El miércoles fue asesinado Reynaldo Procopio en Hueycantenango, que vivía en Ayahualtempa, una de las 16 comunidades de la Comunitaria.
Chilpancingo, Guerrero, 29 de febrero de 2020. A pesar de la operación de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para frenar la violencia en las comunidades que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), el miércoles fue asesinado en Heycantenango un vecino de la comunidad de Ayahualtempa, denunció ayer vía telefónica el coordinador David Sánchez Luna.
El representante de esa agrupación insistió en que el gobierno estatal no ha cumplido las garantías de seguridad a los pueblos ni con la detención de los responsables de los asesinatos de los 10 músicos de Alcozacán.
El miércoles a las 6 de la tarde fue asesinado en Hueycantenango, Reynaldo Procopio Díaz, vecino de Ayahualtempa, una de las 16 comunidades que pertenecen al territorio de la CRA-PF.
Sánchez Luna denunció que personal de la agencia del Ministerio Público, el síndico municipal de Chilapa y personal de Protección Civil fueron a levantar el cuerpo, pero no lo trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Chilpancingo, sino que lo entregaron directamente a sus familiares, “seguramente para que el caso no trascendiera a los medios de comunicación”.
Sánchez Luna agregó que con este asesinato se comprueba que los tres niveles de Gobierno no están cumpliendo las garantías de seguridad a las que se comprometió brindar el gobernador Héctor Astudillo Flores en la reunión del 24 de enero en Alcozacán, cuando los vecinos quitaron el bloqueo a la carretera Chilapa-Hueycantenango.
“No se ha visto que estén cumpliendo con esta demanda porque los integrantes del grupo delictivo siguen matando a nuestros compañeros, siguen en el panteón de Tula, en el crucero del Jagüey y en el de Tlanipatla, a pesar de que el gobernador se comprometió a replegarlos”, reclamó el coordinador de la CRAC-PF.
Demandó que el Gobierno revise esta situación, “porque siguen haciendo daño a nuestros compañeros de la CRAC-PF”.
Denunció que ahora los integrantes del grupo delictivo ya no transitan por las carreteras, sino que caminan por veredas y matan animales domésticos cerca de los pueblos.
“Es preocupante porque aunque sólo sean animales domésticos es una provocación”, dijo. Informó que el caso más reciente ocurrió el miércoles pasado cerca del rancho Camotepec en donde mataron un burro y un marrano.
Agergó que en esa localidad las siete familias salieron desplazadas hace ocho meses debido la violencia, y se fueron a refugiar a Ayahualtempa.
Desde entonces solamente iban a dar de comer a sus animales, “pero ahora hasta a éstos se los están matando los integrantes del grupo delictivo”.
“Pedimos que haya coordinación entre los tres niveles de Gobierno para que haya garantías de seguridad, porque los comisarios han dicho que si no puede el Gobierno nosotros vamos a ir viendo cómo evitar que sigan matando a nuestros compañeros”, advirtió Sánchez Luna.
El coordinador informó que también están en espera de la respuesta del Gobierno federal a 14 demandas de las 29 que plantearon el 24 de enero al gobernador Héctor Astudillo Flores.
“Le pedimos al Gobierno federal que queremos la respuesta directamente a nosotros, a la CRAC-PF, porque no tenemos intermediarios”, dijo, y añadió que siguen en espera de la respuesta a la invitación que le hicieron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que visite sus comunidades y revise la situación en que viven.
Informó que entre estas peticiones está la entrega del fertilizante para los productores de las 16 comunidades, la creación del nuevo municipio en la zona nahua de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), la condonación de los pagos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la instalación de cajeros automáticos para el pago de los programas sociales.
Expuso que les han dicho que esas demandas se encuentran en proceso pero que ninguna de las 14 han tenido respuesta, “y necesitamos solución”.
La CRAC-PF también pide que los tres niveles de Gobierno reconozcan a la organización como cuarto orden de gobierno, “como ya nos reconocen los organismos internacionales”, declaró Sánchez Luna.
Además dijo que piden que el Gobierno federal reconozca el trabajo de la Policía Comunitaria, ante la incapacidad que han demostrado los tres niveles de gobierno para garantizarles la seguridad en sus pueblos.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
