Tras conocer la situación organizaciones sociales bloquearon el bulevar de Las Naciones. Era la audiencia con la que iban a salir libres los compañeros, por eso la protesta, señala la integrante del MOLPEG, Kenia Inés Hernández Montalván, y exige que no se vuelva a cambiar la fecha.
Acapulco, Guerrero, 23 de mayo de 2019. El juicio oral de los 16 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec presos en el penal de Las Cruces, se difirió para el próximo 3 de junio por “imposibilidad” de testigos, y debido a eso organizaciones sociales, encabezadas por el Movimiento por la Libertad de Presos Políticos (MOLPEG), bloqueó por dos horas el bulevar de Las Naciones, frente al Viaducto Diamante.
La audiencia se citó al mediodía de ayer en el Centro Integral de Justicia de Acapulco, en la zona Diamante, frente al poblado de La Poza, y fue privada. Los presos llegaron a bordo de un autobús de pasajeros que fue vigilado por tres patrullas de la Policía del Estado, y cuando se bajaron se observó que iban esposados de pies y manos.
El juicio oral es la etapa final del proceso que inició el pasado 7 de enero de 2018 luego de los hechos ocurridos en la comunidad de La Concepción, y se inculpó a los detenidos por el delito de homicidio calificado.
Los abogados de los presos dijeron que en la audiencia se desahogarían 100 pruebas, de las cuales 30 son de la Fiscalía General.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, declaró luego que se pospuso la audiencia, “aunque comparecieron testigos por parte de la defensa hay dos órganos de prueba del Ministerio Público que manifestaron su imposibilidad material para presentarse a la audiencia, una perito en criminalística de campo y una testigo presencial de los hechos que es menor de edad”.
Agregó que la menor de edad justificó “no poder presentarse, que requiere condiciones especiales para ello (seguridad) y la perito tiene un embarazo de alto riesgo, esas fueron las razones por las cuales se difirió” para el próximo 3 de junio.
El abogado sostuvo que por parte de la defensa de los presos tuvieron “complicaciones para presentar dos testigos: una perito en materia de química forense que viene de Bogotá, Colombia, y un perito en balística que viene de México y hubo complicaciones para su presentación”.
Dijo que si una de las partes manifiesta su imposibilidad para presentar sus testigos y pide al Tribunal que los presente o brinde las condiciones para presentar a ese testigo entonces se debe tomar las previsiones para ello, y dijo que en ese caso el MP pidió no desahogar la audiencia sin la presencia de la perito y la menor.
Explicó que en caso que no se presenten será responsabilidad de quien entregue esa prueba: “si no se presenta se tendrá por desistida… en el caso de nosotros como defensa estamos corriendo el riesgo, hemos dicho al Tribunal que nos haremos cargo de la presentación de los testigos, de nuestros peritos y si no se presentan correría bajo nuestra responsabilidad, no así el MP que está pidiendo el auxilio para que venga la testigo”.
Rosales Sierra detalló que el Ministerio Público justificó que la “menor tiene temor, y se pide que le brinden condiciones para asistir a la audiencia, eso refieren ellos”, y precisó que la decisión de diferir el día de la audiencia fue del Tribunal, al considerar que no están dadas las condiciones para llevar a cabo el desahogo de pruebas por faltar testigos de ambas partes.
“Nosotros no tenemos mucho inconveniente del aplazamiento porque nos faltan algunos órganos de prueba, pero vamos a aprovechar ese lapso para tomar las medidas necesarias a efecto de presentarlas”, puntualizó el abogado.
Hay urgencia de que se lleve el juicio
Rosales Sierra afirmó que los familiares y los detenidos no están de acuerdo con que se aplace el juicio porque “hay la urgencia de los compañeros de que esto pueda llevarse a cabo, pero se dan estas cuestiones procesales, estas incidencias que hay que sortear con ellos”.
Dijo que las condiciones en las que se encuentran los 16 presos son “difíciles”, y citó que el vocero de Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, presenta varias complicaciones de salud y enfermedades, “hay varios detenidos que están en las mismas condiciones, sobre todo tenemos el caso de ocho personas que fueron torturadas”.
Explicó que a varios de los detenidos no se les aplicaron exámenes internos o Rayos X, “las consecuencias ahí están, hay compañeros que tienen problemas internos que están surgiendo el día de hoy y complicaciones de su salud, que estando ahí (en el penal) no tienen una atención adecuada y hay la urgencia en resolver”.
