Se pide una reparación integral del daño a las víctimas (un hombre y una mujer) en cuanto a atención, compensación, además de apoyo para integrar carpetas de investigación contra los responsables.
Acapulco, Guerrero, 1 de abril de 2019. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que señala a la Policía Federal por detención arbitraria contra dos turistas en abril de 2014 en Acapulco y torturar a una de ellas.
También indica que personal ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR antes PGR) violó el derecho al acceso a la justicia a la persona torturada.
En la recomendación emitida el 22 de marzo pasado, documento disponible en la página web de la Comisión Nacional, se indica que cuenta con evidencias para acreditar la detención arbitraria de dos personas y la tortura a una de ellas realizada el 21 de abril de 2014.
De acuerdo con el relato de los hechos, las dos víctimas, un hombre y una mujer, quienes se encontraban de vacaciones en Acapulco junto con amigos y familiares según declaró el primero, fueron detenidas a las 00:15 a.m. de esa fecha sobre la avenida Costera por cinco policías federales “quienes portaban armas largas y los forzaron a subir a una camioneta en donde los obligaron a agacharse en el asiento trasero del vehículo, iniciaron marcha y mientras los tenían dando vueltas eran golpeados, amenazados e interrogados por tales agentes, quienes en ese momento se identificaron como Interpol”.
A la víctima hombre le dijeron “que tenía un problema en Estados Unidos de América, ya que era buscado por la DEA y que si quería arreglar su problema les diera un millón de dólares”.
Posteriormente los llevaron a una casa donde los separaron. A él lo torturaron físicamente, lo intimidaron con abusar sexualmente de su novia, la víctima mujer, y le pidieron en varias ocasiones que les diera un millón de dólares para dejarlos en libertad. Al mismo tiempo, a la mujer “le infirieron malos tratos, pues la ataron a una silla y le dijeron que conocían dónde vivía, a qué se dedicaba, que tenía un hijo y que la iban a meter a la cárcel sólo por estar con” su pareja.
Un “comandante” habló con ella y le indicó que “le harían el favor de no incluirla en la declaración”, pero debía decir que habían sido detenidos en un retén, en donde ella se había identificado con su credencial de elector y la otra víctima “se había echado a correr, tropezó y en ese momento lo aseguraron.”
La CNDH señala que las declaraciones de los agentes involucrados tienen inconsistencias respecto a la hora, forma y lugar de la detención.
Posteriormente fueron trasladados a la Ciudad de México donde la víctima hombre fue presentada a las 9 de la noche de ese mismo día ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR donde se le abrió una averiguación previa por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de arma de fuego exclusivo de las fuerzas armadas y de lo que resultara.
Por su parte, la víctima mujer “no fue puesta a disposición de alguna autoridad competente que resolviera su situación jurídica, y estuvo retenida ilegalmente durante más de 26 horas, ya que fue liberada como a las 02:30 horas del 22 de abril de 2014, cuando los policías federales la dejaron en las inmediaciones de la terminal de autobuses Central del Norte, en la Ciudad de México”.
Los policías federales le dijeron que no iba a ser incluida en la declaración y pudo ver a su pareja en las instalaciones de la SEIDO “momento en que se percató que se encontraba muy hinchado de la cara, pero fue amenazada por los policías federales con hacerle daño a ella, a su hijo y su familia si se presentaba en algún juzgado.”
La CNDH también señala a personal ministerial de la FGR por violación al acceso a la justicia a la víctima hombre. Debido al testimonio de tortura y en razón de la vista que ordenó el Juzgado del Distrito 1, la Unidad en Investigación de Tortura adscrita a la FGR abrió una averiguación previa pero “incurrió en dilaciones innecesarias en su integración, ya que ha hecho constar hechos que no aportan información sustantiva a la investigación y esclarecimiento de los hechos”.
Además no hay constancia de que se haya practicado el “Protocolo de Estambul… aun cuando fue solicitado desde el 19 de febrero de 2015; no se ha practicado la inspección ministerial en el lugar de los hechos, ni el dictamen de mecánica de lesiones, entre otras diligencias necesarias para el perfeccionamiento de la indagatoria”.
Es así que la CNDH pide una reparación integral del daño a las víctimas en cuanto a atención, compensación, además de apoyo para integrar carpetas de investigación contra los responsables.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: El Sur
