Chilpancingo, Guerrero, 12 de marzo de 2020. La integrante de la Cooperativa Feminista Las Revueltas, Yolitzi Jaimes, advirtió que si estudiantes de escuelas públicas y privadas están denunciando de manera anónima con mensajes en cartulinas el acoso sexual, es porque no existen mecanismos en los centros educativos para garantizar su seguridad y hacerlo de manera formal.
En consulta telefónica, insistió en la importancia de que las escuelas tengan protocolos de atención, prevención y sanción de la violencia de género hacia estudiantes, que impliquen castigos hacia esos hostigadores sexuales.
Esto, luego que en periódicos murales, en modo de tendederos y sobre las paredes, alumnas de preparatorias de la Universidad Autónoma de Guerrero, del Colegio La Salle en Acapulco y del Tecnológico de la Costa Grande denunciaron maltrato y acoso sexual.
Así mismo, alumnas que tomaron cursos en el Club de Matemáticas Lobatchewsky revelaron que docentes de esta empresa de manera sistemática buscan sostener relaciones románticas con las estudiantes.
La activista explicó que el protocolo de violencia de género debe señalar una ruta de acompañamiento a la víctimas y proceder con una denuncia formal ante una agencia del Ministerio Público.
Aseguró que el acecho a estudiantes menores de edad es una práctica enquistada en la UAG que se debe revelar, y que siempre se vio con normalidad hasta que los profesores se casaran con sus alumnas sin importar la diferencia de edad, “cuando hay una relación desigual y el maestro es mucho mayor”.
Recordó que la relación sexual de un adulto con una menor de edad es un delito que se llama estupro. “Nos enfrentamos a este hostigamiento sexual tan normalizado, por eso están protestando las alumnas, colgando tendederos con denuncias, porque no hay una ruta estratégica al interior de las instituciones. Es imprescindible que haya un protocolo, elaborado a partir de diagnóstico que recabe toda la información de cómo se gestiona la violencia en las instituciones”.
Lamentó que a la fecha la medida para sancionar a un profesor señalado de hostigamiento o abuso, es cambiarlo de adscripción.
Cuestionó, “¿donde están los derechos de las mujeres, si el mismo rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, dice que separaron a un maestro de la preparatoria de Taxco del servicio mientras se le investiga, después de la tercera denuncia en su su contra?”.
Aclaró que mientras las autoridades sostengan a un agresor sexual en las aulas, las estudiantes corren peligro, “es importante que a los agresores les retiren su cédula y nunca más estén frente a grupo”.
Destacó que en una semana, estudiantes de tres preparatorias de la universidad decidieron denunciar a su agresor, resultado de la resiliencia de las mujeres para decir “no voy a permitir más violencias en ambientes escolares”.
Consideró que son las mismas estudiantes que hartas, se armaron de valor en esta obra del movimiento feminista del 8 y 9 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y el paro nacional de mujeres.
Opinó que las adolescentes que se sienten respaldadas por la movilización de 230 mil mujeres en la Ciudad de México, 10 mil mujeres en Guanajuato, otro tanto en Veracruz. En Guerrero, indicó que el año pasado la marcha del 8 de mazo reunión en 24 horas a alrededor de 300 feministas, y este año fueron más.
Sobre las denuncias en el Club de Matemáticas, consideró que siendo una empresa privada, donde los agresores están organizados en grupo, el Sistema Estatal para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres, que preside la Secretaría General del gobierno del estado, debe tomar cartas en el asunto.
Además, del Sistema Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que involucre a organizaciones de la sociedad para la transversalidad de género, debe exigir los protocolos al interior de estas instituciones privadas.
Estimó que la Secretaría de Educación Guerrero como la de Educación Pública, deberían tener información de lo que ocurre en las escuelas de educación básica públicas y privadas. La ampliación de protocolos de violencia de género no pueden esperar más.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo El Sur
