▼ De las 61 millones 400 mil mujeres del país, 66.1 por ciento han sufrido algún tipo de agresión
Reporta el Inegi 248 crímenes en ese año. Más de la mitad de la población femenina vivió algún hecho de violencia en su vida, informa en el Día Internacional de la no Violencia Contra la Mujer
Texto: Abel Salgado
Foto: Alejandro Guerrero
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en dos años, la tasa de asesinatos contra mujeres aumentó en 3 por ciento en Guerrero.
En un comunicado, el Inegi detalla que en 2014 por cada 100 mujeres se contabilizaron 10.4 homicidios, y en 2016 pasó a 13.4.
En hombres y mujeres menores de 30 años los homicidios calificados con violencia extrema, según el estudio, la balanza se inclina más a las mujeres de ese rango de edad.
Destaca que 2016 es el año más violento para las mujeres en los últimos 27, en los 12 meses se reportaron 248 asesinatos de mujeres. En promedio el año pasado cada mes asesinaron a 21 mujeres.
En el último estudio de 2016 se reveló que más de la mitad de la población femenina vivió algún hecho de violencia en su vida. En el Día Internacional de la no Violencia Contra la Mujer, el organismo destaca que el 57 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han enfrentado “algún tipo de violencia y de cualquier agresor” en Guerrero.
De una población de 1.3 millones de mujeres mayores de 15 años contabilizadas en el estado, 747 mil 466 afirmaron que fueron víctimas de agresión.
El estudió también desveló que el 43.6 por ciento de las mujeres ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual a lo largo de su relación. Un 39.2 por ciento sufrió violencia de algún agresor distinto a la pareja.
Para entender la situación de la violencia en el estado en la última encuesta del Inegi hecha a mujeres mayores de 15 años, se indica que la violencia contra las mujeres es un problema de “gran dimensión y una práctica social extendida en todo el país”, porque 58 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en la entidad, ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral.
La violencia en cualquier tipo ha sido ejercida por diferentes agresores como la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, también por amigos, vecinos o personas conocidas o extrañas.
La encuesta reveló que 195 mil mujeres fueron sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual que van desde señalamientos obscenos, que las hayan seguido en la calle para intimidarlas sexualmente, que les hayan hecho propuestas de tipo sexual o bien que directamente las hayan manoseado sin su consentimiento o las hayan violado.
Una de cada tres mujeres jóvenes fueron víctimas de violencia sexual
Por edad las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de la pareja o de cualquier otro agresor son las de 35 a 39 años, en ese universo de edad 65 de cada 100 ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso.
El estudio destaca la violencia sexual que han enfrentado las mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, en estos grupos una de cada tres ha sido agredida sexualmente. En tanto que las niñas de 15 a 17 años presentan niveles altos de violencia sexual, emocional y física, quienes a su corta edad ya han sido víctimas de abusos de diversa índole.
De los homicidios, el Inegi expone que en términos relativos la tasa bruta de homicidios de mujeres en 2016 fue 13.4 por cada 100 mil mujeres, la cual superó a la del 2012, “en términos absolutos en 2016 se registró la mayor cantidad de mujeres asesinadas en la entidad en los últimos 27 años, 248, que comparado con 2015 que fueron 220, representa un incremento bruto de 12.7 por ciento.
Agrega que del total de defunciones ocurridas en 2016, el 40.6 por ciento de ellas corresponde a mujeres menores de 30 años, mientras que entre los hombres es de 40.1% de las mismas edades.
Es decir, las mujeres jóvenes son las más expuestas a la violencia extrema, incluso que entre los hombres de esas edades.
El Inegi puntualizó que con el estudio busca “aportar elementos para que la sociedad en su conjunto no sólo conozca la situación que enfrentan las mujeres, sino particularmente para llamar a la acción a todos los sectores, a implementar acciones orientadas a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres”.
