Agustín Caso niega que haya habido dolo o motivación política en los resultados, pero evita responder respecto al reconocimiento de “inconsistencias” de ese informe
El Sur / Ciudad de México, 10 de marzo de 2021. Ante diputados federales, el auditor especial de desempeño de la ASF, Agustín Caso, responsable de la auditoría de sobrecosto en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), defendió la metodología empleada en ese estudio.
En su mensaje ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en San Lázaro, el auditor Caso, quien se encuentra separado del cargo, negó que haya habido dolo o motivación política en los resultados de la auditoría a la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco.
La última semana de febrero, la ASF difundió una auditoría sobre la cancelación del Aeropuerto de Texcoco que tuvo un costo estimado de al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, 232 por ciento más que el monto original.
“La Auditoría Superior de la Federación se apega el debido proceso y las metodologías, aún siendo distintas, no persiguen dolo o no hay mala fe, no hay error, lo que debe haber es seguimiento. Sería una cuestión grave si en temas tan importantes de la República, con proyectos tan importantes, nosotros, que debemos velar por el buen desempeño o coadyuvar por el buen desempeño de la administración pública, actuáramos con mala fe o interés creado o partidista, lo digo con sinceridad.
“Sí estoy consciente de que estas cifras son importantes, son estimadas, deben contextualizarse, deben ponerse en un debido contexto, inclusive de comunicación social. No vengo a defender a capa y espada una cifra ni las razones de la validez de la auditoría, son ópticas distintas y procesos legales que ventilan diferencias y no son verdades excluyentes”, argumentó en reunión con legisladores.
Recordó que en ningún momento hubo pliego de observaciones por daño a la hacienda pública o señalamientos de algún servidor público como tampoco promoción de sanción a servidores públicos, por lo que no hubo intencionalidad política.
Además, destacó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte no objetó los resultados de la auditoría, y que el tiempo en que pudo hacerlo fue en la confronta de información.
Unas horas después y tras los cuestionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la ASF reconoció “inconsistencias” y ordenó una revisión del expediente.
Ante los cuestionamientos de legisladores, el auditor Caso evitó responder respecto al reconocimiento de “inconsistencias” en dicho comunicado.
Recordó que se trata de un proceso administrativo por lo que debe de respetar el debido proceso, pero enfatizó que su argumento central era que la metodología empleada fue consistente y reconocida internacionalmente.
Argumentó que el análisis contenía los costos económicos, financieros y legales, y no se trataba de una auditoría de cumplimiento financiero ni se enfocó al cumplimiento de legalidad en el uso de los recursos públicos.
Diputados avalan ley que establece el financiamiento gradual en la Educación Superior
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la nueva Ley General de Educación Superior, en la que se establece el financiamiento gradual de su impartición a partir del próximo año.
Con 400 votos a favor, 47 en contra del PT y 2 abstenciones, se avaló sin cambios la minuta del Senado, aunque se revisarán los artículos reservados.
Con la nueva ley se establecen las bases para ampliar la matrícula en las universidades del país, pero ello dependerá de la disponibilidad financiera que determine la Secretaría de Hacienda.
“La gratuidad de la Educación Superior se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023, sin detrimento de las acciones que se realicen con la entrada en vigor de la ley”, cita la nueva ley.
Nueva ley de educación superior garantiza autonomía universitaria, apunta la SEP
La nueva Ley General de Educación Superior (LGES) garantizará el respeto a la autonomía universitaria y dará cumplimiento a los principios de gratuidad, obligatoriedad, equidad y excelencia en ese nivel educativo, aseguró la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El nuevo ordenamiento legal, explicó, proporciona elementos al Estado para cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la Educación Superior gratuita y favorecer la posibilidad de formación a profesionistas con capacidad creativa, innovadora, emprendedora y un alto compromiso social.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar estará al frente de la coordinación de la reforma fiscal
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, ex presidente de Morena, fue designado como coordinador del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que al final de la Legislatura elaborará propuestas para concretar una reforma fiscal que aplique a partir de 2022.
“La Cámara de Diputados aprueba la creación del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, cuyo objeto será analizar y dejar preparados todos los estudios necesarios que respalden, desde un punto de vista especializado, aquellos temas que son de suma urgencia para la vida pública del país, tales como la posible realización de una Convención Nacional Hacendaria, la reforma fiscal, el análisis de los requerimientos de gasto de la segunda mitad del sexenio, la reforma de pensiones.
“Así como preparar la creación del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, logrando la presentación de propuestas fiscales y hacendarias de los integrantes del pacto federal, permitiendo, en su caso, conforme a los procedimientos establecidos en la presentación, discusión y aprobación de las reformas constitucionales y legales requeridas”, se indica en los objetivos del grupo de trabajo.
Texto: Agencia Reforma / Redacción
