Preocupa al gremio la facilidad con la que se podrían piratear las obras que se entreguen a los acervos de la Biblioteca de México, la del Congreso de la Unión y la Nacional de México
Ciudad de México, 27 de julio de 2021. La nueva Ley General de Bibliotecas, que entró en vigor a principios de junio pasado, implementa, según editores, medidas excesivamente punitivas e impone requisitos administrativamente inviables para los sellos del país, particularmente para los independientes.
Fraguada en el seno de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura (Secultura) federal, durante la polémica gestión de Marx Arriaga, esta ley ya ha sido objeto de cerca de un centenar de amparos para impugnar diversos artículos de la misma.
Consultados, agentes de la cadena del libro y expertos en legislación cultural alertan, en especial, sobre un aspecto de la ley: la creación de un Depósito Legal de Publicaciones que podría vulnerar los derechos de autor.
De acuerdo con el Capítulo 10, cada empresa creativa que produzca libros, publicaciones periódicas, fonogramas o películas, entre otros, deberá entregar tres ejemplares de una nueva obra a cada una de las instituciones depositarias: la Biblioteca de México, la del Congreso de la Unión y la Nacional de México.
Apenas en un párrafo, y sin consultar a los afectados, la ley demanda que los sellos entreguen también una copia digital de sus obras, sin mención alguna de los mecanismos que habrán de ponerse en marcha para su resguardo ni la garantía de la protección de sus derechos de autor.
“Hoy en día, en lo digital, si entregas un epub (archivo con formato de libro electrónico), entregas una copia maestra, y la pueden fácilmente piratear”, denuncia Pablo Moya, titular de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI). “Supongamos que tienes una ventanilla, entregas un CD o un USB con tu libro. ¿Por cuántas manos puede pasar ese USB?”.
Todavía sin un reglamento, la ley no especifica cuál será el destino de ese archivo, si será meramente para tener la memoria de su publicación o si los usuarios podrán disponer de él de algún modo y bajo qué reglas.
Como cabeza del gremio, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) saluda la creación de la ley, pero expone sus reservas con algunos artículos.
“Nosotros somos los primeros interesados en tener una buena ley de bibliotecas, nosotros como editores, que realmente apoyen lo que está buscando, que los bibliotecarios tengan una remuneración más justa y darle vida a las bibliotecas, porque sí es cierto que hay 7 mil 400 bibliotecas que han estado un poquito perdidas”, comenta al respecto Juan Luis Arzoz, titular de la Caniem.
No obstante, la Cámara apoya las objeciones de los editores sobre los archivos digitales.
“Ahí es donde estamos un poco en desacuerdo, porque no tenemos ni idea de cómo van a hacer esto y cómo le van a hacer con los derechos de autor y una serie de cositas que nos preocupan”, declara. “No puede haber descargas, ¿estás de acuerdo? Porque entonces se acabó. Si es para consulta, ¿cómo van a proteger los derechos de autor? ¿Cómo van a proteger las obras?”.
Asimismo, la Caniem también considera que la multa por no entregar un ejemplar al Depósito Legal, de 50 veces el valor del mismo, es excesiva.
Para las editoriales independientes, esto hace aún más adverso un panorama negro a causa de la pandemia de Covid-19.
“Estamos en una situación muy complicada, y esta ley nos cae como un balde de agua fría. No entiendo a quién se le ocurrió esta cifra de 50 veces el valor del libro como una penalización por no haber entregado un ejemplar”, señala Moya.
Para los sellos independientes, además, el hecho de que se les persiga para multarlos con la relación de los ISBN (identificadores internacionales de cada obra) expedidos por el Indautor denota ignorancia sobre la industria.
Esto es así porque, cuando una editorial solicita un ISBN, muchas veces tarda más de 60 días naturales (el límite que establece la ley para entregar un libro al depósito) para imprimir un ejemplar, por lo que a veces resulta imposible cumplir con la obligación.
Problemas como estos, que pudieron haberse resuelto con una consulta al gremio, resultaron en los amparos interpuestos.
“Fue una decisión individual de cada editorial (de la AEMI), pero la mayoría vamos a ampararnos. En el caso de Ediciones El Milagro, se amparó. Todavía no tenemos la resolución, pero varias de nuestras editoriales metieron el amparo y estamos esperando la resolución de los jueces”, señala Moya sobre la decisión del sello que dirige.
Con mesas de diálogo en proceso, en las que ha seguido participando Arriaga a pesar de ahora despachar en la SEP, se espera que algo pueda remediarse con el reglamento de la ley.
Texto: Francisco Morales V. / Agencia Reforma