Que renuncien funcionarios que no garanticen la
vida de las mujeres, piden organizaciones en Chilapa
Justicia por el caso de Diana Paulina, exigen integrantes de Zihuame Xotlametzin y de la Red Ddeser. El gobierno no está cumpliendo los tratados internacionales para la erradicación de la violencia contra la mujer, señalan
Texto: Luis Daniel Nava
Chilapa, Guerrero.- Las organizaciones Zihuame Xotlametzin (Mujer) y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) condenaron y exigieron justicia por el caso de Diana Paulina, e indicaron que, si los encargados de las instituciones del gobierno del estado, iniciando por el gobernador Héctor Astudillo Flores, no tienen la capacidad para defender los derechos, resolver delitos ni garantizar la vida de las mujeres, deberían valorar su renuncia.
Asimismo, urgieron al gobierno del estado a presentar el programa de trabajo para la Alerta de Género a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Ayer, Isabel Dircio, Dulce María Sánchez, Libni Dircio y Felipa Riqueño, de Zihuame Xotlametzin; Glady Dircio de DDESER; y la promotora de salud de la Casa de la Mujer Indígena en Chilapa, Isabel Molina, ofrecieron una conferencia de prensa en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas.
Explicaron que el gobierno mexicano no está cumpliendo los tratados internacionales para la erradicación de la violencia contra la mujer, ni para garantizar su seguridad.
Ejemplificaron que, tan sólo en Guerrero en 2017 se han registrado 137 muertes dolosas de mujeres, “y aunque fuera solo una, no son por estadísticas, cuántos casos más debe haber para que se considere alarmante”, reclamó Isabel Dircio.
Libni Dircio consideró que la omisión de las autoridades y la falta de justicia han provocado que haya tantos casos, “no debemos dejar de mencionar a Diana, y que duele porque no es posible que siga este tipo de muertes. Pedimos justicia real para todas las mujeres, que se impulsen acciones para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres, y esperamos que esta vez haya respuesta”, dijo.
“Si tenemos un gobierno que no nos está garantizando la vida, tiene que valorar con las instancias para que redirija su política”, añadió.
La activista Isabel Dircio añadió que, “estando ahí sin hacer nada, sin promover acciones, también están violentando los derechos de las mujeres, si no tienen la capacidad de resolver, hacer o de defender los derechos de las mujeres que den paso a otras personas”, reclamó.
Dijeron que en Chilapa y en la mayor parte del estado los ciudadanos viven con temor ante la alarmante inseguridad.
Las representantes de las ONG también lamentaron que, a cuatro meses de la declaratoria de violencia de género, el gobierno del estado aún no tenga un plan de trabajo para que lo avale la Conavim y sea operativo.
“El gobierno no ha entregado su plan de trabajo para que las acciones contra la violencia hacia las mujeres inicien; comentaron que ya están haciendo acciones pero sin un plan de trabajo”, dijo Isabel Dircio.
“Es muy preocupante y estamos con inquietud, queremos ver a qué se compromete el gobernador para que la violencia disminuya en Chilapa, que no está (en la Alerta de Género), pero también es un municipio al que le toca prevenir para disminuir la violencia”.
No es necesario que se registren muertes dolosas, con la situación de violencia que viven las mujeres a diario en las familias, en la calle y en la comunidad es suficiente.
Informaron que a nivel municipio han pedido integrarse para hacer propuestas al Sistema Municipal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Además pidieron garantizar el derecho a la salud y que se termine de construir el nuevo hospital de Chilapa, pues desde que ocurrió el sismo del pasado 19 de septiembre, mujeres embarazadas fueron enviadas a nosocomios de Tixtla y Chilpancingo para ser atendidas. Ahora, dijeron, el hospital está funcionando, pero en una clínica rentada.
