Ciudad de México, 20 de julio de 2020. Desde recibir protección y alojamiento, hasta el cambio de identidad, son algunos beneficios que por ley podría recibir Emilio Lozoya si se convierte en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo la figura del criterio de oportunidad.
Así se explica en una tarjeta informativa difundida por la oficina del senador de Morena Ricardo Monreal sobre la situación jurídica del ex director de Pemex.
Los beneficios, contemplados en la Ley federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, son extensivos a personas ligadas por vínculos afectivos o de parentesco.
“Las medidas de seguridad, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en alguna de las siguientes: I. La salvaguarda de la integridad personal en los siguientes aspectos: a) Físico. b) Psicológico. c) Patrimonial. d) Familiar”, indica el artículo 18 de la ley mencionada.
“Previa determinación del Procurador se podrá otorgar y ordenar, con base en las circunstancias del caso, la autorización para que ante las autoridades competentes se gestione una nueva identidad de la Persona Protegida, dotándolo de la documentación soporte”.
El apartado número cinco habla sobre suministrar alojamiento temporal o los medios económicos para transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral y trámites personales.
“Así como aquellos que requiera para cumplir con sus obligaciones, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona protegida se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios”.
La información difundida por la oficina del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reitera que la FGR podrá abstenerse de ejercer acción penal en contra de Lozoya, con base en la aplicación de criterios de oportunidad.
“La aplicación de este criterio de oportunidad no debe confundirse con ninguna forma de impunidad”, acota el documento.
“Al contrario, se traduce en el uso del testimonio de persona con conocimiento en actividades criminales, para la persecución de delitos de mayor impacto, con lo que se busca lograr una eficaz procuración de justicia, llegando al principal autor del delito”.
El ex director de Pemex llegó a México extraditado de España luego de negociar con la FGR un criterio de oportunidad que lo convertirá en testigo colaborador de nuevas investigaciones.
Para ello, Lozoya ya ofreció a las autoridades federales por lo menos 12 videos que exhiben los pagos de sobornos que hizo a políticos y ex legisladores del PAN y PRD, a cambio de votar por la reforma energética.
Acceso restringido en el hospital
Dos patrullas de la Guardia Nacional permanecieron ayer en la entrada del Hospital Ángeles del Pedregal donde está internado el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
En las unidades se encontraban dos agentes de la corporación federal.
La entrada peatonal del nosocomio, que suele ser libre, estaba restringida en el acceso sobre Camino de Santa Teresa.
A su llegada a México, la madrugada del viernes pasado, Lozoya fue trasladado al hospital por anemia, problemas en el esófago y debilidad general.
Durante una semana, el ex director de Pemex permanecerá bajo tratamiento médico, lo que le impedirá desahogar la primera audiencia judicial por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Pidió Lozoya dinero en cuenta ligada con Odebrecht
Emilio Lozoya cobró en 2012 a Altos Hornos de México (AHMSA) una suma de 3.5 millones de dólares por conceptos que oficialmente quedaron registrados como servicios de consultoría inmobiliaria, relacionados con el tren interurbano México-Toluca y un proyecto ferroviario en Coahuila.
Son dos contratos que, si bien fueron suscritos antes de que fuera nombrado director de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que son una especie de soborno anticipado para que en 2013 la empresa estatal comprara a la siderúrgica la planta “chatarra” de Agronitrogenados.
Esta planta, localizada en el complejo de Pajaritos, Veracruz, fue adquirida en 273 millones de dólares, una cantidad que supuestamente es 10 veces mayor a su valor real, según la denuncia que Pemex presentó ante la FGR.
Lozoya y Alonso Ancira, dueño de AHMSA, ofrecieron a la Fiscalía estos contratos fechados el 1 de marzo y el 25 de octubre de 2012. El suscrito antes de la elección presidencial ascendió a 500 mil dólares y el posterior a 3 millones de dólares.
El propósito de presentarlos al Ministerio Público era desbaratar la acusación del supuesto soborno previo; sin embargo, la documentación no impidió que el 25 de mayo de 2019 un juez federal ordenara sus respectivas aprehensiones por lavado de dinero.
Lozoya pidió a AHMSA que le depositara el dinero en una cuenta registrada a nombre de Tochos Holding, en las Islas Vírgenes Británicas, misma que la FGR afirma que fue el destino final de una parte de los sobornos de Odebrecht.
Los 3.5 millones de dólares fueron pagados en cinco transferencias, entre el 12 de junio y 28 de noviembre de 2012.
En el pasado reciente, la defensa del ex funcionario ha asegurado que la relación contractual de Lozoya con AHMSA es muy anterior al 2012, cuando asumió las riendas de la petrolera.
En las cláusulas de los contratos Lozoya manifiesta estar familiarizado con la Convención al Combate del Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros (OECD) y el Acta de Prácticas Corruptas Extranjeras de Estados Unidos, llamada Legislación Anticorrupción, misma que aseguró no haber violado.
Texto: César Martínez / Agencia Reforma / Foto: Archivo
