento amplio del expediente del caso, Omar Gómez se propone iniciar una nueva investigación del caso y dar resultados en tres meses.
Cauto para no comprometer una hipótesis sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes en el ataque en Iguala, Guerrero, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), no omite señalar sus avances en los tres meses que lleva en el cargo.
En entrevista sostiene que prácticamente reiniciarán la investigación, pues no tomarán como línea principal la versión de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula ni usarán las pruebas que el Tribunal Colegiado de Tamaulipas consideró ilegales, como declaraciones obtenidas bajo tortura.
“Hay que sanear la investigación, hay muchas cosas que posiblemente no te sirven, pero hay pequeños indicios que puedes rescatar de algunas declaraciones y te pueden ayudar para irlas mezclando con otra información para hacer más complejas y completas las líneas de investigación”, explicó.
“Nosotros nos regresamos al momento en que los estudiantes fueron detenidos por policías, tanto en Juan N. Álvarez como en Puente del Chipote, y a raíz de ahí empezamos a jalar, por eso es que regresamos a la base”.
Como ejemplo de esta nueva investigación, explicó que practicarán Protocolos de Estambul a los detenidos, pero ahora con peritos independientes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Aseguró que a cinco años de los hechos aún hay información por judicializar y presumió tener claridad de actos de investigación que “van bien clarito hacia un objetivo”, pues hay elementos de prueba útiles en la investigación que realizó la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Tras ser asesor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Gómez trabajó los últimos dos años con el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) leyendo los casi 800 tomos del expediente.
Luego de participar en una reunión privada con los padres de los estudiantes, reconoció que su plazo para dar resultados es la próxima reunión con ellos.
“Nuestro primer plazo es el que se fijó con los familiares. Tres meses para rendir frutos. Se quedó una excepcionalidad: cosas urgentes o noticias importantes que dar”, informó.
El Fiscal refrendó que la teoría del basurero de Cocula está eliminada, pero aseguró que esa misma línea sí permite indagar a ex funcionarios de la PGR. Tampoco, dijo, tienen un móvil claro del ataque.
–¿Inician buscando a 43 o a 42?-, se le preguntó.
–Iniciamos buscando a 43-, sostuvo.
–¿El reconocimiento que se hizo de un hueso de Alexander Mora Venancio?
–Es parte de la investigación pero un delito no lo puedes ir fraccionando. El delito de la desaparición forzada inicia con la detención por un sujeto activo o la aquiescencia o consentimiento del sujeto activo, después puede ser que haya guardado reclusión en un determinado lugar y después determinas el paradero-, explicó.
“Aquí solamente hay un elemento. Entre los momentos de la detención (y el destino final) y de pronto un hueso en un determinado lugar, por una serie de irregularidades que hubieron en esas diligencias. Hay que construir una narrativa y ese es el delito en su integralidad”, agregó.
Sobre la liberación de imputados, el fiscal prometió combatir los procesos y presentar más pruebas para evitar más liberaciones.
“Nosotros vamos a combatir. A nosotros los procesos nos importan y eso es clave. Anteriormente los procesos los llevaba otra área dentro de la propia Procuraduría, ahorita en mi oficina tenemos el cerebro y el control de los procesos”, argumentó.
En el caso concreto de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos que habría ordenado el ataque la noche del 26 de septiembre de 2014, refirió que se encuentra en periodo de conclusiones.
“Se habla mucho de una prueba de telefonía, vamos a argumentar esa prueba de telefonía”, refirió sobre los mensajes que fueron interceptados a líderes de Guerreros Unidos desde Chicago, Estados Unidos.
La unidad que dirige concentró las denuncias de tortura, los malos tratos a los detenidos, las irregularidades en las investigaciones, los procesos penales y la búsqueda de los normalistas.
Confirmó que sí se está investigando a ex funcionarios de la PGR, aunque no nombró a Tomás Zerón de Lucio.
“Hay una alineación en función de atacar de manera estructural, un caso estructural como es Ayotzinapa”, reflexionó.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro
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