Ciudad de México, 18 de septiembre 2017. – Múltiples permisos, reglamentación incongruente y hasta la necesidad de integrar una partida de gastos no comprobables a los presupuestos, son factores que frenan los proyectos de construcción en la Ciudad de México.
Daniel Salvador Kabbaz Zaga, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), señaló que los trámites son una de las principales razones por las que los desarrolladores han dejado de invertir en la CDMX.
“La ADI cuando nació, el 92 por ciento de su actividad como asociación era en la Ciudad de México, hoy es 45 por ciento es en la Ciudad de México. El 55 o casi 50 por ciento se le ha ido a otros estados porque es prácticamente imposible construir aquí.
“Es un proceso bien complicado, sobre normado y cada día más y más normado, se les ocurren normas diferentes a cada dependencia todos los días”, explicó Kabbaz Zaga.
En la Ciudad de México, obtener una manifestación de construcción tipo C, que es para una obra de más de 10 mil metros, generalmente solicitada por los desarrolladores, se lleva hasta 145 días hábiles y se solicitan 19 documentos.
Debido a la sobrerregulación, expertos en desarrollo inmobiliario coincidieron en que los presupuestos de obras deben contemplar una partida de gastos no previstos para buscar alternativas para acelerar los procesos y no perjudicar la salud y reputación de la empresa.
Ignacio Cabrera, presidente de la Comisión de Desarrollo Urgano y Vivienda de Coparmex CDMX, señaló que ante la cantidad de trámites requeridos es frecuente que se paguen “mordidas” para agilizar los trámites.
“Si todo va caminando en forma, y como normalmente no caminan en tiempo, por carga de trabajo, burocracia o porque no atienden, muchas veces el usuario recurre a actos de corrupción. Y se les dice que si quieren que su trámite camine más rápido tienen que dar un apoyo.
“Hay una serie de trámites que se hacen con las diferentes dependencias centrales, pero el permiso de construcción lo otorga la delegación y ahí es donde empieza una situación de irregularidades y es donde hay más quejas de los desarrolladores o constructores”, dijo Cabrera.
Afirmó que los desarrolladores de vivienda ya tienen contemplado un porcentaje extra que oscila entre 30 y 50 por ciento del costo total de los trámites para el pago de “mordidas”.
Luis Enrique Rodríguez, arquitecto con 20 años de experiencia en proyectos, construcción y normatividad en obras en Arquitecturagrupointegral, coincidió en que el costo se transfiere al comprador final.
“Sí impacta (a la empresa), pero cabe mencionar que indudablemente esto se le transfiere siempre al consumidor final. Terminar pagándolo el que compra la vivienda, el que compra la oficina.
“Sí hay un apartado dentro de las corridas financieras que diga que hay estos gastos de gestoría y se traslada directamente al consumidor final. Lo importante es que salga rápido, pega más el tiempo, porque el tiempo es dinero”, explicó Rodríguez.
El arquitecto señaló que actualmente en la Ciudad de México, los desarrolladores pueden tardar hasta un año en obtener una manifestación de obra.
“En los años 2000 y pico empezamos con el tema de manifestaciones y se agilizaba. Pues hoy en día estamos regresando a tardar para manifestar bien y tener todos los permisos de 8 meses a un año”, comentó el especialista.
Además, explicó el arquitecto, no sólo hay un exceso de reglamentación, sino que en ocasiones, los reglamentos y las leyes se contraponen, como en el caso de la ley de protección civil.
“La ley del sistema de protección civil, una buena ley, con un vacío en su reglamento.
“Te dice por ejemplo, dentro de los requisitos para tú poder hacer una manifestación de obra te piden el programa interno de protección civil, pero para poder tener tu programa interno de protección civil te piden tu manifestación de obra, entonces ¿qué haces primero?”, ejemplificó Rodríguez.
De acuerdo con la edición 2017 del Doing Business, tan sólo los días para registrar propiedades de terrenos o edificios regularizados, puede llevar más de un mes.
En la Ciudad de México, para que una empresa pueda adquirir un terreno o edificio sin ningún problema legal y registrarlo requiere al menos 46 días para realizar al menos ocho procedimientos, lo que representa un costo de 5.6 por ciento del valor de la propiedad.
Además, la obtención de permisos para construcción se encuentra entre los 10 trámites en los cuales se incurre en mayor corrupción, ya que por cada 10 mil unidades económicas, 881 de ellas tuvieron experiencia con al menos un acto de este tipo, según datos del Inegi.
Texto: Agencia Reforma
Foto: Archivo Augusto López
