Se cree en la opinión de que los militares son la única fuerza que puede contener la avalancha delincuencial, pero va en detrimento de fortalecer los cuerpos civiles de seguridad, sostiene Abel Barrera, de Tlachinollan. La inseguridad requiere no solamente de una respuesta policiaca o militar, dice Manuel Olivares, del Centro Morelos.
Chilpancingo, Guerrero, 18 de enero de 2019. Representantes de organismos de derechos humanos, descartaron que la Guardia Nacional vaya a ser la solución al problema de la violencia y la inseguridad, y menos en un estado como Guerrero donde el Ejército tiene un nutrido expediente de violación a los derechos humanos y ve en los movimientos sociales a enemigos que hay que atacar con tácticas de contrainsurgencia.
Plantearon que en sus más de diez años en las calles en el país, y y muchos años más de una presencia masiva en Guerrero, se desmostró que con los militares en vez de disminuir los índices de violencia, se incrementaron las graves violaciones a los derechos humanos.
Este miércoles, la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y en lo particular la creación de la Guardia Nacional.
Al respecto fueron consultados el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachonollan, Abel Barrea; el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares y la presidente de la organización Aliadas por la Justicia y defensora de los derechos de las mujeres, María Luisa Garfias Marín.
Abel Barrera Hernández, declaró que la Guardia Nacional se creó con una visión basada en la opinión de que los militares son la única fuerza que puede contener la avalancha delincuencial, pero que, en los hechos, va en detrimento de lo que han planteado los organismos de derechos humanos, que es fortalecer los cuerpos civiles de seguridad.
Planteó que lo que se debió hacer fue trabajar mucho en la depuración de las policías y en su profesionalización, para que sean éstas las que se encarguen de una seguridad ciudadana fundamentada en el respeto a los derechos humanos, pero denunció que a la clase política le ha costado mucho atender esta propuesta de los organismos civiles.
“Todo esto ha sido descalificado como alta prioridad, y le apuestan más al Ejército, pero no podemos ignorar que su formación y naturaleza es básicamente el uso de las armas y la fuerza para someter a quien considera como su enemigo, porque está en la lógica de la guerra”, expresó.
Recordó que en el sexenio de Felipe Calderón, cuando le declaró la guerra al narcotráfico y a los cárteles de la droga, hubo un saldo sangriento y de graves violaciones a los derechos humanos y que hasta llegó a decir que las víctimas eran daños colaterales, “cuando realmente lo que sucedió fue que se entró en una vorágine de grave crisis de derechos humanos y hasta la fecha no hemos podido salir de este laberinto de la violencia”.
Dijo que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él no va a mandar a reprimir a la población, pero que “lamentablemente” hay hechos que sí suceden en estados como Guerrero, donde el ejército asume el poder por encima de la autoridad civil y sus mandos y sus estrategias nunca son públicas, y siempre actúa en la opacidad y en la secrecía.
Agregó que, además, el ejército tiene su propia lógica y ve a los adversarios políticos del gobierno como a los que hay que controlar, vencer y someter, “hay todavía una lógica de contrainsurgencia en Guerrero”.
Declaró que en estados como Guerrero no se ha desechado la idea de que los luchadores sociales son un peligro para la sociedad y para el Estado de derecho, “y en esa visión de contrainsurgencia es como han sucedido las masacres, las matanzas, las ejecuciones y las desapariciones atribuidas a las autoridades castrenses que actúan con toda su fuerza de estado”.
Además, dijo que las graves violaciones a los derechos humanos en Guerrero son una cuenta que no se ha saldado, “hay una herida abierta desde la década de los setentas con los desaparecidos, y no se ha rendido cuentas ni se ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la presentación y esclarecimiento del paradero de Rosendo Radilla, que es una sentencia que ha dado mucho que decir”.
Recordó que esta sentencia fue parte de estos cambios que demandan los organismos de derechos humanos para que el ejército se supedite a la autoridad civil y deba ser investigado por la autoridad civil.
“Lamentablemente todas estas sentencias y toda la lucha de las víctimas en contra del uso de la fuerza y la guerra sucia no ha sido escuchada ni atendida en su justa dimensión por parte de los diputados, y ahora se quiere sacrificar un fin mayor que supuestamente es garantizar seguridad, a costa de los derechos humanos y el clamor general, mientras las víctimas siguen sin verdad y sin justicia por los delitos del pasado.
En su opinión, antes de dejar seguir al ejército en las calles y en las tareas de seguridad, primero se tienen que subsanar las heridas y llamar a cuentas al ejército por los delitos que se le han señalado.
Por su parte, Manuel Olivares, dijo que la Guardia Nacional no será la solución al problema de la inseguridad.
Admitió que sí puede coadyuvar ante este problema que es muy grave, “pero la inseguridad requiere no solamente de una respuesta policiaca o militar, requiere de una estrategia integral que contemple medidas de carácter social, de desarrollo y políticas públicas para que realmente pueda funcionar en el combate a la delincuencia”.
Explicó que el hecho de que se haya aprobado un mando militar de la Guardia Nacional, prácticamente es aceptar lo que siempre han buscado los militares, tener ellos el mando y el control del país.
Aclaró que el problema no es que sean los militares los que tengan bajo su mando el combate a la inseguridad, sino que eso lleva implícito legitimar la militarización en el país y con ello el incremento a las violaciones de los derechos humanos.
Dijo que así como están planteando la guardia nacional, con un mando militar operativo y un civil administrativo, “no ayuda ni es lo que los organismos civiles hemos estado solicitando”.
Recordó que en Guerrero la presencia del Ejército es histórica, y que después cuando el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y lo sacó las calles del país, no sirvió para disminuir el índice de criminalidad, por el contrario, aumentó y también aumentaron las violaciones a los derechos humanos, dijo.
“Hay muchos ejemplos en el país que nos comprueban que el Ejército está preparado para la guerra, para el combate y para el extermino y los militares no se van a volver respetuosos de los derechos humanos por decreto”, declaró.
En tanto, para María Luisa Garfias, el ejército tiene una experiencia totalmente negativa por las violaciones a los derechos humanos, desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales, “y yo creo que una Guardia Nacional con mando militar operativo y mando civil administrativo no es garantía de respeto a los derechos humanos”.
Opinó que, por el contrario, puede generar que la situación de crisis humanitaria, de violencia y violaciones a los derechos humanos pueda recrudecerse.
Para Garfías Marín no sería muy positivo tener una Guardia Nacional, sobre todo porque sus mandos operativos no van a ser civiles y no tienen formación de derechos humanos y su poder les ha permitido poder violar los derechos de las mujeres y los hombres, “por eso mi postura es en desacuerdo”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: archivo El Sur