Persiste la violencia contra las mujeres especialmente
en los pueblos originarios, denuncia defensora
Pocas mujeres indígenas se atreven a pedir ayuda, dice la dirigente na savi de K’inal Antzetik, Hermelinda Tiburcio Cayetano. Cuando llegan a las instancias de procuración de justicia, enfrentan la violencia de las autoridades que deberían brindarles atención integral, lamenta
Texto: Lourdes Chávez
Chilpancingo, Guerrero.- En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la defensora na savi de derechos humanos, Hermelinda Tiburcio Cayetano denunció que, pese a los avances de la lucha feminista, persiste la violencia contra las mujeres, de manera particular en los pueblos originarios, a la que se suma el maltrato institucional.
La dirigente de K’inal Antzetik (Tierra de Mujeres, en lengua maya tzeltal), aseguró que pocas mujeres indígenas se atreven a pedir ayuda y enfrentan varios retos para salir de sus comunidades, y cuando finalmente llegan a las instancias de procuración de justicia, y otras creadas para su protección, enfrentan otra forma de violencia de autoridades que deben brindarles atención integral.
Sin más opción, indicó que la mayoría regresa a los pueblos con su agresor, alentadas por las mismas instituciones. Con este ejemplo, se inhibe a otras mujeres violentadas a recurrir a las instancias de gobierno.
A 10 años de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aseguró que ni un sólo caso canalizado por K’inal Antzetik en el DIF estatal, las sindicaturas municipales, la Procuraduría de la Mujer, los refugios para mujeres que viven violencia intrafamiliar y en las agencias de Ministerio Público ha sido atendido manera satisfactoria.
Aunque existen leyes y protocolos que obligan al Estado a impulsar acciones de prevención, sanción para erradicar la violencia de género, no hay compromiso de los funcionarios públicos por hacerlos valer. “Para que leyes funcionen, se requiere voluntad política presupuesto y vocación”, subrayó.
Durante 20 años, Hermelinda Tiburcio ha sido activista de derechos humanos en la zona mixteca de Costa Chica y Montaña de Guerrero, a raíz de una denuncia llevada al Ministerio Público por corrupción y violación de los derechos económicos de las mujeres de poblaciones indígenas, fue amenazada y sufrió un intento de asesinato. Por su seguridad, salió temporalmente del país.
En 2001 recibió el Premio nacional de la Juventud y el Premio estatal al Mérito Civil por su trabajo en la defensa de los pueblos indígenas, sin embargo las amenazas y atentados no cesaron, y así continúa su labor en las comunidades rurales, con resguardo y el respaldo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
A propósito de la conmemoración en honor de las hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana, señaló que en México los gobiernos estatales y federal organizan actos políticos para hablar de los problemas y las políticas que atañen a las mujeres.
La luchadora social recriminó que las acciones conmemorativas de este año serán también de discursos, sin acciones efectivas, sin recursos ni compromiso real.
Aclaró que en tanto no haya un cambio en este modelo, los hombres seguirán violentando y matando mujeres.
A la fecha, la asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, peticionaria de la Alerta de género decretada en Guerrero, documentó 134 muertes violentas de mujeres en la entidad, a través de publicaciones periodísticas.
El caso más sonado recientemente, fue el de una niña de 13 años en Chilapa, desaparecida 10 días y encontrada sin vida el 21 de noviembre, en las inmediaciones de la cabecera municipal.
Hermelinda Tiburcio recordó que los familiares de la niña decidieron no saber quién es el homicida, y no esperar nada de las autoridades ante la atroz violencia y los niveles de impunidad.
Insistió en que las instituciones creadas con el esfuerzo de diferentes luchas, no están funcionando, cuando se exige atención o justicia los derechos son violentados también por las autoridades.
Como referencia, mencionó que en dos demandas por violación sexual que acompañó K’inal Antzetik, los violadores fue puestos en libertad, y tienen un testimonio de que en el refugio para mujeres en Acapulco, las víctimas no tienen apoyo sicológico, y la directora las maltrata.
Aclaró que el refugio, que depende de la Casa de la Mujer en Tlapa, tiene financiamiento para brindar una atención integral, pero no tiene gente comprometida, ahí, el gobierno del estado revictimiza a las mujeres.
