La Comisión de Constitución del Parlamento no logró que la medida pase al pleno legislativo al no alcanzar los 14 votos necesarios. Las otras propuestas de las diferentes bancadas tampoco han salido adelante, entre otros motivos, porque la izquierda pide además la celebración de un referéndum para un Constituyente, una idea que la derecha rechaza
Madrid, España, 4 de febrero de 2023. El Congreso de Perú ha archivado ayer el proyecto de ley presentado por el gobierno del país y con el que se buscaba reformar la Constitución para convocar elecciones generales para octubre de 2023, todo ello ante el bloqueo del Parlamento andino para acordar un adelanto electoral.
Con 11 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la Comisión de Constitución del Congreso no ha permitido que le medida sea votada en el pleno del congreso, ya que no se han alcanzado los 14 votos necesarios para ello, según ha informado ‘La República’.
La comisión, presidida por el fujimorista Hernando Guerra García, ha rechazado la propuesta apelando al artículo 78 de la Carta Magna donde se señala que no puede presentarte la misma propuesta de idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, haciendo referencia a una iniciativa similar que ya fue desestimada en esta legislatura por el pleno del Congreso.
“No podrá presentarse la misma proposición u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de congresistas”, ha recordado uno de los miembros de la Comisión de Constitución, según el citado diario.
De esta manera, un proyecto de adelanto de elecciones no podrá debatirse hasta que inicie la primera legislatura del nuevo periodo anual de sesiones el próximo mes de julio, por lo que ahora queda en mano de los congresistas consensuar un adelanto electoral.
Hasta el momento, las bancadas solo han logrado ponerse de acuerdo para la convocatoria anticipada de elecciones, que tendría lugar en abril de 2024. No obstante, cuando debía confirmarse la votación, la presidenta de Perú, Dina Bolaurte, instó al Congreso a adelantar los comicios a 2023, como exigen los manifestantes en las protestas.
Desde entonces, ninguna de las propuestas de las diferentes bancadas ha salido adelante. Entre otros motivos, la izquierda exige que la convocatoria electoral esté ligada a la celebración de un referéndum para establecer una Asamblea Constituyente, una idea que la derecha rechaza.
El pasado jueves, el Parlamento andino pospuso por tercera vez la votación de la convocatoria anticipada de elecciones.
Perú está sumido en una profunda crisis política después de la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un gobierno de excepción.
Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente de las elecciones presidenciales. Más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Por otro lado, el Consejo de Ministros de Perú ha desmentido ayer que ninguno de sus integrantes ordenara a la Policía Nacional la controvertida intervención de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, en la que irrumpieron por la fuerza montados una tanqueta y deteniendo a 200 personas.
“Falso. Ningún funcionario del Consejo de Ministros impartió orden alguna a la Comandancia General de la Policía de Perú para que intervenga el día 21 de enero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, ha negado de esta manera la información publicada ayer por el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’.
El pasado 21 de enero, unos 400 policías irrumpieron violentamente en dicha universidad para desalojar a los manifestantes que pernoctaban en el centro. Aquel controvertido operativo es uno más de los protagonizados por las fuerzas de seguridad peruana, cuya represión de las protestas ha dejado cerca de 60 muertos.
Aquellos días, el campus universitario fue refugio y espacio de descanso de los centenares de personas que habían acudido a Lima desde otras partes de Perú para participar en las protestas contra el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte, a quien reclaman un adelanto de elecciones y un proceso para cambiar la Constitución.
Cerca de 200 personas fueron detenidas sin el debido proceso, según han denunciado colectivos estudiantiles y manifestantes.
Por otro lado, la ministra de Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, ha reconocido que las autoridades andinas no cuentan con pruebas para asegurar que las manifestaciones antigubernamentales de las últimas semanas estén siendo impulsadas por grupos criminales, como sí hizo la presidenta del país, Dina Boluarte.
Texto: Europa Press
