Viridiana Gutiérrez Sotelo
“A mí me llamó un día y me dijo: señora voy a matar a Mariana”, asegura Irinea Buendía, quien el 28 de junio de 2010 recibió el aviso definitivo: Mariana había muerto –se colgó– le dijo Hernández Ballinas por teléfono cerca de las 7 de la mañana. (Fragmento de la entrevista realizada a Irinea Buendía por Animal Politico).
Mariana fue asesinada por Julio César Hernández Ballinas, su esposo que también era policía del Estado de México. Por este caso, Mariana Lima Buendía, es el nombre de la sentencia que lleva el mayor precedente histórico en nuestro país, porque obliga al Poder Judicial a indagar con perspectiva de género todos los homicidios cometidos contra mujeres. La sentencia se emitió en 2015 e incluye dos puntos más: sancionar a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades, obstruyeron el acceso a la justicia: y “reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural, a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia”.
El caso de Mariana fue el primer feminicidio en el país que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El amparo 554/2013 derivó en la resolución del 2015 en el cual la Primera Sala del máximo tribunal resolvió “que, de manera inmediata, se realicen todas las diligencias necesarias para investigar, con perspectiva de género, la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, cumpliendo con el marco constitucional y legal, y los lineamientos destacados en el presente fallo”.
Además el 6 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública con la Procuraduría General de la República (PGR) y las Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades del país, para iniciar la investigación de “toda muerte violenta de carácter doloso de mujeres bajo protocolos de feminicidio”.
Por ello, incluso los supuestos suicidios deben investigarse como probables feminicidios, pues es ésta la manera en que los feminicidas han tratado de evadir la justicia, montando escenografías donde todo parezca que la mujer tomó la decisión de quitarse la vida, tal como sucedió con Mariana Lima.
Bajo estos argumentos, en Guerrero, la Fiscalía General del Estado debería estar iniciando todas las carpetas de investigación sobre asesinatos de mujeres como probables feminicidios. A julio de este año han sucedido 174 feminicidios (según conteo de este observatorio ciudadano de violencias contra las mujeres), siendo Acapulco el municipio con la más alta incidencia, donde en fechas recientes dos mujeres han sido lapidadas, una mujer policía fue desaparecida y luego encontrada asesinada y con huellas de tortura, y el más reciente caso de una mujer transexual encontrada en la puerta de un hospital del puerto. Y no existe ninguna investigación terminada que descarte que esas muertes no sean feminicidios.
Recientemente el gobierno del estado declaró que los feminicidios van a la baja, y retoma las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero recordemos que la información se refiere a los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, y que son reportados por las procuradurías o fiscalías generales de las entidades federativas, en el caso de los delitos del fuero común, y por la Fiscalía General de la República, en el caso de los delitos del fuero federal. Dichas instancias son las responsables de la veracidad y actualización de la información. Entonces si no están investigando todos los homicidios como probables feminicidios, las cifras son bajas, pero si aplicaran el protocolo y los más altos estándares, encontrarían el horror que las mujeres sentimos al transitar las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos con sus colonias y comunidades.
La nota del gobierno del estado también refiere que, la relación entre los feminicidios cometidos en 2018 y 2019 muestran una baja importante debido a la aplicación de las acciones del Dictamen de Alerta por Violencia Feminicida decretada en junio 2017. Sin embargo, si ese es el parámetro de medición que utilizan, esto tampoco está bien sustentado, debido a que este observatorio y otras organizaciones que damos seguimiento a las medidas inscritas en la declaratoria, hemos registrado avances nulos en el cumplimiento a las medidas. Por ejemplo, entre las medidas de seguridad se encuentra la creación de módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de AVG, y no existe un registro de ningún módulo creado en Acapulco, Chilpancingo, Tlapa, Zihuatanejo, Chilapa, Ometepec, Ayutla, Iguala o Coyuca de Catalán
Entre las medidas de prevención se encuentra la elaboración de un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, y este, aunque fue anunciado por la titular de la Secretaría de la Mujer en meses pasados, con un presupuesto de un millón de pesos y con trabajos de especialistas de la UNAM, no se ha presentado, ni se sabe el avance que la investigación lleva. También como medida de prevención se encuentra la integración y actualización de una banco de datos estatal e información de casos de violencia contra las mujeres, del que se desconoce su implementación. En la Declaratoria también podemos ver proyectada una estrategia para atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el trasporte público, y esta tampoco ha sido implementada en su totalidad, pues lo único visible son algunos carteles en las unidades del Acabús en Acapulco.
No es distinto para las medidas de justicia y reparación proyectadas, pues fue propuesta la creación de una Unidad de Análisis y Evaluación de las labores de investigación de los delitos que se denuncien y una Unidad de Contexto para la investigación de Feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres, y éstas, que fueron preguntas que este observatorio realizó mediante el sistema plataforma nacional de transparencia Guerrero, mismo que fue contestado en mayo de este año, y donde textualmente la Fiscalía responde que “el proyecto de la unidad fue referido con fecha 31 de mayo de 2018 y fue enviado a la Comisión de Seguimiento y Atención a Homicidios en contra de mujeres del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero”, que están aún “a la espera de las observaciones para dar paso a los trámites administrativos correspondientes”. En respuesta a la pregunta de la creación de la unidad de contexto, textualmente señalan que “la vicefiscalía elaborará el acuerdo de creación”, es decir todo en futuro, que es igual a que a dos años de emitida la declaratoria no se han cumplido estas acciones trascendentales para que haya justicia en los casos de crímenes cometidos contra las mujeres.
¿Qué se necesita para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Más leyes? ¿Más presupuesto?¿Más alertas? ¿Más movilizaciones? ¿Más coraje? ¿Qué más para decir ni una más, ni una menos?
* Feminista afromexicana, coordinadora de ObVio AC (Observatorio Ciudadano de las Violencias contras las Mujeres), organización peticionaria de la Alerta por Agravio Comparado para Guerrero.
