Texto: Apro / Foto: Alberto Roa, Cuartoscuro. Academia de policía El Lencero.
Xalapa, Veracruz, 20 de abril de 2018. El Colectivo por la Paz Xalapa pidió a la Fiscalía General del estado (FGE) y al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares que no “olviden” ni “retarden” cumplimentar las órdenes de aprehensión contra el exsubsecretario de Seguridad Pública (SSP) Nabor Nava Holguín y los otros 11 expolicías involucrados en la desaparición forzada de 26 personas, cuyo último destino fue la Academia de Policía de El Lencero.
Sara González Rodríguez, representante del colectivo, fustigó que, si las primeras detenciones se hicieron apegadas a una “venganza política” o “por tiempos electorales” o para legitimar al gobierno estatal, la razón no importa, pero todos los policías responsables tienen que pagar por lo que hicieron.
“Nosotros queremos justicia, sólo eso queremos, pero faltan muchas detenciones; si el gobierno busca votos o busca venganza es su problema, nosotros sólo queremos que nos hagan justicia y faltan muchos por caer (sic)”.
De acuerdo con las autoridades, a partir de este viernes y durante todo el fin de semana, en las instalaciones de la Policía Federal y de la delegación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito se recibirá a los familiares de personas desaparecidas para tomarles muestras de ADN y verificar si coinciden con algunos de los más de 570 cuerpos que se encuentran en fosas comunes y en las planchas del Servicio Médico Forense de la entidad.
Al respecto, González explicó que en 2017 y en lo que va de 2018, con más de mil pruebas realizadas de ADN en diversas regiones de Veracruz, apenas se ha logrado la identificación de 20 personas, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares.
“Es muy complicado, por la gran cantidad de desaparecidos y fosas que existen. Les pongo un ejemplo: de los 16 cuerpos que aparecieron en la barranca de ‘La Aurora’, en aquella ocasión el gobierno sólo reconoció seis muertos, ¿qué hicieron con los otros 10 cuerpos?, ¿fueron a dar a la fosa común o a dónde? Eso queremos saber: dónde están los otros, tenemos que hacer la confrontación”.
En el narco-cementerio de Colinas de Santa Fe, donde se han hallado casi 300 cráneos y 17 mil restos óseos, en 16 meses apenas se ha logrado la identificación de 32 personas, entre ellas exagentes del Ministerio Público y expolicías.
“Nosotros seguimos con nuestra lucha, aquí estamos y seguiremos; hoy estamos recolectando muestras de familiares de personas desaparecidas con o sin denuncia”, recalcó González.
De igual manera, destacó que en el Colectivo por la Paz Xalapa ha causado cierto estupor que el gobierno de Yunes y la FGE “abusen” de la figura jurídica de “testigo protegido” para aminorar condenas en contra de expolicías que pudieron haber participado “en estas atrocidades” de desaparecer gente.
“Recientemente hubo una condena de apenas cuatro años, y no nos pareció, nosotros exigimos todo el peso de la ley contra quienes desaparecieron a nuestros hijos”, remató.
Prohíben sacar bienes ligados a ex mando
Jesús Arturo Cuéllar Díaz, Juez Décimo Séptimo de Distrito en el Estado, suspendió provisionalmente cualquier intento de remate o transmisión de la propiedad de los inmuebles de los que es dueña María Guadalupe Zurita García y Miguel Ángel Bermúdez Zurita, madre y hermano del acusado.
Los inmuebles en cuestión son El Plan de Aguacate, El Salto y un predio ubicado en la Congregación de Lomas de Potrillo, todos en el Municipio de Naolinco. A los tres se les conoce con una sola denominación, el rancho La Cartuja.
Los dos primeros terrenos pertenecen a Zurita y el otro a su hijo.
En el amparo 305/2018, el juez Cuéllar instruyó dejar los bienes que están dentro de los terrenos bajo la más estricta responsabilidad de cuidado de la Fiscalía, con el propósito de evitar su maltrato, deterioro o pérdida.
La única salvedad es que los objetos estén vinculados con hechos delictuosos o se trate de sustancias u objetos prohibidos, de los cuales se deba disponer para el desarrollo de la investigación.
Dicha medida protectora estará vigente al menos hasta el 23 de abril próximo, fecha en que el juez definirá si concede o no la suspensión definitiva.
Los inmuebles fueron asegurados el pasado 23 de marzo por la Fiscalía Estatal, con base en una orden de cateo girada por un Juez de Control de Pacho Viejo, como parte de la carpeta de investigación FGE/FIM/1174/2018 iniciada contra el ex jefe de la SSP.
Según el documento judicial consultado, la madre del acusado envió a abogados con poderes notariales a los ranchos, en el momento del operativo, pero las autoridades no les permitieron el acceso.
La quejosa señala en el amparo que si bien el Gobernador Miguel Ángel Yunes anunció esta acción policiaca el 26 de marzo y divulgó el contenido de la diligencia, mostrando imágenes y relatando lo hallado en los inmuebles, ella no ha recibido alguna notificación alguna para ejercer sus derechos.
Ante el juzgado de amparo, los propietarios presentaron documentos que refieren que el predio de la Congregación de Lomas de Potrillo fue adquirido en un contrato con garantía hipotecaria por un monto de 20 millones de pesos en agosto de 2010.
Después, hicieron una solicitud por escrito ante el juez para que la Fiscalía entregue copia original de la orden de cateo, el acta levantada tras su realización y ordene una inspección judicial en los inmuebles. Esta solicitud aún no ha sido acordada.
