En una asamblea este domingo, ejidatarios y avecindados manifestaron su rechazo unánime a la construcción de una presa, y expulsaron a los representantes, informan. No hubo una consulta ni hay información sobre el impacto ambiental y a las comunidades, argumentan
Chilpancingo, Guerrero, 16 de marzo de 2021. Ejidatarios y avecindados de Xochistlahuaca denunciaron que el gobierno federal, por medio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el respaldo del alcalde de Morena, Daniel Sánchez Néstor, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) con sede en ese municipio, pretenden imponerles el proyecto hidroeléctrico Suljaa´ Guerrero.
En un escrito, los representantes del Comisariado Ejidal, reprocharon que no hubo una consulta previa, libre e informada. Además, denunciaron que hay “vacíos de información” en cuanto al impacto ambiental y a las comunidades.
En el mismo documento manifestaron su “rechazo unánime” e informaron que el domingo expulsaron de una asamblea a los representantes del proyecto.
El documento lo firman el presidente del Comisariado Ejidal, Daniel Moctezuma Catalina; el secretario, Timoteo Valtierra Arango, y el tesorero, Marciano Guerrero Cruz y 35 ejidatarios.
En el escrito refieren que el 18 de noviembre de 2020 se presentó con ellos José Luis Valenzuela Lagarda, del Centro Regional de Educación Superior de la Costa Chica de la UAG, quien quería “conseguir una firma de intención y consentimiento” para avalar el ingreso al Conacyt del proyecto denominado Generación sustentable de energía eléctrica en los Ríos Velero y San Juan para el desarrollo comunitario.
El proyecto, según les explicaron entonces, sería encabezado por la UAG, a través de Centro Regional de Educación Superior Campus Cruz Grande, el Instituto de Energía Renovable (IER) de la UNAM, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), y el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).
Los representantes ejidales agregan que, sin embargo, no lograron entablar el diálogo de manera formal con el académico porque llegó tarde a la cita acordada y desconocía el contexto comunitario, la cultura y la lengua originaria ñomndaa (amuzga).
Además, reprochan que se presentó solo dos días antes del vencimiento de la convocatoria para ingresar el proyecto.
Denuncian que al no obtener la firma de ellos, solicitó la carta de intención a la UBBJ, y se la entregaron el 19 de noviembre, y el 23 de febrero pasado les informaron en esa institución que ya se había pre aprobado el proyecto.
“Hubo un rechazo unánime y se procedió a levantar una carta porque no hubo una consulta previa, libre, informada y culturalmente apropiada como lo establece el convenio 169 de la OIT”, expresan los representantes ejidales.
Además, añaden que el protocolo de investigación que presentaron tiene “vacíos de información” en cuanto a los impactos ambientales y comunitarios, costos de operación, tiempo de vida del proyecto, escalas, metodologías ambientales, presupuestos, destino, gestión y administración de la energía eléctrica generada”.
Asimismo, refieren que el nombre del río no corresponde al de Xochistlahuaca.
Debido a ello los ejidatarios solicitaron a la UBBJ el retiro de la Carta de Intención al proyecto.
Agregan que elaboraron un documento de no aceptación del proyecto firmado por los representantes agrarios y ejidatarios dirigido a la directora del Conacyt, María Elena Alvarez-Buylla Roces, y el 5 de marzo la UBBJ mandó una carta de retiro de intención dirigida al Conacyt.
Sin embargo, el 7 de marzo, Ana Rosa García Angelmo, profesora investigadora del Centro Regional de Educación Superior Campus Cruz Grande de la UAG, se presentó en la Casa Agraria, “para conseguir de manera alevosa y mal intencionada la firma de aceptación del proyecto a través de una minuta de reunión que fue redactada por ella misma y que firmaron sólo tres representantes del ejido y sin el respaldo de la asamblea general.
Critican que la forma de obtener el documento “fue de manera discrecional y sin transparencia ante los ejidatarios”.
Además de que descubrieron que en mensajes de Whatsapp entre su equipo de trabajo, “utiliza un lenguaje racista, discriminatorio, prejuicioso y ofensivo hacia la comunidad y los pueblos originarios en general”.
A raíz de esa visita, los representantes agrarios convocaron a una asamblea informativa para el domingo pasado a la que se presentó José Maclovio Sautto Vallejo, responsable técnico y principal interesado en la ejecución del proyecto y algunos integrantes de su equipo.
Ante él, los ejidatarios increparon a los tres representantes agrarios que firmaron el documento a
García Angelmo sin consultarles e informarles previamente.
“Como integrantes del Comité Ejidal de las Aguas de Xochistlahuaca, tomamos la palabra y nos dirigimos directamente a los responsables del proyecto, primero para responsabilizarlos del conflicto que se gestó a raíz de sus intentos de implementar el mencionado proyecto, violando nuestros derechos colectivos como pueblo originarios”.
Además, los cuestionaron que el proyecto “se gestó en el escritorio de los académicos, sin considerar las necesidades del pueblo amuzgo pretendiendo decidir sobre el uso y aprovechamiento de los bienes comunes de nuestro territorio ancestral”.
De acuerdo al escrito de los representantes del Ejido, les cuestionaron su falta ética profesional y sus prácticas de investigación hacia los pueblos originarios “porque se nos ignora y violan nuestros derechos colectivos ya reconocidos”.
Finalmente, la asamblea les pidió a los representantes del proyecto que se retiraran, “expresando claramente que este tiene un rotundo rechazo por parte de la comunidad y que Conacyt ya tiene conocimiento del acuerdo de oposición y rechazo”.
En el documento que enviaron el 28 de febrero a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla- Roces, los ejidatarios y avecindados de Xochistlahuaca, le expresan que para que un proyecto sea beneficioso y genere la participación de la comunidad, debe de corresponder a una necesidad sentida por la misma comunidad.
Le exponen que el río llamado oficialmente San Pedro, no corresponde al nombre como lo conocen ellos, además de que tiene una “relación especial con las comunidades y los pueblos que habitamos ancestralmente en el territorio por donde atraviesa, y es parte de nuestra vida y ayuda a tejer lazos entre las comunidades por lo que si desde afuera se promueve la implantación del proyecto, se corre el peligro de romper el tejido social y generar un grave conflicto entre comunidades y ejidos y municipios de la región”.
Entrevistado por teléfono, uno de los representantes ejidales, dijo que tienen poca información respecto a la extensión que abarcaría el proyecto, pero que saben que no sólo afectaría el ejido de Xochistlahuaca, sino a otros más, entre éstos los de Tlacoachistlahuaca y Cozoyoapan.
Denunció que el proyecto es respaldado por el alcalde de Xochistlahuaca Daniel Sánchez Néstor, la UBBJ y la UAG, sin el consentimiento de los dueños de la tierra, como son los ejidatarios.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: El Sur
