Representantes de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos hacen un balance de las acciones del gobierno saliente en la materia. Su conclusión es que, debido a su intolerancia a la crítica y el afán de resolver sólo las crisis de imagen y no las de fondo, Enrique Peña Nieto deja una herencia desastrosa.
Texto: Gloria Leticia Díaz / Agencia Proceso
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. En el ocaso de la administración de Enrique Peña Nieto, representantes de las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y Open Society Justice Initiative alertan sobre su “legado catastrófico y sangriento” en materia de derechos humanos, así como el papel de “simulación sin precedentes” para tratar asuntos que por su gravedad tuvieron un fuerte impacto mediático, como el caso Ayotzinapa.
La desaparición forzada de los 43 normalistas dejó un sello indeleble en el gobierno de Peña Nieto y fue tema de una serie de videos producidos por la Presidencia para promocionar el sexto informe de gobierno, en un intento fallido de desvincular al mandatario de cualquier responsabilidad en la nula aplicación de la justicia, prácticamente una reedición del llamado a “superar” el dolor por la tragedia que el presidente hizo en diciembre de 2014 en una gira por Guerrero.
Peña Nieto selló su vínculo con la desacreditada “verdad histórica” en un video de dos minutos. En éste señala a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos por su “negativa y el rechazo” a “aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República”, y reitera que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula por “un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero”.
El video, transmitido en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y a cinco días de que representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudieran a la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa a presentar su informe sobre el caso, fue considerado por los familiares de los 43 como una nueva afrenta del gobierno saliente.
Por ese motivo emitieron comunicados para recordar que la versión oficial ha sido desenmascarada por instancias internacionales como la CIDH, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas.
Administración intolerante
En entrevistas por separado, Ericka Guevara Rosas, directora de AI para América Latina, e Ina Zoon, representante de Proyectos en América Latina de Open Society Justice Initiative, coinciden en que la transmisión del video muestra la lamentable conducción del gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos.
“Al ser un video que reafirma y confirma lo que se conoce como ‘la verdad histórica’ de este gobierno, que ha sido cuestionada y desafiada por múltiples organizaciones, organismos internacionales y expertos independientes… no sólo deja sin verdad, sino sobre todo sin justicia ni reparación a las víctimas y a sus familias”, sostiene Guevara Rosas.
Además, advierte, el video refleja “la intolerancia a la crítica” del gobierno federal que se hizo evidente hacia el GIEI y antes hacia el relator sobre Tortura de la ONU, Juan Méndez. En el caso de los expertos designados por la CIDH, señala la activista, “fueron víctimas de campañas de desprestigio, con mecanismos de protección nulos por parte de las autoridades, con limitaciones al ejercicio de sus funciones, que eran también un síntoma claro de cómo este gobierno pretendía ocultar la verdad: por un lado, la violación a derechos humanos, y por el otro, reaccionaron para manejar la crisis mediática, pero no la crisis verdadera, que es la situación de los derechos humanos”.
Guevara Rosas acota que la crisis en esta materia “sin duda venía de años atrás”, pues Peña Nieto recibió al país con un registro de 22 mil personas desaparecidas, pero durante su mandato “lo único que hizo fue casi duplicar esa cifra, con más de 37 mil desaparecidos en 2018… El legado que deja el presidente Peña Nieto es catastrófico y sangriento”.
Recuerda que en febrero de 2014 acompañó a quien fuera secretario general de AI, Salil Shetty, a una reunión con Peña Nieto y funcionarios de primer nivel para entregarles un memorándum de las principales preocupaciones de la organización en materia de derechos humanos.
Una prueba de la “indolencia”, dice, es la impunidad en que esta administración deja al menos un centenar de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y otro tanto de periodistas, una característica “bastante nefasta” del sexenio que termina.
Guevara Rosas reconoce que AI recibió “ataques del gobierno” al hacer públicos informes sobre graves violaciones a derechos humanos, lo que confirmó “un síntoma preocupante ante la intolerancia ante la crítica constructiva y ante las propuestas de la sociedad civil”.
Sexenio de simulación
Ina Zoon coincide en que un rasgo distintivo del gobierno de Enrique Peña Nieto fue su intolerancia hacia las observaciones de organizaciones y organismos internacionales.
