La liberación de El Gil, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas, “debe ameritar una investigación a fondo” de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, y se presentará formal denuncia, declara López Obrador. El hecho demuestra que la investigación se hizo para beneficiar a los perpetradores y en contra de los derechos de las víctimas, dijo el subsecretario. Anuncia que por estas irregularidades se presentarán denuncias contra jueces y funcionarios de la Fiscalía para deslindar responsabilidades.
Chilpancingo, Guerrero, 5 de septiembre 2019. La liberación de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, confirma que la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa se construyó con base en la simulación, fabricación de pruebas y tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
En la conferencia matutina en Palacio Nacional, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas anunció que por medio de la Secretaría de Gobernación se impulsarán acciones legales contra jueces y funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) para deslindar responsabilidades por las irregularidades y violaciones “que favorecieron el silencio y la impunidad” en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que la liberación del presunto implicado en el caso Ayotzinapa, “debe ameritar una investigación a fondo” de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial, y se presentará formal denuncia.
Encinas precisó que de 2014 a 2018 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a 142 personas por los hechos de Iguala y procesó a 70 por el delito de secuestro en contra de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos. Precisó que de los 142 detenidos, a la fecha 53 han sido liberados.
Consideró que la libertad del entonces líder de del grupo Guerreros Unidos, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, aporta elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en el proceso.
Después, en la sesión de preguntas y respuestas, el presidente López Obrador señaló que la investigación a fondo de funcionarios que intervinieron en el caso Ayotzinapa permitirá avanzar en la credibilidad de las instituciones, “sobre todo las encargadas de impartir justicia”.
Afirmó que en su gobierno no va a permitir que estos casos –como la liberación de Gildardo López Astudillo– se repitan “y perdamos hasta nuestra capacidad de asombro, que se empiece a ver como algo normal. Ahí sí, ofrezco disculpas por anticipado, porque cada vez que haya un hecho de estos, no nos vamos a quedar callados”.
Conferencia
Con el tema de Aytozinapa comenzó la conferencia transmitida en redes sociales, donde el subsecretario Encinas también anunció que ayer mismo se presentaría un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar de responsabilidades que cometieron autoridades en esta investigación.
Denunció que “en estos casos, en lugar de garantizar la verdad y la justicia, se está generando pactos que favorecen el silencio y la impunidad”.
Para explicar la liberación de López Astudillo, conocido como El Cabo Gil, el 30 de agosto, tras una sentencia absolutoria del juez primero de Distrito en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, Encinas presentó el Informe sobre la situación legal de las personas procesadas por la desaparición de los normalistas.
Señaló que el juez desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el secuestro, y determinó que no existían elementos para acreditar delito de delincuencia organizada.
La entonces PGR (ahora FGR) acusó por secuestro a 70 de los 142 detenidos, en lugar de hacerlo por desaparición forzada, como reclamaron los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el sexenio anterior.
Ayer, Encinas denunció que el juez sólo analizó 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que hubo tortura pese a que la entonces PGR aplicó el protocolo de Estambul para acreditar que no la hubo.
Sin embargo, añadió que la PGR no aplicó la prueba de audiometría en el protocolo, y sentó precedente muy grave, que terminó “en la sentencia absolutoria a uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada”.
Aclaró que este precedente fortalece la tendencia que ya se venía realizando con otros detenidos en el caso Ayotzinapa.
Violación del proceso a favor de victimarios
El secretario Encinas precisó que del 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto de 2018 fueron consignadas 169 personas y se detuvo 142, de ellos 55 eran policías de Iguala, 20 policías de Cocula, y 67 civiles presuntos integrantes de Guerreros Unidos, acusados principalmente por delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud, por delitos señalados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en la Ley General de Secuestro.
A lo largo de cinco años, se recabaron 107 pruebas contra 142 detenidos y sólo subsisten 44. Las 63 restantes fueron declaradas ilícitas por un Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa Tamaulipas, por diversas violaciones en el proceso.
En el informe se detalla que 48 pruebas fueron desechadas por detenciones ilegales por falsa flagrancia, 26 por “exceso de cumplimiento de una orden de aprehensión”, 22 detenciones ilegales ordenadas de forma irregular, 13 por dilación indebida en la puesta a disposición, seis por violación al derecho a la defensa adecuada, y un caso de incomunicación.
En este contexto, indicó que a la fecha fueron liberados 53 presuntos delincuentes de 142 detenidos, “ahora con el precedente de la libertad absolutoria de El Gil, existen elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en el proceso”.
Lo anterior, evidencia una indebida integración de la investigación ministerial basada en irregularidades y graves violaciones a la ley, y confirma que “la mal llamada verdad histórica se construyó en base a la simulación, en la construcción de pruebas, en la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, dijo Encinas.
Consideró que hay elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por actuación indebida de la autoridad judicial que generó condiciones para una “laxa interpretación de la ley”, que llevó al retiro de cargos de los imputados.
Aclaró que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, no está entre los posibles 50 liberados, porque está en prisión por un delito distinto a los hechos del 26, el homicidio del luchador social Arturo Hernández Cardona.
En cuando al ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón y el ex procurador Jesús Murillo Karan, autores de la “verdad histórica”, indicó que son parte de la investigación interna de irregularidades en el proceso que realiza la FGR.
Pide Encinas revisar criterios judiciales
El funcionario indicó que lo anterior obliga a hacer una revisión de los criterios judiciales, considerando que la aplicación de la justicia no puede reducirse a la interpretación de la ley, sino a impartir justicia, “debe prevalecer siempre el interés superior de las víctimas por encima del derecho de los victimarios. Son de los temas que debemos definir.”
Informó que ayer mismo harían un exhorto a la FGR para reencauzar el caso, y que subsane las omisiones que permitan una investigación diligente para poder deslindar responsabilidades de las autoridades en esta investigación.
Asimismo dijo que el gobierno federal iniciará acciones legales ante la FGR y de la Judicatura para que se inicie investigación de los funcionarios de la Fiscalía y de jueces para deslindar responsabilidades en casos donde, “en lugar de garantizar la verdad y la justicia, se está generando pacto que favorece el silencio y la impunidad”.
Aclaró que la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia, que se integró con padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, seguirá investigando y realizando diligencias “pero requerimos que la FGR y la autoridad judicial hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes”.
En respuesta a las preguntas de reporteros, explicó que el debate ahora, si bien es el respeto a los derechos humanos, es la prevalencia el interés superior de las víctimas de violaciones graves a derechos por encima de los derechos de los victimarios, y eso tiene que entenderlo el Poder Judicial, porque lo que tiene que hacer el impartir justicia, no malinterpretar discrecionalmente la ley”.
Ratificó que los hechos de Iguala, son diametralmente distintos, chocan con la versión de la mal llamada “verdad histórica”
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Agencia Reforma
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