Texto: Redacción / DPA / Foto y video: (@SerapazMexico) Twitter
Ciudad de México, 15 de marzo de 2018. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) afirmó hoy jueves que tiene la “fuerte convicción” de que hubo tortura en al menos 34 casos de personas procesadas por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Oponerse a la tortura no significa estar a favor de los delincuentes”, advirtió en ese sentido el representante en México del organismo, Jan Jarab, al presentar en la Ciudad de México el informe “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa“.
En el informe, de 90 páginas, se señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley.
“El informe se enfoca en actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos cometidas en la fase inicial de las investigaciones”, indicó Jan Jarab. Y “los funcionarios responsables permanecen impunes”.
El 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron tras ser perseguidos y atacados por policías municipales aliados con el crimen organizado.
Los contextos de la ONU
Durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, un nutrido grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa viajaba en cinco autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad de México, cuando la policía municipal los atacó en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero. Un total de 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, seis personas (entre ellas tres estudiantes) fueron asesinadas y al menos otras 40 resultaron heridas. El papel de diversas fuerzas de seguridad en estos hechos está bajo investigación.
De acuerdo con la versión oficial, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros de un grupo criminal que los mataron, incineraron y arrojaron las cenizas al río.
El 27 de enero de 2015, el entonces Procurador General, anunció que el caso estaba resuelto: los estudiantes desaparecidos habían sido entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a miembros de un grupo criminal, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero y tiraron sus restos al cercano río San Juan. En noviembre de 2014, el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecieron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para dar seguimiento a la investigación. El informe final del GIEI, publicado en abril de 2016, concluyó que la pericia forense no apoyaba la afirmación de que todos los cuerpos de los estudiantes hubieran sido incinerados en ese lugar.
Según la información disponible, hasta la fecha nadie ha sido condenado en relación con el caso Ayotzinapa y 33 de las 34 personas imputadas, cuyos casos se describen en este informe, siguen detenidas.
La Fiscalía detuvo a varias personas, incluidos policías, y al principio concluyó, basada en las declaraciones obtenidas, que los estudiantes habían sido entregados a un grupo criminal, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
Sin embargo, las investigaciones continúan. La versión inicial fue descartada por un grupo de expertos independientes –Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes– y rechazada por los padres de los jóvenes, que exigen la aparición con vida de sus hijos.
Jarab dijo que se analizaron los casos de 63 detenidos y que 33 hombres y una mujer presentaron lesiones físicas como golpes, patadas, toques eléctricos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y varias formas de tortura psicológica.
La ONU-DH señaló que uno de los que habría sufrido tortura y detención arbitraria fue Agustín García Reyes, antes de haber sido llevado al río San Juan en una diligencia “sin el registro adecuado” en el expediente del caso.
Esta acción es especialmente relevante porque en ese lugar, un día después, la Marina encontró una bolsa con restos óseos que permitieron identificar a uno de los 43 jóvenes.
La ONU-DH pidió por esa razón a las autoridades mexicanas desechar todas las pruebas obtenidas bajo tortura.
La ONU-DH indica en su informe que durante la investigación realizada por las autoridades mexicanas existió “un patrón consistente de violaciones de derechos humanos”.
“En varios casos habría habido amenazas de violación sexual a las mujeres familiares de las personas detenidas”, señala el informe.
El “modus operandi” consistió, según el informe, en detenciones arbitrarias por parte de autoridades federales, tardanzas en la presentación formal de la persona detenida ante el Ministerio Público, actos de tortura para obtener información o confesiones y, por último, presentar al detenido ante la Fiscalía donde presuntamente continuaron los actos de tortura.
En muchos casos se ofrecieron “justificaciones no plausibles y contradictorias” para explicar las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas, como “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”. En el informe se destaca además la existencia de una serie de declaraciones auto-inculpatorias “libres y espontáneas” hechas por personas detenidas que presentaban múltiples lesiones, como queda evidenciado en los partes médicos.
Y el informe señala que los casos documentados de violaciones de derechos humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se hizo cargo de la investigación, que hasta entonces había llevado la Fiscalía del Estado de Guerrero, donde los estudiantes desaparecieron. Todos los arrestos fueron realizados por personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina (Semar).
Quienes incurrieron en estas presuntas prácticas, de acuerdo con el documento, fueron agentes de la Fiscalía, de la Policía Federal y de la Marina.
Agrega que varias de las personas que confesaron su culpabilidad de forma voluntaria presentaban lesiones físicas, de acuerdo con los partes médicos. Estos también señalan que varios detenidos tenían heridas, pese a que las autoridades indicaron que la detención se había realizado sin violencia.
El informe menciona también irregularidades en diligencias realizadas en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, cuando el entonces jefe investigador de la fiscalía, Tomás Zerón, trasladó a un detenido hasta el lugar y levantó evidencia sin dejar registro.
La ONU-DH exhortó a las autoridades mexicanas a “evitar una práctica institucional de comisión de actos de tortura, así como de su tolerancia y encubrimiento”, por lo que pidió encontrar a los responsables de tales actos y aplicar las sanciones correspondientes.
“Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa. Esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Detenciones arbitrarias, tortura y una ejecución extrajudicial. Así fue como operaron @PGR_mx y Semar con los procesados por el caso #Ayotzinapa #DobleInjusticia @ONUDHmexico @FJEDD @FundarMexico @CMDPDH @CentroProdh @Tlachinollan pic.twitter.com/478zI4kC6B
— Serapaz Mexico (@SerapazMexico) 15 de marzo de 2018