De las pruebas que presentará a favor de los presos, subrayó que está la perito de Colombia, una prueba de balística de un perito de la Ciudad de México, “un dictamen de tortura por lo que hace a dos procesados y un perito del equipo argentino de Antropología Forense en cartografía, que hará una serie de ubicaciones de dónde están la cancha, la comisaría, para decir cómo se dieron los hechos”.
Agregó que por parte de la Fiscalía las pruebas son “pruebas testimoniales de familiares que estuvieron allá y que están haciendo un señalamiento, fuera de ahí la Fiscalía no tiene más pruebas que apunten a la responsabilidad, no las hay, hay pruebas circunstanciales como dictámenes médicos, de necropsia, de criminalística de campo, un policía que va a fijar la escena del crimen y de ahí no tiene más”.
El abogado afirmó que la prueba fuerte científica que tenía la Fiscalía era la de rodisonato de sodio, en la que la mayoría de los detenidos dieron positivo “y con eso probaban que dispararon un arma, pero esa prueba fue excluida en la audiencia intermedia y no forma parte de las que deban debatirse en este juicio”.
A las instalaciones del Centro Integral de Justicia llegaron familiares y amigos de los 16 presos, y también estuvieron presentes organizaciones sociales como el Comité de Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y el dirigente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz Taboada.
Los manifestantes colocaron mantas en las que se leía: “Libertad de los presos políticos”, además de fotos de los normalistas desaparecidos.
En declaraciones previo a conocer que se pospuso la audiencia, Rogelio Téliz declaró que confiaba que el Tribunal emita una sentencia conforme a derecho, porque “para nosotros los compañeros no son responsables del delito de homicidio”.
Recordó que “más de la mitad (de los detenidos) estuvieron en lugares distintos a la acusación que hace la Fiscalía”, y es que precisó que como defensa son 70 pruebas que va a desahogar y la Fiscalía 30 y “estamos hablando de 100 medios de prueba que se van a desahogar y no será tiempo suficiente para ello”.
La movilización
A las 2 de la tarde, 80 integrantes del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en el Estado de Guerrero (MOLPEG) bloquearon el bulevar de Las Naciones, frente al Viaducto Diamante, donde colocaron cuatro autobuses de pasajeros, lonas y unas vallas de plástico naranjas al conocer que se pospuso la audiencia.
La circulación en el bulevar de Las Naciones se vio afectada por dos horas, y vehículos que se encontraban en dicho lugar fueron desviados al bulevar Las Palmas, mientras en el Viaducto Diamantes los automovilistas quedaron varados en espera de que se liberara la vía.
Del bloqueo, Kenia Inés Hernández Montalván, integrante del MOLPEG, afirmó que “la movilización fue necesaria hacerla porque precisamente hoy se iba a desarrollar la audiencia donde iban a salir libres los compañeros que siguen presos”, y exigió que la próxima fecha se lleve a cabo y que no se vuelva a diferir.
Recordó que la audiencia intermedia se difirió en cuatro ocasiones y hay “temor que en esta ocasión vuelvan a hacer lo mismo y no vamos a permitirlo. Vamos a esperar a que nuestros compañeros salgan libres, vamos a movilizarnos”.
Por su parte, el representante del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Zerón, pidió al gobierno que atienda ese caso, y dijo a los del Cecop y a los policías comunitarios que “no están solos, aquí estamos nosotros para exigir su libertad. Es cierto que hubo un repliegue porque fue un compromiso con el gobernador porque dijo que daría agilidad al proceso”.
La esposa de Marco Antonio Suástegui, Marichuy, en su intervención indicó que a cuatro meses “es injusto que estén nuestros familiares presos, privados de su libertad por actos que no cometieron y nada más lo único que hacen es defender el río, las tierras, es injusto que estén criminalizándolos”.
En su oportunidad, Valentín Hernández, representante de la policía de San Luis Acatlán, señaló que “sabemos que son disposiciones políticas los que lo mantienen presos, los compañeros de Tlachinollan atienden la vía jurídica pero definitivamente son decisiones políticas las que los han mantenido presos, la lucha que dieron y que motivó su detención ha sido por la defensa del territorio y de seguridad”.
A las 4 de la tarde las organizaciones sociales decidieron retirar el bloqueo no sin antes exigir al gobierno libertad de los presos políticos y la cancelación definitiva del proyecto La Parota. Una vez que quitaron los autobuses la circulación se normalizó.
Texto: Aurora Harrison / Foto: Carlos Alberto Carbajal
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