No cumple con la Norma 046 pedir a la víctima de violación que haga la denuncia al MP aunque sea después de la interrupción del embarazo, afirma Viridiana Gutiérrez
Chilpancingo, Guerrero, 21 de julio de 2020. La coordinadora del Conavim en el estado, Viridiana Gutiérrez Sotelo, consideró que el establecer en la ley la obligación de las víctimas a denunciar el delito de violación aún después de acceder a la interrupción del embarazo tiene “tendencia a la criminalización” contra las mujeres que por miedo u algún otro motivo no quieran denunciar, porque eso las dejaría en un nuevo estado de vulnerabilidad.
Como representante de una de las organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, consideró que el dictamen que dio a conocer el presidente de la Comisión de Justicia Omar Jalil Flores Majul a pesar de que plantea el garantizar la interrupción legal del embarazo consecuencia de una violación, no cumple con lo que establece la norma de salud 046, porque fija la obligatoriedad de presentar denuncia penal.
En declaraciones telefónicas Viridiana Gutiérrez comentó que la propuesta de dictamen que dio a conocer el diputado Omar Jalil Flores Majul parece contradictoria. Sin embargo, reiteró que se tendría que esperar a conocer el dictamen completo para emitir una opinión al respecto.
Explicó que en un primer momento cuando en la propuesta de reforma (el dictamen) se establece que se excluye de responsabilidad por el delito de aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida “independientemente de que exista, o no, causa penal sobre dichos delitos previstos en la ley” pareciera que se cumple con lo planteado en la alerta de violencia de género emitida oficialmente por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
Sin embargo, después se plantea que “para ambos casos la víctima podrá solicitar la práctica del aborto respectivo ante las autoridades de salud capacitadas para ello. Éstas notificarán de manera inédita a la autoridad investigadora por oficio de la práctica del aborto realizado a la solicitante, asentado en él, la excluyente de responsabilidad penal por el delito que se trate, como causa de su realización”.
Y se establece la obligatoriedad “a la víctima en cualquiera de los dos casos, el de realizar la denuncia respectiva por el delito del caso en concreto. La autoridad de salud deberá estar capacitada para la realización del aborto y deberá ejecutarlo con las medidas sanitarias apropiadas debiendo ser practicado en un breve plazo después de la petición emitida por la víctima. A quien incurra en la infracción a lo dispuesto en este apartado, lo hará acreedor de las sanciones y supuestos contemplados en la ley”.
En ese sentido la activista precisó que el “aviso” a las autoridades ya está contemplada en la legislación local, ya que los trabajadores del Sector Salud deben informar cuando haya evidencia de violencia física, o lesiones más aún cuando una víctima acude manifestando que fue violada.
Por lo tanto, consideró que se debería eliminar la parte en la que se establece que “corresponderá obligadamente a la víctima en cualquiera de los dos casos, el de realizar la denuncia respectiva por el delito del caso en concreto”.
Explicó que el obligar a las víctimas de violación el tener que acudir ante el Ministerio Público a denunciar la violación sexual implica una revictimización, sobre todo por el estado de shock en el que pueden estar, y consideró que el saber que tras el procedimiento de interrupción del embarazo tendrán que presentar la denuncia puede ser un motivo por el que las mujeres decidan no acceder a ese derecho.
Y ante el grado de impunidad en los que quedan los delitos, dijo que las mujeres víctimas de violación quedarían en estado de indefensión tras la denuncia además de que en muchos casos “el contexto de violencia sexual se tiene dentro de un contexto familiar o conocidos”.
Viridiana Gutiérrez recordó también que en el dictamen de alerta de violencia de género decretado el mes pasado “es claro, habla de la eliminación de todos los obstáculos para que las mujeres puedan acceder a un aborto legal”, por lo que “no se tendría que dar tantas vueltas” porque lo que se pide es la homologación de la norma de salud federal (la 046) y que el texto de esta es muy claro en el sentido de eliminar el requisito y la obligación de presentar la denuncia para acceder a un aborto legal.
La activista pidió también al presidente de la Comisión de Justicia y sus integrantes a que escuchen a las activistas y a las víctimas, a socializar el dictamen para que se puedan hacer aportaciones, porque consideró que establecer la obligación de las víctimas a denunciar el delito tiene una “tendencia a la criminalización porque: ¿Qué va a pasar si una víctima no hace la denuncia? Eso las deja en estado de vulnerabilidad”.
Texto: Rosalba Ramírez García
