Se deben asignar al menos 50 mil millones de pesos para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, dicen 28 agrupaciones en un documento.
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2019. Un total de 28 organizaciones ambientalistas pidieron al gobierno federal incrementar el presupuesto del sector a cuando menos 50 mil millones de pesos para 2020.
En un documento público, explicaron que se han reunido de manera constante con el objeto de analizar y proponer respecto a las condiciones del estado actual de la política ambiental en México, así como su prioridad en el Programa de Egresos de la Federación (PEF) 2020.
Derivado de las sesiones de trabajo, generaron el documento Política ambiental y sustentabilidad desde la sociedad civil, del Sur Sureste de México.
El escrito fue entregado el pasado 20 de agosto al subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Arturo Argueta Villamar, como propuesta para la elaboración el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Promarnat) para el periodo 2019-2024.
En éste, demandan incrementar el presupuesto a fin de fortalecer el sector institucionalmente y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Salvador Anta Fonseca, representante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) en Oaxaca, calificó como estratégico que el gasto ambiental no se quede en poco menos de 30 mil millones de pesos como se proyecta en el proyecto del PEF.
“El presupuesto ambiental ha venido bajando y este es un llamado al presidente para decirle que el tema ambiental cruza con los ejes del desarrollo y si no tenemos la protección de nuestros recursos naturales, pues vamos a seguir perdiendo un capital muy importante para el país. Sabemos que la situación del país es difícil, pero ojalá que el tema ambiental pueda subir de nivel, pueda tener más atención y pueda tener un presupuesto más digno”, dijo en entrevista.
En el documento, las organizaciones plantean 10 ejes fundamentales que debe fortalecer la política ambiental, entre ellos el desarrollo rural sustentable, las políticas públicas sobre las cadenas de valor forestal, agropecuarias y pesqueras, así como el reconocimiento y ampliación de los derechos de inclusión, acceso a la tierra y participación de las mujeres y los jóvenes.
Además, se sugiere reconocer los sistemas normativos indígenas, particularmente aquellos orientados al manejo del territorio y al fortalecimiento a la autoadscripción.
También se propone fortalecer los espacios de mediación de conflictos agrarios, ambientales y sociales de manera interinstitucional, intersectorial y transversal; la vinculación con el ordenamiento ecológico territorial para el diseño de la política ambiental y el acceso al público en general de la información científica y técnica de calidad sobre el estado de los recursos naturales de la agenda verde, azul y gris.
Las organizaciones expresaron que su propuesta es congruente con la agenda ambiental necesaria para México y con la agenda climática mundial, que hoy en día se sigue debatiendo y que recientemente ha movilizado a millones de personas en el mundo, particularmente jóvenes y niños.
Aunque en México, el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, lanzó una convocatoria para el diálogo y la interacción entre la sociedad en general y los especialistas de la diversidad biológica y cultural, señalaron que no se advierte presupuesto ni políticas públicas para enfrentar la crisis ambiental y climática.
“En México no se observan políticas públicas y mucho menos el presupuesto mínimo necesario para hacer frente a estos graves problemas como lo son los incendios y las plagas forestales, el incremento de la sequía, inundaciones y muchos otros síntomas y fenómenos del cambio climático que hemos y estamos provocando los seres humanos con evidentes consecuencias que han incrementado la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad de millones de mexicanos”, subrayaron las organizaciones.
Además del CCMSS, el documento está firmado por 27 organizaciones ambientales, entre ellas la Unión de Comunidades de la Sierra Juárez, el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, y la Comisión de Cuenca del Río Atoyac y Salado.
Texto: Evlyn Cervantes / Agencia Reforma / Foto: Agencia Reforma
