Se trata de un hombre detenido en junio del 2015, que de acuerdo con el reporte en aquel momento, incluso lo relacionaban con secuestro. Sin embargo, sólo le acreditaron el delito de portación de arma y delitos contra la salud.
Ciudad Altamirano, Guerrero, 3 de enero de 2018. La Policía Federal (PF) fue acusada de torturar a un arcelense, al que golpearon y hasta le desprendieron un dedo de una mano para quitarle un anillo, en un caso ocurrido en el 2015, por lo cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación en la que piden investigar y sancionar a los responsables, además de reparar el daño causado.
Se trata de un hombre detenido en junio del 2015, que de acuerdo con el reporte en aquel momento, incluso lo relacionaban con secuestro. Sin embargo, sólo le acreditaron el delito de portación de arma y delitos contra la salud.
El organismo nacional emitió la recomendación 80/2018, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en la cual contó con evidencias para acreditar violaciones al derecho humano e integridad personal por actos de tortura.
De acuerdo con la denuncia ante la CNDH, la víctima dijo que “descansaba con su familia en un hotel ubicado en Arcelia (y) agentes de la Policía Federal ingresaron a su habitación, lo golpearon y al intentar quitarle dos anillos le desprendieron el segundo dedo de la mano derecha. Tras sacarlo del inmueble, lo subieron a una patrulla donde continuaron lesionándolo. Cuando estaba derribado, un policía se subía encima de él y le echaba agua en el rostro, mientras le exigía que se pusiera otro nombre y les señalara un domicilio donde había gente armada”.
De este caso se reportó que hay indicios oficiales de los golpes porque un médico lo atendió en Iguala de una herida en un ojo poco antes de ponerlo a disposición ante la subprocuraduría especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México.
La CNDH, señala que se debe investigar, procesar y, en su caso, sancionar a aquellas personas que cometan faltas o delitos, pero dichas acciones tienen que apegarse al marco legal y respeto a los derechos humanos.
Solicitan al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare el daño a la persona afectada, se le brinde atención psicológica y se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en la denuncia y queja que se formulen ante la PGR y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente, y capacitar al personal de la Policía Federal en materia de derechos humanos para erradicar la tortura y prevenir detenciones y aseguramientos que no se ajusten a la legalidad y que afecten la integridad de las personas.
Texto y foto: Israel Flores
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