Texto y foto: Xinhua
Ciudad de México, 5 de mayo de 2018. Hace una semana que Salvador Díaz no duerme por las noches.
Las dudas sobre lo incierto de su futuro le espantan el sueño: ¿Cómo conseguirá trabajo en la Ciudad de México? ¿En dónde vivirá? ¿Qué tan complicado será que pueda ir de un lado a otro solo en su silla de ruedas?
Díaz es un mexicano que llevaba 48 años viviendo en Los Ángeles, y que desde hace tres décadas obtuvo el estatus de residencia permanente en Estados Unidos; sin embargo, las autoridades migratorias de ese país lo detuvieron y deportaron a México por una pelea doméstica con su pareja.
Ahora, a sus 52 años, encara la situación de comenzar una vida en el país que lo vio nacer, pero que no conoce, y donde no cuenta con parientes, porque su familia está en la ciudad de California, en la que tenía empleo, casa propia y automóvil.
Por eso, desde que aterrizó el 26 de abril en la capital mexicana, a bordo del vuelo semanal que trae de vuelta a mexicanos expulsados, Díaz no ha podido conciliar el sueño, preocupado por lo que vendrá.
“Es algo inhumano que están haciendo, pero no ‘nomás’ por mi. Por varias familias que están destruyendo, personas que nunca han cometido ningún error”, dice el hombre a Xinhua.
Salvador platica su historia afuera de una casona que el colectivo Deportados Unidos en la Lucha (DUL) usa como oficina y taller para imprimir las camisetas que vende para subsistir, en el tradicional y céntrico barrio Santa María la Ribera de la capital.
La vieja casona de dos niveles es por ahora su refugio, ya que la agrupación, creada en 2016 por mexicanos repatriados, lo acogió tras ser contactada por activistas estadounidenses ante su inminente deportación.
“Si no fuera por el colectivo no sé dónde anduviera ahorita. En la calle, tal vez”, apuntó.
Salvador Díaz cuenta que se asumía como “mexicoamericano” porque su familia migró del estado de Jalisco, en el oeste de México, a Los Angeles, California, a finales de la década de los 60 del siglo pasado, cuando él sólo tenía tres años y la frontera común no lucía las vallas de la actualidad para frenar la migración.
Creció en el céntrico barrio de Echo Park, cercano al estadio de béisbol de los Dodgers, y estudió la carrera de Administración en la Universidad Estatal de California, mientras su padre laboraba en un restaurante y su madre se dedicaba al hogar.
Desde los 19 años trabajó y contribuyó con sus impuestos a la economía, primero como un administrativo de una cadena de tiendas y desde 1994 como empleado del Departamento de Recreación y Parques de la ciudad de Los Angeles.
Padre de dos hijos de 24 y 36 años, el hombre dice que hacía su vida sin temor a los efectos del discurso antimigrante, sello del presidente estadounidense, Donald Trump, desde su campaña electoral.
Explica que se sentía tranquilo porque desde 1986 obtuvo la residencia permanente para vivir y trabajar en Estados Unidos; por su mente no pasaba ser uno de los casos de deportación que miraba en las noticias de la televisión.
“Nunca me había metido en un problema. No tenía por qué pensar en eso”, responde.
El 14 de diciembre pasado, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) lo detuvieron cuando manejaba su auto por el centro de Los Angeles, la urbe con más mexicanos en el mundo después de la Ciudad de México.
Le informaron que estaba implicado en un caso de violencia doméstica y lo llevaron a un centro de detención migratoria en Tacoma, Washington, donde se le inició un juicio que duró cuatro meses, relató el hombre.
Salvador Díaz se defendió al alegar que vivió 48 años en Estados Unidos y que desde 2006 estaba en silla de ruedas porque perdió la movilidad de las piernas tras contagiarse en Fresno, California, de un hongo que le “comió” la columna.
“Yo no estaba así, quedé en silla de ruedas por una enfermedad que agarré allá”, subrayó.
La Corte migratoria desestimó sus argumentos, se le revocó la residencia permanente por la pelea doméstica que tuvo con su pareja de tres décadas y fue subido a un avión rumbo a la capital mexicana.
Molly Goss, asesora de casos de familias transnacionales, dijo a Xinhua que en sus más de 10 años de trabajo es la primera vez que escucha sobre alguien a quien Estados Unidos expulsa tras cinco décadas.
“Es increíble que haya sido deportado después de tantos años en Estados Unidos (…) No sé los detalles del caso, pero sí es algo que no ves todos los días”, comentó.
La violencia doméstica forma parte de una lista de delitos que la ley migratoria estadounidense cataloga como una felonía grave, por la cual el responsable puede ser expulsado, entre los que también figuran terrorismo, contrabando o ilícitos relacionados con drogas.
Goss recuerda que Trump firmó una orden ejecutiva en su primer año como presidente para reforzar la aplicación de la ley migratoria, de cara a reinstalar una política para que las policías locales trabajen con ICE con la finalidad de ubicar a migrantes.
A esa orden se suma la insistencia del republicano de construir un muro en la frontera con México para frenar el cruce de migrantes sin papeles, un proyecto que no prospera porque el Congreso no ha autorizado los fondos por 18 mil millones de dólares para concretarlo.
“Con este ambiente que se está viviendo y con estas órdenes ejecutivas que está sacando la administración de Trump, con el ambiente general, no me sorprendería que estuvieran procediendo en contra de personas tanto indocumentadas como personas con residencia”, abundó Goss.
La fundadora de DUL, Ana Laura López, aseguró que Díaz no es el único caso de gente con residencia o permiso de trabajo que ha sido deportada en el último año de Estados Unidos, donde viven 11.7 millones de mexicanos con y sin papeles.
“A raíz de esta administración es más insensible y más inhumano el sistema de inmigración en Estados Unidos, como el caso de Salvador”, señaló a Xinhua.
Díaz tuvo que dejar atrás a su familia, su madre de 92 años que vive en un asilo, su empleo con sueldo de 5 mil dólares mensuales como administrador del centro recreativo de “Highland”, en el este de Los Ángeles, y la casa que pagaba en el vecino condado de San Bernardino.
Cuando se despidió de sus parientes les dijo que no se preocuparan, que vería cómo salir adelante en su nueva ciudad, porque no piensa regresar a Estados Unidos.
“No quiero pasar por lo mismo otra vez”, explicó el hombre, quien ahora se asume nada más como mexicano.
Por lo pronto, debe inscribirse en el servicio médico para seguir con su tratamiento permanente y descifrar cómo moverse en el caótico transporte público y las deterioradas banquetas de la ciudad, algo que en Los Ángeles no le preocupaba porque tenía auto y los autobuses están acondicionados.
El colectivo abrió una cuenta en la plataforma de internet “Fundly”, destinada a recaudar donaciones para Díaz, quien volvió al país sólo con una muda de ropa y que busca responder las preguntas que le quitan el sueño.
“No sé cómo contestarte eso. No sé qué voy a hacer, estoy tratando de ajustarme a vivir aquí y es más difícil, no porque quiero que la gente diga ‘pobrecito’, pero es más difícil para alguien en silla de ruedas aquí”, agregó.
