La Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, encargada de administrar el dinero destinado a paliar los efectos del sismo del pasado 19 de septiembre, se desmorona. El punto de quiebre fue la renuncia del comisionado y de dos subcomisionados, quienes acusan a la alianza PAN-PRD en la Asamblea Legislativa de manejar discrecionalmente los fondos que deberían darse a los damnificados del terremoto y que aparentemente se han canalizado, según diputados de oposición, a los procesos electorales en curso
Gloria Leticia Díaz y Areli Villalobos / Agencia Proceso
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. La renuncia en cascada de integrantes de la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México –por falta de claridad en la asignación de los recursos públicos para la atención de cientos de damnificados– puso al descubierto la alianza PRD-PAN en la Asamblea Legislativa para manejar discrecionalmente cuantiosos fondos que no han sido transparentados y que, para legisladores de la oposición, han tenido fines electoreros.
El escándalo se desató con la dimisión del titular de la Comisión, Ricardo Becerra, y de los subcomisionados Mauricio Merino y Katia D’Artigues, decisión a la que se sumó el investigador Fernando Tudela, ante la virtual concentración del poder para asignar los recursos de la reconstrucción por parte de los diputados perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, así como del panista Jorge Romero.
Como una reacción a la situación que ponía en entredicho al gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera envió una iniciativa que pretendía enmendarle la plana a la Asamblea, para suprimir el control de los asambleístas sobre el manejo de los recursos relacionados con la reconstrucción de la ciudad y fondos adicionales para las delegaciones, que suman casi 14 mil millones de pesos.
En su colaboración del lunes 19 en El Universal, Merino dio cuenta de la desconexión entre las prioridades definidas por la Comisión –creada el 26 de octubre del año pasado– y el Presupuesto de Egresos 2018, que daba facultades sobre el destino de 7 mil 754 millones de pesos etiquetados para la reconstrucción a Luna y Romero, presidente y secretario de la Comisión de Gobierno, respectivamente, y a Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El texto de Merino revela la existencia de un documento fechado el pasado jueves 15, en el que se presuntamente se distribuían los casi 8 mil millones de pesos en 43 rubros.
“Lo que me parece más grave es que mientras la Comisión estaba en el trabajo de decidir prioridades como la seguridad de las personas, revisión de edificios, la creación de una ventanilla única… en fin, todo conforme el plan de reconstrucción, un grupo de tres diputados asignaran los fondos a distintas dependencias, sin que éstos coincidieran con las prioridades de la Comisión ni con el Plan de Reconstrucción dado a conocer el 12 de enero”, comenta D’Artigues en entrevista con Proceso.
“Sospechosismo”
Incluso con la modificación legislativa confirmada el jueves 22, que elimina la atribución de los tres legisladores sobre el Fondo de la Reconstrucción, D’Artigues sostiene que de manera personal no estaría dispuesta a reintegrarse a la Comisión, considerando que el tema electoral “está presente en todo y otro de los ‘sismos’ que nos recorre es el del sospechosismo”.
Los artículos 13 y 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos, que da atribuciones a los legisladores sobre los recursos asignados a la reconstrucción, ya habían sido impugnados el 29 de enero por la fracción de Morena con una acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que fue admitida el pasado martes 6.
El jueves 22, en sesión extraordinaria, 47 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas a los artículos 13, 14 y 71 para trasladar a la Secretaría de Finanzas la responsabilidad de asignar 5 mil 301 millones de pesos de recursos adicionales para las 16 delegaciones, y 8 mil 772 millones para las acciones de reconstrucción.
La reforma prevé la creación de un órgano de control social para dar seguimiento y vigilancia a la aplicación de estos recursos; sin embargo, no es compatible con el artículo 109 de La Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación, que le reconoce atribuciones a la Comisión de Gobierno de la Asamblea, presidida por Luna y con Romero como secretario, sobre el Fondo de Reconstrucción.
De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de Egresos, de los 8 mil 772 millones de pesos destinados a la reconstrucción, 5 mil millones se destinarán al Fondo de Reconstrucción, 100 millones para el Fondo de Atención a los Desastres Naturales, 950 millones a la Secretaría de Desarrollo Social, mil 387 millones a la Agencia de Gestión Urbana, 227 millones a la Secretaría de Educación, 150 millones al Instituto de Vivienda y mil 18 millones para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
El artículo 109 de la Ley de Reconstrucción indica que el “Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México” será administrado por la Secretaría de Finanzas, en tanto que “el Órgano Legislativo, a través de su Comisión de Gobierno, supervisará, vigilará y propondrá el ejercicio de dicho Fondo”.
El control presupuestal ejercido por Luna y Romero fue uno de los fuertes debates que remecieron a la reciente legislatura, reconocieron en entrevistas por separado los diputados de Morena Alfonso Suárez del Real y César Cravioto, coordinador parlamentario.
Para Suárez del Real, el escándalo sobre el manejo de fondos públicos en la ciudad “es la punta del iceberg en que están cayendo en cuenta las diferentes fracciones parlamentarias; en dos años ha habido por lo menos tres personajes que han decidido los recursos adicionales de las delegaciones y que han manejado montos que superan los mil millones de pesos sin dar rendición de cuentas a nadie”.
Cravioto reconoce que el tema “sensible de los damnificados, obligó a Mancera a reaccionar”, enviando una iniciativa para reformar la Ley de Egresos, pero la discrecionalidad en la asignación de recursos por parte de Luna y Romero fue el sello distintivo de la legislatura.
Advierte que en los presupuestos de egresos 2016 y 2017, ambos diputados se otorgaron las facultades para “autorizar los excedentes; es más grave que el moche de los diputados federales, práctica en la que el presidente municipal decidía la obra, y los diputados le decían: ‘Ahí te mando la empresa o me das el moche’. Aquí Luna y Romero decidían a qué dependencia y delegación iba al recurso, no sabemos a cambio de qué”.
Cravioto, quien ha emplazado a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a esclarecer los fondos, sostiene que el uso que se les dio tuvo “tintes político-electoreros” y que la prueba está en la forma en que se distribuyeron los recursos adicionales.
De la suma total de fondos adicionales de 2016 y 2017, 5 mil 295 millones se entregaron a las 16 delegaciones, 50.9% se destinaron a las seis demarcaciones gobernadas por el PRD, 18.1% a las tres gobernadas por el PRI; 17.1% a las cinco de Morena y 13.5% a las dos del PAN.
(En la imagen: Cientos de damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre, en enero pasado, en una manifestación afuera de las oficinas del gobierno capitalino para exigir que se vuelvan a construir sus viviendas con el fondo de reconstrucción. Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro / Archivo)
