Dichos recursos se complementarán, en una primera etapa, con fondos disponibles en el Fondo Nacional de Desastres Naturales y seguros de desastres. Crearán la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción.
Texto: Zedryk Raziel Cruz Merino / Agencia Reforma / Foto: Xinhua
Oaxaca, Oaxaca, 19 de septiembre de 2018. El gobierno entrante se comprometerá a destinar 10 mil millones de pesos de presupuesto para reconstruir las viviendas e infraestructura básica dañadas por los sismos de septiembre de 2017.
Dichos recursos se complementarán, en una primera etapa, con fondos disponibles en el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y seguros de desastres.
En el primer aniversario de los sismos de septiembre, en una de las zonas más afectadas, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunciará su Programa Nacional de Reconstrucción.
El plan contempla la creación de la “Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción”, que coordinará los trabajos de las dependencias federales involucradas en la atención de cuatro áreas prioritarias: vivienda, educación, salud y patrimonio cultural.
Se prevé que 70 por ciento de la bolsa de reconstrucción se asigne a las acciones de vivienda, mientras que el restante 30 por ciento será para rehabilitar instalaciones educativas y de salud, así como inmuebles del patrimonio cultural.
Los “superdelegados” estatales del gobierno de López Obrador tendrían un papel relevante en la supervisión de los trabajos.
“Esta Comisión dará seguimiento a las acciones que se realizarán en colaboración con los gobiernos estatales y municipales, a través de las coordinaciones de cada entidad, en las que participarán los delegados estatales, quienes coordinarán los programas integrados de desarrollo regional”, indica un resumen ejecutivo del programa al que tuvo acceso el periódico Reforma.
Señala que la reconstrucción será asumida como una política de Estado y requerirá de la coordinación de los tres niveles de Gobierno y los tres Poderes mediante la firma de convenios de colaboración, con un lugar preponderante para la participación de los grupos afectados.
El plan persigue “que lo que se construya sea más adecuado y más seguro que lo anterior”, por lo que descarta reconstruir en zonas de alto riesgo.
A su vez, señala, las acciones de reparación, reforzamiento y construcción se apegarán a normas de seguridad estructural, amén de que se aplicarán medidas de mitigación de riesgos donde sea necesario.
Paralelamente a la rehabilitación de los inmuebles afectados, se repararán caminos, se restablecerán servicios básicos y se apoyará la reactivación de la economía y la creación de empleos.
Para ello, se privilegiará la mano de obra de las localidades en las que se llevarán a cabo los trabajos, con la participación de profesionistas, instituciones académicas, pequeñas empresas, cooperativas, trabajadores de la construcción y proveedores de servicios.
En el caso del patrimonio cultural, el programa incluso contempla convocar a personas que hayan aprendido el oficio de la restauración de generación en generación, aunque también participarán profesionistas y empresas especializadas.
El documento precisa que no sólo se rescatarán monumentos históricos, como templos, capillas y edificios catalogados, sino también “la arquitectura popular y de sitios que dan identidad y son parte del patrimonio de las comunidades”.
“Se promoverá, desde abajo, la organización de las tareas para la realización del programa, de tal manera que se tomar· en cuenta la participación directa de las personas afectadas en la reconstrucción de sus viviendas, y la participación colectiva para resolver situaciones que afectan a las comunidades, respetando los sistemas normativos internos de los pueblos originarios.
“Asimismo, en la reconstrucción de las viviendas y en otros casos en los que sea procedente, la entrega de los recursos se hará en forma directa a los beneficiarios. La ayuda será gratuita, y se garantizará que siempre vaya acompañada de la asesoría técnica especializada para el diseño y realización de las obras y el adecuado uso de los recursos”, plantea el proyecto.
El plan indica que todos los procesos se llevarán a cabo con perspectiva de derechos humanos y criterios de transparencia y rendición de cuentas.
(Imagen tomada de la página Facebook de Santiago González en septiembre de 2017)
