El cambio en la ley también prevé la capacitación de matronas para llevar a cabo abortos “instrumentales”. La interrupción voluntaria del embarazo en Francia es legal desde 1975
Madrid, España, 23 de febrero de 2022. La Asamblea Nacional de Francia aprobó este miércoles una ampliación de dos semanas del plazo legal para abortar, que pasará así de las doce a las catorce semanas de gestación.
La legislación, que se aprobó con 135 votos a favor y 47 en contra, “cambiará la vida de las mujeres”, en palabras de la diputada Albane Gaillot –independiente–, que elaboró el texto junto a la diputada Marie-Noelle Battistel, del Partido Socialista.
Según cifras oficiales, recogidas por el diario francés “Le Parisien” entre 2 mil y 5 mil mujeres francesas viajan cada año a países del extranjero donde es posible interrumpir el embarazo de forma voluntaria más tarde por no concluir el procedimiento a tiempo en Francia.
“También hay muchas mujeres que no pueden salir por razones de medios”, lamentó Battistel. Gaillot, por su parte, apuntó a que estas son las “mujeres más vulnerables, las muy jóvenes, las más alejadas del sistema de salud, las mujeres que menos acceso tienen a la información sanitaria, las que no tienen medios de transporte o las que son víctimas de violencia”.
No es el único cambio que introduce la ley, que también prevé la capacitación de matronas para llevar a cabo abortos “instrumentales”. Desde 2016, las matronas en Francia pueden llevar a cabo el llamado aborto “medicinal”, basado en fármacos, que solo puede realizarse hasta la séptima semana de embarazo.
“Serán capacitadas en esta práctica”, aseveró Gaillot, que ha destacado también que la ley permitirá “luchar contra la desertificación médica” en esta disciplina al ampliar el número de profesionales autorizados. Actualmente, son únicamente 23 mil 600 en toda Francia, lo que influye en el acceso a la atención médica.
Además, la ley establecerá un directorio con los datos de contacto de todos los profesionales –médicos o matronas– que practican la interrupción voluntaria del embarazo. Estará destinado a los propios profesionales y a las personas que tengan que utilizarlo.
Gaillot advirtió de que el documento no servirá para “denunciar” a quienes no lo hacen, sino que busca “facilitar” la vida a las mujeres.
Por otro lado, la legislación mantiene la cláusula de conciencia que permite a los médicos negarse a practicar abortos. El texto inicial planeaba eliminarla, pero parlamentarios se habían posicionado en contra. “Es nuestro único pesar, pero esta cláusula es un verdadero ‘tótem’ para algunos parlamentarios”, lamentó Battistel.
En 2019, en Francia abortaron una cifra récord de mujeres, 232 mil. Algunas de ellas se vieron obligadas a hacerlo en el extranjero porque habían excedido el plazo legal. La interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 1975.
La ley del aborto de Igualdad en España: a partir de los 16 años sin autorización, sin días de reflexión y con un registro de objetores
La ministra de Igualdad española, Irene Montero, adelantó este miércoles algunos de los cambios que su departamento está preparando para su anunciada reforma de la Ley del aborto y, entre algunas de estas medidas, destaca el acceso a esta práctica a partir de los 16 de forma “autónoma”, la eliminación de los tres días de reflexión o un sistema para la objeción de conciencia como el que se aplica en la ya aprobada de la Ley de Eutanasia.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, la ministra destacó que el deber del Gobierno es el de “blindar el derecho al aborto en la sanidad pública”.
Para ello, anunció la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos donde se informará a la mujer del procedimiento y, en el caso de que tuviera alguna dificultad en el acceso, sobre los derechos que le asisten, dónde y cómo defenderlos.
Además, Montero mostró su intención de que “las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder” al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) “de forma autónoma”. “Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos”, declaró
Del mismo modo, explicó que su intención es que en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros públicos se garantice esta práctica. Para ello, indicó, se respetará “escrupulosamente” el “derecho constitucional” a la objeción de conciencia”, pero haciéndolo “escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos”.
Para ello, el Ministerio propone un texto que se referencia en la ya aprobada Ley de Eutanasia, que contempla un registro de facultativos objetores.
Texto: Europa Press
