México es el sexto país más mortífero para los defensores del medio ambiente y el territorio, al sumar 14 homicidios durante el 2018, revela la organización Global Witness.
Ciudad de México, 1 de agosto de 2019. La mayoría de activistas ambientales asesinados en el país el año pasado eran de origen indígena, denunciaron ONG.
La organización Global Witness reveló ayer que México es el sexto país más mortífero para los defensores del medio ambiente y el territorio, al sumar 14 homicidios durante el 2018.
De los 14 casos, 11 eran indígenas.
“Estas agresiones (a indígenas) son casi el 80 por ciento de los casos. En el caso de Oaxaca, Puebla y Michoacán, el 100 por ciento de los agredidos son indígenas”, resaltó Gustavo Sánchez, director de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf).
Antonio Medina, representante de la Red Indígena de Turismo de México (RITA), comentó en conferencia de prensa que la mitad del territorio nacional es propiedad de los pueblos originarios, por lo que gran parte de las minas, bancos de materiales, cuerpos de agua y biodiversidad del país forma parte de su patrimonio.
Por lo anterior, surgen conflictos con la iniciativa privada y el Estado, señaló.
“Los proyectos de desarrollo son implementados en nuestras comunidades sin nuestro consentimiento”, sostuvo.
A decir de Medina, las consultas con las comunidades indígenas elaboradas por la actual administración muchas veces están coaccionadas porque las concesiones se otorgan con anterioridad y los pueblos no son incluidos en los proyectos.
“Las consultas deben de ser libres, previas e informadas. Nosotros los pueblos indígenas debemos estar participando en la planeación, en el diseño, en el monitoreo y evaluación de estos proyectos”, comentó.
Las consultas no se realizan en las asambleas comunitarias, lo que ocasiona que muchos pobladores no puedan viajar al centro de las entidades para participar, detalló.
Alejandra Leyva, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), señaló que para detener la situación se requiere acelerar en el Senado la ratificación del Acuerdo de Escazú, ya firmado por México.
Este documento contempla disposiciones para promover y proteger los derechos humanos de los defensores de asuntos ambientales.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Archivo (En la imagen, Julián Carrillo, activista rarámuri asesinado en Chihuahua)
