Texto: Apro / Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Ciudad de México, 22 de julio de 2018. En el final de su sexenio, Enrique Peña Nieto concentra las dos grandes tendencias que diversos expertos consideran los ejes de las relaciones entre medios de comunicación y poder político. Ello es así desde junio de 1936, cuando el general Lázaro Cárdenas creó la primera Dirección de Publicidad y Propaganda: una relación de control político e informativo que en los últimos años se transformó en dispendio en propaganda e imagen gubernamentales canalizado a los medios que formaran parte del “consenso presidencial”.
La ambiciosa reforma jurídica que emprendió José López Portillo durante su gestión (1976-1982) para “formular, regular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos” murió el mismo día que él –el presidente de la “abundancia petrolera”– lanzó su invectiva contra Proceso: “No te pago para que me pegues”, para justificar un boicot publicitario.
Con Miguel de la Madrid, y especialmente con Carlos Salinas de Gortari, se institucionalizaron las relaciones de control a través de la Coordinación General de Comunicación Social, que comenzó a depender directamente de la Presidencia de la República, y mientras se “privatizaban” medios públicos (Imevisión) o se vendía la Productora e Importadora de Papel (PIPSA), creada en 1935, esquema mediante el cual se reforzó la subordinación de los medios a la figura presidencial.
En su libro Prensa vendida –publicado en pleno sexenio salinista–, Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso, estableció una ecuación que no se modificó con los gobiernos de la alternancia panista: “De sexenio a sexenio, de presidente a presidente, la situación prevalece: un gobierno que ejerce el autoritarismo prácticamente sin limitaciones; una prensa en su mayoría domesticada, y un público que desconfía por igual de la prensa y el gobierno”.
Derroches sexenales
La alternancia panista en la Presidencia de la República no modificó la tendencia al control. Primero a través de Marta Sahagún y luego con sus sucesores Rodolfo Elizondo, Alfonso Durazo y, finalmente, Rubén Aguilar, el entonces presidente Vicente Fox acordó una relación privilegiada con las grandes televisoras a través del “decretazo” de octubre de 2002, y comenzó una política de dispendio en publicidad oficial para convencer al “círculo verde”, distinto al “círculo rojo”.
Esta tendencia al despilfarro se duplicó con el gobierno de Felipe Calderón y se reprodujo en decenas de gobiernos estatales que transformaron los gastos en el rubro de comunicación social no sólo en un mecanismo de control, sino también de triangulación de los fondos públicos para cometer grandes fraudes. Ejemplo de ello son las administraciones de Javier Duarte, en Veracruz, César Duarte, en Chihuahua, y Guillermo Padrés, en Sonora, por mencionar sólo algunos.
De 2000 a la fecha se han destinado más de 110 mil millones de pesos a gastos de comunicación social del gobierno federal, un presupuesto 10 veces mayor que todo lo que se gastó en un año para becas y apoyos al Conacyt, según los comparativos de Fundar.
Peor aún, el sexenio de Peña Nieto se caracterizó por un sobreejercicio escandaloso en este rubro: tan sólo entre 2013 y 2016 el mandatario destinó 72% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados para este rubro, mientras se recortaba el presupuesto en salud, desarrollo social, medio ambiente, ciencia y tecnología.
Durante su gobierno, Fox erogó 16 mil 236 millones de pesos; su sucesor Felipe Calderón lo superó en más de 2.5 veces, con 42 mil 243 millones, y Peña Nieto rebasará los 50 mil millones de pesos, según los datos oficiales y el estudio realizado por Fundar, con resultados desastrosos en términos de percepción pública: el peñanietismo terminará con menos de 20% de aprobación social.
Al despilfarro se suma la alta concentración de esos recursos públicos entre 11 corporativos mediáticos, enriquecidos sin que ello se haya traducido en salarios y condiciones laborales justos para sus propios reporteros, los cuales, por lo contrario, han empeorado.
El periodista Roberto Fuentes Vivar publicó el estudio “Con AMLO, ¿cambiará el periodismo?”, en el cual revela que en los últimos 10 años los ingresos de los medios aumentaron 640%, en tanto que las remuneraciones salariales de los colegas se redujeron en 75%.
“Es decir, si hace 10 años un periodista ganaba 100 pesos, ahora percibe 24 pesos con 10 centavos”, sostiene.
El periodo de mayor gasto destinado a los medios de comunicación masiva coincidió con una baja abrupta de las audiencias en televisión abierta. Entre 2013 y 2017 se registró una disminución del 15% del rating del duopolio Televisa-TV Azteca, indican los estudios de consumo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En contraste, se incrementó en 32% la población que navega en internet al tiempo que observa la pantalla televisiva, según la consultoría IAB México.
Sí a la austeridad, no al control
Frente a este escenario, el equipo de Andrés Manuel López Obrador propuso públicamente reducir 50% del gasto en comunicación social, de acuerdo con el punto 29 del Plan de Austeridad y Combate a la Corrupción, así como centralizar el gasto en una sola dirección de área. No se sabe aún si ello dependerá del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Gobernación o de un ente autónomo.
Hasta el momento López Obrador no ha designado formalmente a un vocero o director de comunicación social, pero su equipo de transición ha mostrado disposición para revisar, junto con los colectivos de la sociedad civil reunidos en #MediosLibres, la posibilidad de abrogar la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como Ley Chayote, aprobada este 2018 por el Congreso y que resultó impugnada por las propias organizaciones civiles, que promovieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia en esta materia.
“Nos parece muy bien el anuncio de austeridad. Es un despilfarro que no sirve y sólo ha generado una distorsión del debate público, pero no se resuelven los problemas de fondo, que son la relación perversa entre los medios y el gobierno”, afirma Justine Dupuy, coordinadora de Fundar e impulsora, junto con Artículo 19 y otras organizaciones, de la plataforma #MediosLibres.
Entrevistada por Proceso, advierte: “Si sólo se limita el gasto y se concentra es arriesgado. Si sólo se concentra sin despolitizar la relación entre gobierno y medios, y sin reglas claras que eliminen la discrecionalidad en la distribución de los fondos públicos, vamos a una relación de control”.