Explicó que es distinto a las casas de la mujer en Ometepec, San Luis Acatlán, Chilapa y Acatepec, a cargo de organizaciones sociales e indígenas. Aclaró que no son asalariadas, sino promotoras comprometidas, pero no tienen dinero para acompañar a las mujeres que piden auxilio. El estado sólo entregó los inmuebles y un financiamiento precario.
Compartió la opinión del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, que denunció que la justicia en la región más pobre de guerrero se mercantiliza.
Así explicó por qué “las mujeres indígenas no hablamos el español con facilidad, no tenemos dinero porque no somos asalariadas, muchas no conocen las leyes y no saben leer, han escuchado de sus derechos, al llegar a las instituciones encuentran otra barrera con los funcionarios (impartidores de justicia)”.
Cuando la mujer dice “mi esposo me golpea” o “mi hija fue violada”, las llevan con un abogado de oficio que pide dinero para seguir el proceso penal; “las mujeres no podemos llevar la justicia porque los abogados de oficio mendigan (dinero) con nosotras”.
En algunos casos, dijo que piden prestado, y con un gran número de hijos, terminan regresando a la comunidad, con el marido que las violenta, porque existe la idea machista de que la mujer debe sufrir toda la vida, sin importar el riesgo de que la maten.
Dijo que para tratar de salvar el obstáculo de la representación jurídica, también acuden a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA), donde no hay abogados ni recursos para brindar acompañamiento legal, y mandan a las víctimas a la Secretaría de la Mujer. Ahí, les dicen que no tienen abogados, que mejor vayan a la SAICA; además, aclaró que la Secretaría de la Mujer no tiene un delegado en Costa Chica “o no lo conocemos”.
Afirmó que ésta es una situación generalizada, diferentes asociaciones tienen las mismas quejas de las autoridades, y por esa razón se decretó el 22 de junio una Alerta de Violencia de Género en Guerrero, que a la fecha no se aplica porque no hay un programa con su cronograma de acciones y presupuesto. Por lo anterior, aseveró que el gobierno de Héctor Astudillo Flores “ha generado violencia hacia la mujer”.
Si las mujeres “no llegan con un brazo roto”, no reciben sus demandas, señala
A lo largo de los años, la K’inal Antzetik ha tenido mesas de trabajo con la Secretaría de Salud, firmaron acuerdos y convenios de colaboración, que hacen valer como organización. Ahora están documentando de procuración de justicia, porque es la exigencia de las mujeres.
Lamentó que si las mujeres no llegan con un brazo roto o los brazos morados a goles, las agencias encargadas de resolver casos de violencia sexual no reciben sus demandas, “acaso debe venir en caja para que le hagan caso”, cuestionó.
Aseguró que hay muchos antecedentes de actas de delitos sexuales en las sindicaturas municipales, en las agencias del Ministerio Público, y aún “la brecha para llegar a la justicia está muy lejos todavía, mientras no haya justicia hacia la mujer la violencia se seguirá generando en Guerrero”.
Indicó que, a partir de los diagnósticos elaborados por la organización, de todas sus entrevistas aplicadas, en Tlacachistlahuaca, Cochoapa el Grande y Acatepec, 99 por ciento de las mujeres reconocen que han sufrido o sufren alguno o varios tipos de violencia, emocional, física, verbal, económica.
Asimismo, la migración de los hombres (que no envían dinero a sus familias) y el alto consumo de alcohol en comunidades indígenas, es otra violencia que padecen las mujeres. Lamentó que cuando buscan respaldo institucional, no regresan con buenas noticias.
Recordó que, como organización, difunden en talleres los derechos de las mujeres a vivir sin violencia, y cuando se creó la Casa de las Mujeres en Tlapa, para su atención integral, promovieron también el refugio para las mujeres maltratadas, que tampoco les permitió mejorar su calidad de vida.
Insistió en que la ley no se traduce en hechos, “la brecha de la justicia está muy lejana, ¿cómo hacemos para que ya no sea brecha, que sea carretera y que esté pavimentada para que sea más rápido?”, cuestionó.
