La moneda estadunidense, que se cotizó en 64 pesos, al añadir la aplicación del nuevo tributo se elevó a 81.90 pesos por unidad. Este gravamen fue incluido en la ley de “emergencia” económica que el presidente Alberto Fernández impulsó en el Parlamento. El instrumento jurídico le otorga al Ejecutivo mayores facultades financieras, fiscales, administrativas y tributarias, a fin de enfrentar la compleja situación económica y social del país.
Buenos Aires, Argentina, 27 de diciembre de 2019. El denominado “dólar solidario” tuvo su estreno ayer en Argentina, luego de que el lunes pasado, una vez cerrado el mercado de cambios, entrara en vigencia la aplicación de un nuevo impuesto a la compra de divisa extranjera.
La cotización de “dólar solidario” surge de aplicar una tasa del 30 por ciento al precio de venta de la moneda estadunidense en la plaza cambiaria oficial, que ayer se mantuvo estable, en 64 pesos por unidad.
Si a ese valor se le añade el impuesto, la cotización del “dólar solidario” es ayer, en el primer día de aplicación del nuevo tributo, de 81.90 pesos por unidad.
El impuesto solo rige para las operaciones de adquisición de divisas, por lo que si un inversionista quiere vender dólares en el mercado oficial obtendrá, de acuerdo a la cotización del cierre de ayer, 58 pesos por unidad.
Desde que el nuevo gobierno de Alberto Fernández anunció que buscaría aprobar el nuevo impuesto -lo que finalmente logró el pasado sábado-, también la cotización del dólar en el mercado informal ha avanzado en forma sostenida y, según los expertos, convergerá finalmente con el valor del “dólar solidario”.
Ayer el denominado “dólar blue”, como se denomina en Argentina a la cotización en el circuito informal, se comercializó a 80 pesos por unidad, aún por debajo del “solidario” pero 3.25 pesos más caro que el valor de venta el pasado lunes, último día de operaciones antes de los festivos navideños del martes y miércoles.
El denominado impuesto “país” grava con una tasa del 30 por ciento la adquisición de divisas extranjeras para atesoramiento, la compra de pasajes y paquetes turísticos para viajar al exterior y los gastos que allí se hagan con tarjetas de crédito.
El nuevo tributo fue incluido en la ley de “emergencia” económica que el Ejecutivo de Fernández impulsó en el Parlamento y que contiene una batería de medidas orientadas a recomponer la complicada situación económica del país.
El lunes pasado, el gobierno argentino oficializó la entrada en vigor de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, tras su aprobación el sábado en el Senado, la cual incluye un impuesto del 30 por ciento para la compra de divisas para atesoramiento.
La norma, que entró en vigencia en la tarde del pasado lunes, incluye varios aumentos impositivos que buscan mejorar el perfil fiscal de Argentina, una medida que ha sido leída positivamente en los mercados, que ayer operan al alza tanto en acciones como en los títulos públicos argentinos.
Por su parte, la cotización oficial del dólar, sin incluir el impuesto, cerró en 62.99 pesos, según el promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sin registrar variaciones respecto de la última ronda debido a un mercado de cambios que operó con tranquilidad.
En el mercado informal, el dólar paralelo o “blue” registró un aumento de 1.26 pesos hasta alcanzar 78 pesos por unidad, acortando la brecha respecto del precio final de cada divisa en el segmento formal.
En el primer día de entrada en vigencia de esta ley, el dólar en el segmento “mayorista”, sólo para operaciones interbancarias, finalizó en 59.92 pesos por unidad.
Analistas financieros prevén que el dólar “blue” aumente su valor en los próximos días, hasta alcanzar una cotización pareja con la del mercado oficial de divisas.
El instrumento jurídico otorga al presidente Alberto Fernández mayores facultades económicas, financieras, fiscales, administrativas y tributarias, a fin de enfrentar la compleja situación económica y social del país.
La ley también otorga al mandatario facultades añadidas respecto del sistema de jubilaciones, de tarifas de servicios públicos, y en materia energética, sanitaria y social.
Texto: Redacción / Xinhua / Foto:
