En el primer año de López Obrador, persisten masacres y ejecuciones masivas en Guerrero

De enero a noviembre en nueve hechos violentos se contabilizan 71 muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o entre grupos delictivos

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30 noviembre,2019 4:31 am
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De enero a noviembre en nueve hechos violentos se contabilizan 71 muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o entre grupos delictivos.

Chilpancingo, Guerrero, 30 de noviembre de 2019. Enfrentamientos, masacres y ejecuciones masivas con características del crimen organizado, marcaron el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Guerrero.

Aun cuando las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  (SESNSP), indican que los homicidios dolosos fueron a la baja y que hasta octubre pasado la tendencia era de 22.2 por ciento menos que en el mismo periodo de 2018, (30.7 por ciento, según dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño el miércoles en Acapulco), los eventos con asesinatos masivos se intensificaron en diferentes regiones del estado.

El presidente López Obrador dijo que no le declarará la guerra al narcotráfico y resume su estrategia para lograr la paz en el país en la frase de “abrazos no balazos”. Sin embargo, en Guerrero la violencia con características del crimen organizado se intensificó y solamente nueve eventos violentos contabilizados de enero a noviembre de este año arrojaron 71 muertos.

Los muertos se dieron en enfrentamientos lo mismo entre las fuerzas federales con grupos delictivos que entre grupos criminales. También hubo enfrentamientos entre las llamadas policías comunitarias o grupos de autodefensa. Ocurrieron por igual, masacres y ejecuciones masivas con características de la delincuencia organizada.

El secretario de Seguridad Pública del estado, David Portillo Menchaca, compareció ante las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad del Poder Legislativo. Ahí informó que se contabilizan a 24 grupos armados al margen de la ley que operan en el estado, la mayoría autodenominados policías comunitarias.

El recuento

El 27 de enero hubo dos enfrentamientos: uno a las 11 de la mañana cerca de la comunidad de Paraíso de Tepila, municipio de Chilapa, con saldo de diez muertos. Otro más ocurrió a las 3 de la tarde en la entrada de Rincón de Chautla, donde hubo otros dos muertos. Ambas localidades son vecinas y se encuentran a unos 5 kilómetros una de la otra.

En esta zona se disputan el territorio los grupos delictivos Los Ardillos y Los Rojos, así como las policías comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y Por la Paz y la Justicia, a la que los primeros vinculan con Los Ardillos.

En ese enfrentamiento, según la CRAC-PF los agresores fueron Los Ardillos y su policía Por la Paz y la Justicia, mientras que la Policía Comunitaria de la CRAC-PF defendió su territorio. Los 12 muertos fueron del grupo de Los Ardillos y su policía comunitaria.

El 27 de abril nueve trabajadores de un aserradero, ubicado cerca de la comunidad de San Ignacio, en la Sierra de Zihuatanejo, fueron ejecutados. Las nueve víctimas eran integrantes de las familias Rodríguez Urióstegui y Rodríguez Zamora. Los agresores utilizaron fusiles de asalto.

El multihomicidio ocurrió en una zona de enfrentamientos de los grupos Sangre Nueva y Los Viagras que dirigen los hermanos Sierra Santana, contra la Guardia Guerrerense que encabeza Oliver Coria, El Ruso.

El 26 de mayo fueron encontrados ocho cadáveres en la caja de una camioneta abandonada a orillas del encauzamiento del Río Huacapa, en el barrio de Santa Cruz de Chilpancingo, frente al Colegio México, propiedad de la familia del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Las víctimas fueron encontradas amontonadas en la caja de una camioneta Nissan tipo estaquitas, blanca. La mayoría presentaban huellas de tortura y eran integrantes de una misma familia originaria de Tixtla donde existe una confrontación entre el grupo de Los Rojos y Los Ardillos.

El 20 de junio, tres policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron ejecutados y otro más quedó herido en un ataque a balazos en la colonia Vista Hermosa de Ocotito, municipio de Chilpancingo, cerca de la casa del comandante de esa policía, Deivi Barrientos. El ataque fue con rifles de asalto AR-15 y AK-47.

En el Valle del Ocotito se disputan la zona las policías de la UPOEG y del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que controla Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.

Días antes del ataque el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), al que pertenece el FUSDEG, había anunciado su ingreso al Valle del Ocotito.

El FUPCEG irrumpió el 11 de noviembre del 2018 en Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) donde todavía se mantiene.

El 24 de junio seis policías comunitarios de la UPOEG fueron emboscados y asesinados cerca de la localidad de El Camarón, municipio de Petatlán, cuando subían a la comunidad serrana de Santa Rosa a relevar a otro grupo de esa policía.

Según reportes policiacos se disputan esa zona de Petatlán los cárteles Guardia Guerrerense y la Familia Michoacana vinculada con grupos locales.

El 26 de septiembre tres efectivos de la 35 Zona Militar de Chilpancingo fueron asesinados en una emboscada cerca de la comunidad de El Balsamar, municipio de Leonardo Bravo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó en un boletín, que el ataque a los soldados ocurrió cuando los uniformados realizaban un recorrido de reconocimiento terrestre como parte de la Operación de erradicación intensiva Guerrero 3-19, para la destrucción de plantíos de enervantes.

La zona de la emboscada está controlada por el grupo delictivo Cártel del Sur que encabeza Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, a quien responsabilizaron del ataque y muerte de los tres soldados.

El 15 de octubre un supuesto enfrentamiento entre integrantes del Ejército y civiles armados en la comunidad de Tepochica, municipio de Iguala, dejó 15 muertos: 14 pistoleros y un militar.

La Sedena aseguró que el personal militar aplicó la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza en su protección y defensa como respuesta a la agresión de un grupo armado, y el presidente López Obrador aseguró en su conferencia mañanera un día después que un solo elemento militar que estaba herido disparó con un arma automática y fue el que abatió a los 14 civiles armados.

Esta versión, y la forma en que quedaron dispuestos los cuerpos de las 14 víctimas dio lugar a señalamientoes de que se trató más que de un enfrentamiento, de una ejecución.

La zona donde ocurrieron los hechos es un área de influencia del grupo delictivo Guerreros Unidos, señalado como responsable de los ataques y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014.

Las víctimas serían de una escisión de esa organización a cuyos integrantes se les conoce como Los Números.

El 20 de octubre cuatro hombres fueron asesinados a balazos a bordo de una camioneta, tras ser emboscados por civiles armados en el punto conocido como La Soledad en el municipio de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica. Una de las víctimas era el sobrino del alcalde por Morena, Alejandro Marín Mendoza.

Los hombres armados interceptaron a los que viajaban en una camioneta y les dispararon, lo que provocó que la unidad se volcara.

En esa región, de acuerdo con reportes de autoridades, operan las bandas Los Marín, Los Carrillo y Los Añorve y tienen su base de operaciones en Cuajinicuilapa y Ometepec desde donde se dedican al secuestro, homicidio, extorsión, así como a la producción y tráfico de drogas.

El 23 de octubre fueron hallados nueve personas muertas en el poblado de Pochahuizco, municipio de Zitlala.

Según la carpeta de investigación las víctimas presentaban características de haber sido ejecutadas, pero el gobierno informó en un boletín que se trató de un enfrentamiento entre civiles armados.

Esa es una zona de enfrentamientos entre los grupos de Los Ardillos y Los Rojos. En donde se encontraron los cadáveres fueron hallados 50 casquillos percutidos calibre 7.62 y 2.23 que utilizan los rifles AK47 y AR-15, respectivamente.

El 10 de noviembre se reportaron enfrentamientos con resultado de al menos 14 muertos en las comunidades de Los Guajes, La Cañita, Los Alacranes, El Pino, San Rafael y La Parota del Cuartel, municipio de Zirándaro de los Chávez. El número de muertos no fue confirmado por ninguna autoridad y sólo se obtuvo la versión de los pobladores, mientras que el alcalde de Morena, Gregorio Portillo Mendoza sólo confirmó la muerte de una persona y 10 heridos en el pueblo de San Rafael.

Las comunidades donde ocurrieron los enfrentamientos es zona de disputa entre la Familia Michoacana y células que pertenecen al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 26 de noviembre el vocero de la Policía Ciudadana de la UPOEG en Petatlán, Víctor Espino Cortés, informó de cinco muertos en la comunidad serrana del Barrio de las Flores por parte de hombres armados del grupo de la delincuencia organizada que impera en esa región.

Espino Cortés reportó que de los cinco muertos sólo se encontraron dos cuerpos en Barrio de las Flores. De otros tres saben que los mataron y descuartizaron porque por la tarde de ese mismo día el grupo delictivo que se los llevó subió fotografías a Facebook de cuando los llevaban amarrados del cuello y de las manos y después cuando ya estaban descuartizados adentro de una zanja para enterrarlos.

Hasta el 27 de noviembre los familiares de los tres desaparecidos desconocían donde fueron sepultados.

Esa es zona que se disputan los grupos delictivos La Familia Michoacana y Guardia Guerrerense que dirige Oliver Coria, El Ruso.

Texto: Zacarías Cervantes / Foto: El Sur/Archivo

 

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