Texto: Apro / Foto: Libre by Nexus
Miami, Florida, 31 de marzo de 2018. Le cuesta mucho trabajo caminar con el grillete: seis meses después de que se lo pusieron en el tobillo, le susurra a su hermana que el aditamento raspa, pesa, le dificulta bañarse y dormir… hacer su vida.
Olema Martín Aguilar no mira de frente. Le incomoda todo contacto visual. “Ella es tímida, todos los de nuestra sangre lo somos un poco”, interviene su hermana, Juliana Martín Aguilar. “Pero lo que en verdad le sucede a ella es que le da vergüenza. Se siente animal”.
Olema tiene 30 años, es madre de una pequeñita de cinco y desde su entrada a Estados Unidos, en octubre de 2017, deambula por las calles de Homestead, al sur de Miami, como las reses que ella solía pastorear de niña en Guatemala: con un grillete en una extremidad. Sólo que el que su abuelo colocaba en los animales era rústico y decorativo. El de ella es electrónico y cuesta 4 mil dólares. O al menos eso dicen sus dueños.
Su grillete es en realidad un localizador satelital. Un GPS.
“El señor que me lo colocó me dijo que era una pulsera”, confiesa Olema, siempre con la vista en la cabeza de su hija, a la que no para de acariciar el cabello negrísimo y lacio.
En el momento en que un juez de inmigración le fijó una fianza de 10 mil dólares para que permaneciera en Estados Unidos –mientras en un juicio se decide su situación migratoria–, la compañía Libre by Nexus (LBN) hizo su aparición.
Fue simultáneo: la compañía se ofrecía a pagar la fianza; a cambio, Olema firmaría un contrato donde se comprometería a devolver esa cantidad a Libre by Nexus. Ella jamás tuvo conciencia de cómo o cuándo.
“Fíjese que cuando me dejaron verla, ya había hecho el garabato que le dijeron que serviría como su firma”, dice su hermana Juliana, con más tristeza que indignación.
Juliana, su padre y dos familiares más viven en Estados Unidos hace siete años. Su historia es la de millones: vinieron huyendo de la violencia de las maras que asaltaban, saqueaban, extorsionaban a los habitantes del caserío en las zonas rurales de Quetzaltenango, en el suroeste de Guatemala. Acá esperaban a Olema y a la pequeña Xareni, cuyo nombre maya significa “Princesa del Bosque”.
El contrato lo firman el inmigrante y Libre by Nexus, una compañía con sede en Virginia que exhibe un meteórico crecimiento: desde su lanzamiento en 2013 ha abierto 30 oficinas en Estados Unidos y una en El Salvador. Según sus declaraciones de impuestos de 2016, factura más de 30 millones de dólares al año.
Salvo algunos casos documentados en California, donde ocasionalmente sus representantes presentan una hoja que explica en vago español la naturaleza coercitiva de ese contrato, el signatario debe leer y aceptar todas las condiciones redactadas en inglés y con vocabulario eufemístico.
Por ejemplo, Libre by Nexus se refiere al vínculo entre su cliente y la compañía como “el programa”, precisamente el término con el que se le presenta al inmigrante la oferta para lograr su libertad: acogerse al programa de LBN.
Ese programa consiste en un negocio muy simple: la compañía pone el dinero total de la fianza fijada por el juez, y a cambio exige que, durante el tiempo que el migrante tarde en cubrir ese monto, lleve un dispositivo electrónico para mantenerlo localizable y por el cual le cobrará una renta mensual. The Washington Post cifra en 12 mil 500 el número de inmigrantes que hasta la semana pasada habían firmado acuerdos con la compañía.
El primer golpe llega rápido: para instalarle “la pulsera” los familiares del cliente deben pagar un cargo inicial de activación. La suma oscila entre 2 mil 700 y 4 mil dólares, dependiendo del monto total de la fianza fijada por el juez. Ese cargo de activación no se deduce de la cifra total de la fianza.
Como tampoco se deduce el pago mensual, fijo e invariable: 420 dólares, que desde ese momento deberá abonar el portador del GPS a LBN hasta que haya logrado reunir el monto original de su fianza. Este pago mensual tiene carácter indefinido y puede ser perpetuo: si nunca reúne su fianza, pagará de por vida.
Y ya hay una demanda colectiva en curso (class action), radicada el 15 de febrero de 2017 en Oakland, California, contra Libre by Nexus por violación de derechos a inmigrantes y por lucrar con la vulnerabilidad de éstos ante el sistema.
Esa demanda detalla los costos para una fianza de 10 mil dólares: durante los dos primeros años en que el cliente sostenga la deuda de su fianza con LBN, terminará abonando cerca de 9 mil dólares anuales en pagos mensuales, y la deuda original seguirá intacta. A partir del tercer año de deuda, el cliente pagará tasas de interés y cargos acumulados sobre la deuda principal, que dispararán su gasto a 13 mil dólares por año. Y su deuda se mantendrá invariable.
De hecho, al año y cinco meses de abonar 420 dólares mensuales, el “cliente” ya habría pagado la totalidad de una fianza de 10 mil dólares. Pero nada de esto sucede con los contratos de LBN. Y desde el momento en el que toca su piel, el dispositivo se convierte en el centro de mimos y cuidados de su prisionero. Si se le rompe, reemplazarlo cuesta 4 mil dólares.
“Su única esperanza y ayuda”
El cofundador y director ejecutivo de LBN, Michael Donovan, es un hombre peculiar: ha engrosado su fortuna gracias al sistema migratorio estadunidense y aun así pareciera siempre dispuesto a atacarlo.
“Sin nosotros, los inmigrantes no tendrían quien los ayudara; es un sistema abusivo. Somos su única esperanza y ayuda”, dice Donovan en la página oficial de LBN.
Lo peor de todo es que el andamiaje sobre el que funciona la compañía es legal.
“Es moralmente reprobable, pero desgraciadamente no es ilegal. Al menos hasta hoy no”, admite Willy Allen, uno de los más renombrados abogados de inmigración de Miami.
LBN expande sus ganancias e influencia política. En 2017 organizó y copatrocinó en Miami un evento de análisis sobre política migratoria al que asistieron think tanks de Washington. Uno de los invitados más promocionados por la compañía era el congresista cubanoestadunidense Carlos Curbelo, quien declinó asistir pocas horas antes, debido al escándalo generado por esta conferencia.
Al otro lado del tablero quedan los clientes. Muchos de ellos detestan ser llamados así. Prefieren llamarse a sí mismos víctimas, engañados o estafados.