Tryno Maldonado
Metales Pesados
Durante la primera semana de julio, en Oaxaca se desplegaron alrededor de 6 mil 500 efectivos de la Guardia Nacional en las ocho regiones del estado. El gobernador priista Alejandro Murat aseguró que la incursión de este nuevo cuerpo militarizado se debe a la “ola de violencia” que azota a Oaxaca. Sin embargo, Ixtlán (Sierra Norte) o Tuxtepec (Cuenca), dos de los nueve puntos de Oaxaca donde habrá coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, por ejemplo, no están entre las zonas de riesgo. Contradiciéndose a sí mismo, Murat aseguró que la llegada de la Guardia ahí y el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, será solamente una “medida de prevención”. ¿De verdad?
La presencia de la Guardia Nacional militarizada de Andrés Manuel López Obrador será permanente en Oaxaca durante todo el sexenio de la Cuarta Transformación (4T). Incluye alianzas con gobiernos priistas, como el del propio Murat, para tal objetivo en todo el país. ¿Pero qué hay realmente detrás de esta supuesta “medida de prevención” para el despliegue militarizado en una entidad donde –casualmente– se pretende construir el proyecto neoliberal más ambicioso del lopezobradorismo? Un proyecto que a la vez tiene el mayor número de opositores y resistencia entre los pueblos indígenas organizados de la región: el Corredor Transístmico. El proyecto soñado del dictador Porfirio Díaz. Veamos.
Los territorios indígenas del Istmo de Tehuantepec pertenecen a 11 diferentes pueblos indígenas, y ocho de ellos tienen posesión ancestral: zapotecos, mixes, ikoots, zoques chimalapas, zoques popolucas, chontales, chochocos y nahuas; además de tres pueblos migrantes por desplazamiento y reubicación forzada: chinantecos, mixtecos y tzotziles. Estos pueblos son los que han resguardado la región de mayor diversidad biológica del país hasta hoy.
Ante la ofensiva que implica el megaproyecto del Corredor Transístmico que devastaría la zona, y la llegada de 2 mil efectivos de la Guardia Nacional exclusivamente para resguardar la región –¿de qué o de quién?–, los pueblos indígenas del Istmo han revivido una campaña de defensa de su territorio llamada El Istmo es Nuestro. La resistencia de los pueblos tuvo su primer episodio cuando lucharon contra el Megaproyecto Transístmico de Ernesto Zedillo entre 1995 y 1998, el cual consistía en la apertura al mercado internacional del Istmo como había deseado Porfirio Díaz en el siglo XIX. Este viejo plan salvajemente neoliberal de emancipación económica de la zona para beneficio de los grandes capitales –sobre todo de Estados Unidos, ahora con Donald Trump a la cabeza– ha ido heredándose y cambiando de nombre en los pasados gobiernos.
Pero no fue sino hasta la llegada de la llamada 4T, hace siete meses, que el proyecto neoliberal más ambicioso y destructivo de la historia en la región parece que avanzará muy a pesar de la opinión y los derechos de los pueblos originarios: no se les ha respetado el derecho a la autoconsulta –aquí el prefijo auto, de autodeterminación, se vuelve capital frente al modus operandi de las consultas simuladas de la 4T–como mandata el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El objetivo de la campaña #ElIstmoEsNuestro surgida de los mismo pueblos, no es sólo resistir ante la imposición de un monstruo que afectaría irreversiblemente la región de mayor biodiversidad del país, sino también “construir colectivamente una propuesta de desarrollo sustentable, comunitario y popular para el Istmo de Tehuantepec” a partir de la consulta de asambleas legítimas y no controladas desde arriba.
La imposición del Corredor Transístmico a los pueblos originarios comprende, además del llamado Tren Transístmico, un corredor completo de maquiladoras que atravesará del Pacífico al Golfo, una zona económica de excepción para la explotación y la rapiña de las empresas multinacionales extranjeras que allí operarán con ventajosos incentivos. A decir de las organizaciones y pueblos que conforman la campaña El Istmo es Nuestro, este megaproyecto va acompañado por fuerza “del saqueo y la privatización de los invaluables bienes naturales de los territorios indígenas y campesinos de 80 municipios oaxaqueños y veracruzanos, ubicados en la zona más biodiversa de México, por un corredor industrial y agroindustrial de empresas maquiladoras, armadoras y extractivistas (minas, extracción petrolera, parques eólicos, represas, turismo, etc.); todo ello al servicio de los intereses y para el lucro multimillonario de las empresas multinacionales y los gobiernos más poderosos del mundo”.
Y a propósito de la incursión de la Guardia Nacional agregan: “Una inversión de esa magnitud implicaría la total militarización de todo el Istmo, poniendo en riesgo la región geoestratégica más importante de nuestra nación”.
En la exposición del contexto que hacen los pueblos originarios del Istmo, no sería de extrañarse que la incursión de los 2 mil elementos de la Guardia Nacional en la zona hayan llegado, citando a Murat, para tomar “medidas de prevención” contra las luchas y resistencias centenarias de los pueblos de Oaxaca.
Ante esta urgencia y el oscuro panorama para los defensores de los pueblos, los días 6, 7 y 8 de septiembre tendrá lugar la Segunda Asamblea del Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno con Redes de Rebeldía y Resistencia, más organizaciones afines nacionales y extranjeras, se reunirán a fin de discutir, emitir resolutivos, pronunciamientos y rutas de lucha para detener el ecocidio, lenguicidio y culturicidio que dejaría a su paso un proyecto porfirista como el Corredor Transístmico.
AMLO dice conocer la historia. Que recuerde el episodio sobre cómo el soñado tren interocéanico de Porfirio Díaz, que traería jugosos beneficios para el gobierno de Estados Unidos y los grandes capitales de la época, no llegó a prosperar por diversos factores, pero en especial uno: el levantamiento de una revolución popular en contra de su gobierno personal e impositivo.
