Mexicali, Baja California, 1 de noviembre de 2019. El morenista Jaime Bonilla, quien tomó protesta como Gobernador de Baja California el primer minuto de hoy ante el pleno del Congreso, inicia su gestión entre la incertidumbre sobre su periodo de mandato.
Actualmente la Suprema Corte de Justicia revisa varias acciones de inconstitucionalidad que buscan anular la reforma que extendió de dos a cinco años el periodo en la gubernatura.
El ministro Fernando Franco dio entrada a las demandas presentadas por el partidos de oposición, pero rechazó conceder una suspensión para impedir la toma de protesta.
Bonilla obtuvo la victoria electoral el pasado 2 de julio con una ventaja de más de 25 puntos frente al panista José Oscar Vega Marín.
El INE interpone acción de inconstitucionalidad
A unas horas de que Jaime Bonilla rinda protesta como gobernador de Baja California, el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad para invalidar la ampliación de su mandato, de dos a cinco años, que aprobó el Congreso estatal.
Este recurso se une al que dicho organismo presentó hace unos días ante el tribunal electoral para que aclare por cuántos años asumirá el morenista.
“La acción de inconstitucionalidad presentada por el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina pretende que la SCJN declare inconstitucional el Decreto número 351 aprobado por el Congreso de Baja California el pasado 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.
“El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California”, informó el INE.
Con ambos recursos, expuso el organismo, se hacen valer sus facultades constitucionales implícitas, considerando que el recurso ante la Suprema Corte se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de los procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo.
En el documento entregado a los ministros, el INE argumenta que el artículo 105 constitucional establece que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones fundamentales.
El INE insiste en que la reforma a la Constitución local, después del proceso electoral de Baja California, pone en riesgo la certeza jurídica, pues la norma vigente en materia electoral señala claramente las etapas de un proceso y el periodo del mandato para el que compiten los políticos que se inscriben.
“El decreto expedido por el Congreso local pretende desconocer ese hecho y lesiona principios fundamentales de la democracia, cuyos preceptos se han venido construyendo en nuestro país”, agregó.
La Corte tiene la última palabra en BC: Segob
Con un pie en el avión para viajar a Mexicali, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la última palabra en la polémica por la ampliación del mandato a cinco años de Jaime Bonilla como Gobernador de Baja California la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En todo caso, alegó la funcionaria, Bonilla fue electo por voluntad popular en unos comicios libres.
“Lo del mandato de dos o de cinco años, lo he dicho en todos los foros, la última palabra la tendrá la Suprema Corte. Ya hay muchos recursos que están interpuestos, ya hay algunos que han sido admitidos, y yo no quisiera sustituirme”, expresó.
“No quisiera sustituirme a una instancia jurisdiccional. Cualquier acto legislativo que provenga de un Congreso local constitucional y legalmente facultado para la emisión de una ley o de actos legislativos, se presume y tiene una presunción de validez hasta que el Tribunal constitucional no declare la invalidez o la inconstitucionalidad del acto”.
Sánchez Cordero partió esta mañana a la ciudad de Mexicali para atestiguar mañana viernes la toma de protesta de Bonilla, cuya pretensión de gobernar cinco años en lugar de dos años se ha ganado la repulsa de la Oposición.
“Voy en representación del señor Presidente. Voy a la toma de protesta de un Gobernador constitucional y electo por voluntad popular en unas elecciones libres, sin ninguna intromisión. No hubo una sola queja en contra del gobierno federal en las elecciones. Las cosas buenas como que no se perciben tanto”, aseveró.
La secretaria explicó que la ampliación del mandato se presume válido “porque lo emite un órgano constitucional y legal facultado para ello.
“Saben mi opinión como ex ministra: voy a la toma de protesta de un gobernador constitucionalmente electo, así que voy a representar al presidente en esta toma de protesta, que por cierto, será en el primer minuto del día 1° de noviembre, o sea que ahí estaremos a las 12 de la noche para que en el primer minutos sea ya el gobernador constitucional y no el gobernador electo”, dijo.
Texto: Agencia Reforma / Foto: IMER (Twitter)
