Uno de los incitadores al paro y los bloqueos de la Policía Federal es identificado como un ex agente preso por secuestro y corrupción, informa el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Denuncia activismo de Felipe Calderón. Conferencia íntegra de Alfonso Durazo.
Ciudad de México, 4 de julio de 2019. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer la mañana de este jueves que las protestas de los policías Federales no tienen razón de ser e identificó entre los agitadores a Ignacio Benavente Torres, un ex agente preso por secuestro y corrupción.
En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana aseguró que el movimiento de policías federales ha sido aprovechado por críticos del sistema y grupos de interés ligados a la corrupción en la corporación.
“No es casual que uno de los propios representantes solicitara que Felipe Calderón Hinojosa fuera su representante sindical”, dijo.
En ese sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana denunció que ha habido activismo de parte del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en la rebelión de los agentes de la Policía Federal.
La prueba del presunto activismo del ex Mandatario, indicó, es que uno de los policías inconformes propuso que el ex panista fuera su representante sindical.
“Dicho escenario (de inconformidad) ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la Policía Federal”, señaló.
“No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical”.
Durazo dijo que detrás del movimiento también hay otros ex funcionarios que han manifestado su apoyo a los agentes federales en entrevistas con medios de comunicación y en redes sociales.
Sin embargo, se negó a nombrar directamente a estos ex servidores públicos y sólo dio a conocer el nombre de una persona identificada como Ignacio Benavente Torres.
“Es evidente el activismo de algunos políticos pretendiendo sacar raja de este tránsito de la Policía Federal a la Guardia”.
En conferencia de prensa, señaló que uno de los líderes de los inconformes estuvo preso por secuestro.
Se trata, dijo, de Ignacio Benavente Torres, quien se asume como presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América AC, organización de Tijuana.
También, el secretario de seguridad hizo un llamado a los Federales que abandonaron sus puestos de trabajo a que regresen las armas y vehículos que se llevaron.
Recordó que, de acuerdo con la Ley de la Guardia, la PF transferirá sus recursos humanos y materiales a ese nuevo cuerpo en un plazo de 18 meses.
Explicó que se prevé la creación de la Unidad de Transición, que contará con representantes en todos los centros laborales de la PF para despejar dudas.
Podrán realizar su adscripción a otras dependencias como: la Comisión Nacional Antisecuestros, Dirección General de Seguridad Privada, al Servicio de Protección Federal, a la Unidad de Medidas Cautelares, al Sistema Penitenciario, así como a Protección Civil, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados o a la Administración General de Aduanas, o cualquier otra dependencia de la Policía Federal, indica
“Las opciones para readscripción de los elementos que no cubran requisitos o que no tengan interés en prestar sus servicios, tendrán amplia gama de posibilidades de adscripción”.
Alistan denuncias por sistema de inteligencia
El funcionario informó que realizan una auditoría y preparan denuncias por la adquisición de un sistema de inteligencia, sumamente potente y conocido como “Rafael”, que se contrató en diciembre de 2015 a un sobreprecio.
“Se adquirió por 2 mil 458 millones de pesos. Un solo producto de inteligencia, a través de la partida 33701 de gasto de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones del Estado, violando procedimientos establecidos de la norma”, explicó.
Informó que aún hay adeudo por mil 300 millones de pesos aproximadamente.
Detalló que el 7 de febrero se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por supuestas irregularidades en la contratación y adquisición.
“Queremos informar que además de las denuncias en la Función Pública, se presentarán denuncia penal por estos hechos contra quien resulte responsable”, dijo.
“Estimaciones diversas hablan de un sobreprecio o que dividiría entre cuatro el valor real de este producto en el mercado”.
Texto: Redacción / Agencia Reforma / Foto: Especial
