Líderes insisten en que se ejecuten 52 órdenes de aprehensión contra integrantes de la Policía Comunitaria y que no sea liberado el único preso.
Chilpancingo, Guerrero, 28 de enero de 2020. Integrantes del Frente de Defensa Popular Francisco Villa (FDPFV) exigieron castigo a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) a quienes señalaron de asesinar a 15 pobladores de San Jerónimo Palantla en 2015, porque se negaron a formar parte de la organización.
En conferencia de prensa, el comandante municipal de San Jerónimo Palantla, Constante Calvario Merino, demandó al gobierno del estado y a la Fiscalía ejecutar las 52 órdenes de aprehensión contra los integrantes de la CRAC-PF cuyos integrantes irrumpieron en la comisaría municipal y asesinaron a cinco personas el 9 de febrero de 2015, al ir a rescatar a dos policías comunitarios detenidos.
El viernes pasado luego de ocho días de bloqueo en la carretera Chilapa-Hueycantenango en la comunidad de Alcozacán para exigir justicia por los 10 integrantes de un grupo musical asesinados, el gobernador Héctor Astudillo se reunió con los dirigentes de la CRAC-PF que entre sus 29 exigencias solicitaron la cancelación de 66 órdenes de aprehensión contra sus integrantes y la libertad de uno.
En respuesta, Calvario Merino recriminó que el gobierno del estado esté apoyando a quienes han asesinado a 15 habitantes de su comunidad y que han armado a niños con rifles.
“Las autoridades no han hecho nada como el señor gobernador y el alcalde de Chilapa, Jesús Parra desde hace cuatro años y no nos han dado resultados todas las demandas que se han planeado ninguna se les ha dado salida” reclamó.
Solicitó que no sea liberado el único detenido porque no está de acuerdo en qué sigan impunes, y cuestionó a los integrantes de la CRAC-PF porque piden justicia “pero son ellos los que nos han masacrado nuestro pueblo”.
El representante de la autoridad negó que estén ligados a un grupo criminal como lo señalan los integrantes de la CRAC-PF y llamó a las autoridades a investigar a ambos. Reclamó que el gobierno esté entregando víveres a quienes son victimarios, y la protección que se está dando a David Sánchez Luna, porque a ellos no se les da nada.
“Queremos que las autoridades nos escuchen, no tenemos agua, no tenemos centro de salud, el que está es de adorno, no hay enfermeras, ni medicamentos”, así como el abandono en que se encuentra la carretera.
Denunció el desplazamiento de 10 familias de la comunidad de Xochitempa que los integrantes de la CRAC-PF expulsaron y cuyas casas fueron saqueadas y con letras escribieron la palabra “alto” en sus paredes.
Recordó que el último ataque contra los habitantes de San Jerónimo Palantla fue el 11 de julio pasado cuando atacaron y quemaron una camioneta donde viajaban 11 personas, una mujer murió y otra quedó herida.
Insistió en el llamado “al gobernador, que agarren a la cabeza a los coordinadores (de la CRAC-PF) y dijo que ellos en cambio no están armado a niños como lo hace la Policía Comunitaria, y que a los menores se les enseñan trabajos de campo.
También dijo que los efectivos de la Policía del Estado que están destacados en la comisaría de San Jerónimo Palantla no salen, sólo están ahí, y no realizan recorridos en los caminos cuando los propios habitantes no pueden salir porque están vigilados por los policías comunitarios de Xochitempa, y recordó que desde hace cinco años hacen guardias para evitar la irrupción de los comunitarios.
A pregunta expresa de cuál sería la solución para que ya no existieran estas confrontaciones Calvario Merino dijo que se deben ejecutar las órdenes de aprehensión y que en el caso de ellos se compruebe que estén vinculados a un grupo criminal y que las autoridades hagan su trabajo.
En tanto, el integrante del FDPFV, Rodolfo Colorado dijo que los hermanos David y Bernardino Sánchez Luna se dedican a sembrar mariguana y amapola y mantienen sometidas a las 15 comunidades donde opera la policía de la CRAC-PF, y ponen de ejemplo el ataque que realizaron en 2015 a aquellas comunidades donde no la acepten.
Urge atención a víctimas
El integrante del Colectivo de Víctimas Cocuyo y del FDPFV, Teodoro Gallegos reclamó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dé atención a las familias de los integrantes de la CRAC-PF y no así a entre 80 y cien familias víctimas de manera directa e indirecta de la comunidad de San Jerónimo Palantla.
Dijo que el gobernador ha confundido en castigar a los victimarios con darles ayuda, además de llevar todo el “aparato de Estado” el viernes pasado a una reunión con los integrantes de la CRAC-PF.
También que a los pobladores de San Jerónimo Palantla no se les han dado las medidas cautelares necesarias desde hace dos años y sus vidas están en riesgo; por eso hizo responsable al gobernador de lo que les llegue a pasar, y agregó que el presidente no se equivoca al decir que a los niños ahora se les prepara para ser “sicarios”.
Antecedentes
El cambio de la escuela monolingüe por una bilingüe en 2011 en la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, fue el origen de la división entre los dos grupos de la misma comunidad, en 2013 se agudizó con el reparto de un predio de 170 hectáreas.
El 27 de agosto de 2014 cuando se creó la CRAC-PF un grupo de la comunidad de Palantla se sumó al proyecto y estaban en contra del comisario Antonio Bolaños a quien la CRAC-PF acusó por la invasión a una parcela, y cuando fue detenido se le encontró en un plantío de amapola según un documento y acta de la organización comunitaria.
El 8 de febrero del 2015 el comisario propietario de San Jerónimo Palantla organizó a su gente y detuvo a los consejeros de la Policía Comunitaria, Isaac Xochitempa Chautla y Rufino Orgín Calvario, originando que la CRAC-PF acudieran a San Jerónimo Palantla a pedir al comisario municipal la liberación de sus compañeros, pero cuando llegaron el comisario convocó a la gente del pueblo a concentrarse en la Comisaría y fueron emboscados, con un saldo de cinco muertos de la gente de Bolaños Calvario.
Mientras tanto la Policía Comunitaria detuvo a 18 personas que fueron trasladadas a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla. Entre los detenidos estaba Bolaños Calvario, quien según el acta que se levantó entonces, confesó que sembraba amapola y que tenía relación con el grupo criminal Los Rojos.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: Jessica Torres Barrera