Zoon fue pieza fundamental en la elaboración de los informes Atrocidades innegables (2016) y Corrupción que mata (2018), que causaron escozor al equipo de Peña Nieto por sus revelaciones sobre la colusión entre fuerzas federales y Los Zetas para perpetrar crímenes de lesa humanidad, de manera particular en las desapariciones masivas en Coahuila.
Señala que esos estudios revelan “la gravedad y la complejidad de la investigación de los crímenes cometidos y las redes de macrocriminalidad”, y por eso no pudieron ser controvertidos por el gobierno de Peña en su metodología ni en sus fuentes de información, lo cual provocó que entonces el ataque gubernamental se centrara en la propuesta de Open Society Justice Initiative.
“Para crear esta confianza en la independencia de la investigación, el gobierno hubiera tenido que aceptar la idea de crear una comisión o un mecanismo internacional contra la impunidad y aceptar la participación de expertos extranjeros y mexicanos en un mecanismo aislado de las presiones políticas de una fiscalía o de una procuraduría.
“Esto fue precisamente lo que el gobierno de Peña Nieto rechazó, diciendo que no iban a aceptar ningún involucramiento de expertos extranjeros en este tipo de investigación.”
A final de cuentas, comenta Zoon, esa reacción es parte del papel que Peña Nieto adoptó en materia de derechos humanos: “Entre la simulación y la autocomplacencia; entre las mentiras y la arrogancia de creer que nadie tiene derecho a dudar lo que las autoridades afirman”.
Señala que el gobierno de Peña Nieto “ha elevado la simulación a un nivel sin precedentes”. Ni siquiera el gobierno de Calderón, dice, llegó tan lejos”. Y añade que también simuló al pretender que con la promulgación de las leyes que no se aplican “las víctimas estaban más que servidas”.
De igual forma, explica Zoon, la autoridad federal incurre en ese vicio al pensar que “se puede esconder la gravedad del problema si no hay datos, se falsifican o se presentan datos parciales” sobre el caso; o bien si se asegura que los asesinatos de civiles son únicamente cometidos por el crimen organizado o se niegan las ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad, simplemente porque éstos no están tipificados.
Para la representante de la organización radicada en Estados Unidos, “con su lenguaje prepotente y el discurso contrario a los derechos humanos” el gobierno de Peña Nieto realizó “un papel dañino” en la sociedad mexicana, al dividirla “entre aquellos que creen que los derechos humanos son para criminales y los que creen que los derechos humanos son para todo el mundo”.
Asimismo, comenta que con Peña Nieto fue más evidente la estrategia de “dividir los movimientos de víctimas” al separar a las familias de las organizaciones sociales y apoyar en todo caso a grupos “patito” que “crecen y tienen relevancia por el apoyo gubernamental”.
Con todo, Zoon resalta que la negación de la realidad por parte del gobierno de Peña Nieto significó un reto para los académicos y las organizaciones de la sociedad civil para investigar lo que sucede en México, por lo que empezaron indagando casos aislados, siguieron con las violaciones graves y posteriormente inspeccionaron las violaciones masivas de derechos humanos.
Tanto AI como Open Society Justice Initiative han tenido acercamientos con integrantes del gabinete del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. El 8 de agosto, AI entregó al presidente electo, como acostumbra hacerlo, un memorándum de su evaluación sobre la situación de los derechos humanos en el país, documento que incluye 49 recomendaciones.
Para Guevara Rosas el cambio de gobierno alienta una esperanza de que “haya un enfoque importantísimo en temas de verdad y de justicia, que las víctimas estén representadas y puedan ser el centro de la toma de decisiones -sobre la crisis de derechos humanos”.
A su vez, Ina Zoon colabora en la organización de un encuentro de López Obrador con la sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos, tentativamente en septiembre. Como López Obrador se va a topar con movimientos de víctimas “muy desconfiadas, muy heridas, que han sufrido muchísimo maltrato por parte de las autoridades”, la representante de Open Society considera que el reto del próximo presidente será marcar su diferencia respecto de la administración de Peña Nieto.
(En la imagen: Padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, en la conferencia de prensa donde informaron sobre su apelación a SCJN ante la ofensiva del gobierno de Enrique Peña Nieto está realizando para defender la “verdad histórica” el pasado 25 de julio. Foto: Cuartoscuro)
