El texto íntegro del contrato que firmaron Pemex y la trasnacional Odebrecht para la explotación de etano en la planta Etileno XXI –cuya copia tiene Proceso–, revela que esta empresa, envuelta en escándalos internacionales de soborno, contó con ventajas indebidas adicionales a las que ya se denunciaron. Por ejemplo, permite conocer la exorbitante suma que deberá pagar el gobierno de López Obrador si quiere cancelar el nocivo acuerdo.
Texto: Jesusa Cervantes / Agencia Proceso
Foto: EFE
Ciudad de México. El desastre económico en que se convirtió el contrato entre Odebrecht y Petróleos Mexicanos (Pemex) es de tal magnitud que, si lo cancelara el próximo año, le costaría al gobierno de Andrés Manuel López Obrador 24 mil millones de pesos en primera instancia, como establece el propio documento con sus nueve anexos, de los cuales Proceso tiene copia.
Esa millonaria cantidad es sólo una parte de lo que estaría obligado a pagar el gobierno a la firma brasileña Odebrecht y correspondería al “valor de capital” en que fueron tasadas las instalaciones de Etileno XXI en febrero de 2010.
Aparte, en caso de cancelar el contrato con Odebrecht, Pemex tendría que pagar toda la deuda que pudiera tener la empresa que contrató para construir la planta, más sus intereses, el costo de operación y lo que le adeude a las compañías que no sean sus filiales, como la mexicana Edesa o cualquier otra que haya subcontratado con Odebrecht para realizar obras que no supiera o no tuviera la capacidad de realizar.
El 6 de noviembre de 2016 este semanario reveló el contrato firmado por Braskem (filial de Odebrecht), Edesa y Pemex, además de dar a conocer los nombres de quienes firmaron ese documento “testado” en varias partes.
El 4 de abril de 2018 Proceso dio a conocer que tan sólo en 2016 el contrato tuvo efectos negativos para el gobierno por 2 mil millones de pesos, ya que debió comprar etano en el extranjero para abastecer a Etileno XXI. Asimismo, se publicó información sobre una serie de actas del consejo de administración de Pemex que daban cuenta del desastre generado por dicho contrato.
En esta ocasión se cuenta con copia del contrato íntegro, sin testar, con sus nueve anexos, donde se advierte que una rescisión anticipada del mismo obligaría al gobierno a comprar toda la planta de Etileno XXI, asumir sus deudas, los intereses y pagar los costos de operación.
Los presuntos sobornos de Odebrecht por 10.5 millones de dólares al ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin y los presuntos 3.7 millones de dólares que se habrían triangulado de Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira (a quien Pemex le recompró la planta de Agronitrogenados convertida en chatarra por 450 millones dólares), a una cuenta offshore de Odebrecht, representan una pequeña proporción del exorbitante valor del contrato que Pemex firmó con la compañía de origen brasileño.
Ello se desprende del amplio contrato y sus anexos, de los cuales el noveno incluye una tabla de lo que valdrían las instalaciones y lo que se tendrá que pagar por ellas en caso de que el gobierno cancele el acuerdo.
El costo de la rescisión abarca de cuatro años antes de que Etileno XXI iniciara sus operaciones hasta 19 años posteriores al arranque.
Las cifras varían. Si se hubiera cancelado el proyecto cuatro años antes de empezar a operar, el costo para el gobierno sería de 49 millones de dólares, pero si lo hiciera tres años después de que empezara a producir el costo sería de mil 260 millones, según la tabla mencionada.
El contrato se firmó el 19 de febrero de 2010, pero las operaciones comenzaron en marzo de 2016.
La próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle García, ha dicho que se van a revisar los contratos otorgados en las rondas de Pemex y que, en el caso del de Odebrecht con Etileno XXI se podría cancelar porque la forma desventajosa en que se firmó ha dejado a las plantas petroquímicas del país sin etano.
El nuevo gobierno asume el próximo 1 de diciembre. De cancelarse el contrato al año siguiente, en 2019, le tendría que pagar a Odebrecht, tan sólo por “valor de capital” de las instalaciones, mil 260 millones de dólares, que a un tipo de cambio promedio de 19 pesos por dólar suman 23 mil 940 millones de pesos.
Dicha tasa se estableció en el contrato firmado en febrero de 2010, pero a la fecha esos valores se han incrementado. Personal de Pemex estima que el pago por las instalaciones actualmente sería de entre 4 mil y 5 mil millones de dólares, que convertidos a moneda nacional al mismo tipo de cambio representan 95 mil millones de pesos.
No obstante, falta agregar las otras obligaciones establecidas en el contrato, como la de liquidar la deuda con bancos y sus intereses, el pago a las firmas no filiales de Odebrecht y los costos de operación.
En la cláusula décima, “vigencia del contrato y terminación anticipada”, se establecen las causales y sus efectos. Algunas de ellas son el incumplimiento en el desarrollo de las instalaciones, terminación anticipada, violaciones al contrato, eventos de fuerza mayor y “cambios a la ley”. En este último supuesto caería una eventual decisión del gobierno de López Obrador de cancelar el contrato.
En la cláusula 10.3, “consecuencias del vencimiento o terminación”, en el punto 10.3.2, se determina que “como resultado de un cambio de ley discriminatorio o cambio de ley en el sector, el vendedor (Pemex) deberá, a elección del comprador (si Odebrecht así lo quiere), comprar las instalaciones del proyecto a un precio determinado de conformidad con los procedimientos estipulados en la cláusula 3.1 del Anexo IX”.
El citado anexo trata de la compra del proyecto y en su punto 3.1, “precio de compra en caso de evento de incumplimiento, de cambio de ley discriminatorio y de cambio de ley en el sector”, establece que Pemex está obligada a entregar “la cantidad requerida para repagar el monto del capital de la deuda (si existiera) del proyecto pendiente a la fecha de transferencia; cualquier interés devengado, vencido y pagadero; todos los costos por terminación y el valor de capital”.
Al final del Anexo 9 se incluye la tabla “que enlista el valor del capital”. Lo primero que define es el “año en que se entrega el aviso de terminación”, lo que es vital para fijar costos, ya que Odebrecht estaba obligada a concluir la obra el 1 de julio de 2015 pero se retrasó y empezó a operar en marzo de 2016, “lo cual motivó que Pemex la multara por no comprar el etano al que se había comprometido (Proceso 2157).
El segundo punto de la tabla establece que, si el contrato se rescinde cuatro años antes de que empiece a operar, se le pagarán 49 millones de dólares hasta llegar a 19 años después de iniciados los trabajos de Etileno XXI, y en tal caso el costo para el gobierno sería de 100 millones de dólares.
El mayor costo por cancelación del contrato es si esto ocurre justo al inicio de las operaciones: habrían sido mil 374 millones de dólares.
Si el contrato se cancela en 2019, es decir al tercer año de operaciones, el gobierno pagaría los ya citados mil 260 millones de dólares. Otra cláusula especifica que ese pago debe hacerse en moneda nacional, que 90% se entregará de inmediato y el resto en años subsiguientes con sus respectivos intereses.
