La agresiva erradicación de cultivos ilícitos es la única política que tiene el gobierno para los pueblos más pobres de Guerrero, señala Abel Barrera.
Chilpancingo, Guerrero, 27 de febrero de 2019. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández consideró como una política agresiva el número de plantíos de amapola destruidos en la Montaña, que deja sin comer a las familias, las que empobrece más y demuestra también la falta de una política pública para las comunidades indígenas.
En estás paginas ayer se dio a conocer que del total de plantíos de amapola localizados y destruidos en 2018 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 79 por ciento fueron ubicados en Guerrero. Donde Zapotitlán Tablas encabeza la lista con mil 393 en una superficie total de 546 hectáreas destruidas, Atixtac con 9 mil 64 cultivos destruidos en 337.4 hectáreas, Alcozauca con 4 mil 435 plantíos en 142.5 hectáreas, en Metlatónoc 4 mil 434 plantíos en 345 hectáreas, Tlapa con 3 mil 944 plantíos en 827.5 hectáreas, Tlacoapa con 2 mil 870 cultivos en 202 hectáreas y Copanatoyac mil 346 cultivos destruidos en 47.37 hectáreas. Consultado por teléfono Barrera Hernández expresó que los números muestran cómo la erradicación de cultivo, es la única política que se está implementado de manera agresiva contra los pueblos más pobres de Guerrero, sin que exista una estrategia más integral de lo que representa un problema estructural de pobreza extrema.
“Decir que este es un gran logro en términos militares, sin que se haya apostado a una inversión más estratégica sobre la rehabilitación de las parcelas para la siembra del maíz, incentivar a los productores de café. Entonces Estamos ante un escenario atroz de una mayor miseria de los pueblos es una devastación en términos ambientales”.
El defensor de los derechos humanos consideró importante cruzar información de cómo se destruye el cultivo y la inversión para el campos en las comunidades donde se destruyen los cultivos “es nula, por eso vemos que es una acción muy agresiva contra los más pobres que no tienen otra alternativa que arriesgarse a la siembra de enervantes”.
Abundó que esta política “es escenario de un fracaso de los gobiernos ante la política social, al abandono a la política del campo, donde las familias no tienen otra opción que incursionar ante estos terrenos peligroso de enervantes, que al final existe una institución castrense que con todo su armamento y su tecnología va a avasallar contra los campesinos y sus hectáreas de amapola”. Barrera Hernández lamentó que el gobierno no ve desde otra perspectiva la erradicación, como dejar a cientos de niños y niñas sin una buena alimentación porque a partir del ingreso que sus padres obtenían por la venta de este enervante, comían.
Además, cuando el Ejército fumiga con las avionetas o los helicópteros arrasa con cultivos de maíz, arroz, aguacate, café. “Entonces más que ahora con esa información que se tiene quiere decir que devastaron la Montaña” y colocan a la montaña en el “extremo de la supervivencia”. “Para Tlachinollan es el indicador más funesto de lo que ha dejado de hacer el gobierno en términos de que sus acciones lícitas y de su responsabilidad pública de garantizar derechos económico, no lo está haciendo y está dejando que las personas incursiones en estos campos, pero al tiempo implementa una política de destrucción y los arrinconan a la pobreza extrema, esto al no haber una política del campo y de incentivos” y llamó a la gobierno federal y del estado a revertir estas políticas criminalizadoras en un contexto de extrema pobreza en esa zona de Guerrero.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: El Sur
