El sexenio, y en especial el último año de Enrique Peña Nieto, se selló con opacidad en contratos, proveedores y comprobaciones.
Ciudad de México, 22 de febrero de 2020. Los gastos de las fuerzas armadas en el último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto presentan irregularidades, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De los 93 contratos formalizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2018, en 88 de ellos -por un monto de 603 millones de pesos-, la institución no contó con la documentación que comprobara de forma fehaciente la recepción de los bienes y servicios contratados en los plazos y fechas de entrega requeridos.
Incluso, de acuerdo con la ASF, la Sedena utilizó dos empresas fantasma en Oaxaca.
“En dos contratos por 150,505.2 miles de pesos correspondientes a dos proveedores del Estado de Oaxaca, los proveedores no se localizaron en los domicilios señalados por el SAT y la Sedena, y en ambas empresas comparten un mismo socio”, refiere la tercera entrega del informe de la Cuenta Pública 2018 de la ASF.
“De los 91 contratos adjudicados al Amparo de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por 480,461, 4 miles de pesos, se observó que 51 contratos, por 260.2 millones de pesos, es decir, el 54% no se formalizaron como obra pública”, observó.
También detectó anomalías en el Colegio Militar, luego de que en cinco contratos, por 27.7 millones de pesos, el pago se efectuó antes de la recepción de los bienes.
Además, los recursos autorizados para la reconstrucción de diversas instalaciones básicamente se ejercieron para la remodelación de 179 áreas de baño, sin que la Sedena justificara el cambio del destino de los recursos, informó la ASF, que en total auditó 630.9 millones de pesos.
En el caso de la Secretaría de Marina se determinaron deficiencias en los procedimientos de adjudicación y en la ejecución de los trabajos de obra de los seis contratos seleccionados para su revisión, por un monto total de 309 millones de pesos.
Detecta ASF irregularidades en Bansefi
El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), hoy llamado Banco del Bienestar, presentó irregularidades el sexenio pasado en las contrataciones de empleados, recuperación de cartera vencida y de dinero perdido por asaltos en sucursales, determinó la Auditoría Superior de le Federación (ASF).
En la tercera entrega del Informe del Resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública del 2018, la ASF comentó que la cartera vencida de ese año, de préstamos a ex empleados de Bansefi, hay nueve expedientes por 1.2 millones de pesos, de los cuales se verificó que no cuentan con la documentación requerida para efectuar la reestructuraciones, lo que ha impedido las gestiones de recuperación administrativa y judicial.
A su vez, la ASF detectó que en un contrato suscrito entre Bansefi y las empresas Consorcio Empresarial Adper, de Global Intermex, Intermex Comercializadora Internacional e Impulsora Quebec, Bansefi pagó 118 facturas por 591.8 millones de pesos, de los cuales 299 millones de pesos se destinaron al pago de 647 personas contratadas por outsourcing, de las que no se justificó su contratación, ya que incluyeron actividades iguales o similares a las que realiza el personal de estructura del banco.
“Además, no se presentó evidencia documental de las actividades realizadas por el personal contratado, por lo que no se acreditó su prestación o ejecución.
“Bansefi no justificó que las actividades realizadas en 2018 por el personal contratado por outsourcing en el corporativo fueron encaminadas para atender los programas de distribución de apoyos del Gobierno de Prospera, Adultos Mayores 70 y más entre otros”, mencionó la ASF.
Encabeza Edomex opacidad en gasto
Dependencias y Poderes del Estado de México encabezan las anomalías en el gasto federalizado ejercido en 2018.
La Auditoría Superior de la Federación reportó que en ese año se identificaron 142 mil millones de pesos del gasto federalizado sin aclarar, de los cuales los 22 mil millones corresponden a la Administración mexiquense.
De ese dinero, 18 mil 767 millones de pesos corresponden a Participaciones Federales y 3 mil 640 millones al Gasto Programable.
La ASF señala que en el ejercicio de las Participaciones Federales, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y el Reglamento del Libro Décimo segundo del Código Administrativo del Estado de México.
Pendientes
Recursos federales que el Edomex dejó sin aclarar:
13,114
Observaciones por falta de documentación justificativa
7,387
Remuneraciones indebidas
1,132
Recursos no ejercidos y no reintegrados
De acuerdo a los resultados de auditoría a la Cuenta Pública del 2018, esto generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 14 mil 917.8 millones de pesos, que representa el 19.4 por ciento de la muestra auditada.
Las observaciones determinadas por la Auditoría derivaron en la promoción de las acciones de sanción a servidores públicos.
“La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
“El Gobierno del Estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas, en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, concluye la ASF.
En una tarjeta informativa, el Gobierno del Edomex señaló que el dinero que debe aclarar no corresponde sólo a la Administración estatal, sino que hay otros entes de gasto que están señalados por la ASF.
Precisó que del monto por aclarar del Edomex –14 mil 917.8 millones de pesos–, 7 mil 356.9 millones correspondió a Pliegos de Observación, de los cuales solo 25.4 millones corresponden al Gobierno local y 7 mil 331 millones a otros Poderes y órganos autónomos.
“El 99.7 por ciento del monto pendiente de aclarar, 7 mil 356.9 millones, por Pliegos de Observación se vincula a otros órdenes de gobierno, distintos del ejecutivo, así como a Universidades, Organismos Autónomos y Municipios, entre otros”, señaló.
En cuanto a las Solicitudes de Aclaración, mil 783.8 millones de pesos corresponden al Ejecutivo Estatal y 5 mil 777 millones a otros poderes y órganos autónomos, según las cifras de la ASF.
“En el caso de Solicitudes de Aclaración, el 76.4 por ciento el monto de esta acción también se asoció a ejecutores diferentes del poder ejecutivo”, informó el Gobierno estatal.
Texto: Benito Jiménez / Jessika Becerra / Claudia Salazar
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