No hay justicia para las mujeres indígenas en
Guerrero, evidencia Tlachinollan con tres casos
Demandan el organismo y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio al Tribunal Superior que resuelva los procesos penales y de denuncia de Elvia Méndez Castillo, Juana Ramírez Marcos y Florencia Sánchez “conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva de género y los estándares internacionales más altos en materia de derechos humanos y de protección a los derechos de las mujeres”
Texto: Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero.- En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que es este 25 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio presentaron tres casos emblemáticos de mujeres indígenas, que evidencian que en Guerrero la justicia no se aplica con perspectiva de género.
Demuestran además que la justicia no toma en cuenta los estándares internacionales, y que prevalece la impunidad y la protección hacia los agresores varones.
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, la coordinadora indígena del mismo organismo Diana Figueroa y la representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Ana Yeli Pérez Garrido ofrecieron la conferencia de prensa Mujeres de Estirpe Guerrera en las instalaciones de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, en donde presentaron los casos de Florencia Sánchez Joaquín, víctima de violación múltiple y feminicidio, Elvia Méndez Castillo nahua sobreviviente de violencia familiar, y Juana Ramírez Marcos, nahua sobreviviente de violencia sexual.
En los tres casos el OCNF y Tlachinollan exigieron acceso a la justicia para mujeres indígenas de Guerrero.
Catalina Prisciliano contó la historia de su hija Florencia Sánchez Joaquín, joven me’phaa víctima de feminicidio el 24 de agosto de 2014, cuando apenas contaba con 23 años. La víctima era originaria de Loma Tuza, municipio de Acatepec, y tres años después sus familiares siguen en la búsqueda de justicia.
La joven fue violada y asesinada cuando fue a pedirle a su ex pareja Marcelino de la Cruz Sánchez el alimento para sus hijos. De los cuatro presuntos responsables solamente Marcelino está detenido, pero tres de sus cómplices andan libres y la tienen amenazada, además de que constantemente se acercan a su casa y hacen disparos al aire, denunció la madre de la víctima.
Marcelino fue detenido apenas el 14 de mayo de 2017, a casi tres años de los hechos, y el caso se ventila en el juzgado Penal de Primera Instancia de Distrito Judicial en Morelos, con sede en Tlapa.
En la primera semana de febrero de 2014, meses antes de su muerte, Florencia Sánchez acudió con el síndico municipal de Acatepec para exigir la manutención y la firma del acta de separación, pues su esposo había abandonado el hogar. En esa ocasión Florencia fue acompañada de su madre y su hermana, debido a que ambas habían sido testigas de la violencia de Marcelino en contra Florencia Sánchez, quien constantemente era violentada física, emocional y económicamente, incluso ante la presencia de sus dos hijas.
El 11 de febrero de 2014 después de celebrada el acta de acuerdos en el interior de la sindicatura municipal de Acatepec, cuando salían de la oficina, Marcelino le gritó a Florencia que las cosas no se iban a quedar así y la amenazó de muerte frente a su madre y hermana, en la esquina de la sindicatura.
El 22 de marzo de ese año la madre y hermana de Florencia Sánchez la acompañaron a la Comisaría Municipal de Loma Tuza, para que en presencia del comisario le devolvieran sus pertenencias a Marcelino que había dejado en su casa. Entonces nuevamente fueron testigas de otra nueva amenaza de muerte en contra de Florencia. Esa vez Marcelino le dijo: “ya te está llegando tu hora”.
En el expediente se establece que previo al asesinato de Florencia, en la propia comunidad se rumoraba que su ex esposo buscaba a personas para que la mataran. Por esos días Florencia dijo a sus familiares que se había dado cuenta que un policía del pueblo la perseguía constantemente, y que su casa era vigilada por personas desconocidas.
El 23 de agosto Florencia Sánchez estaba en la casa de su mamá de donde salió junto a su hija en brazos rumbo a la Casa de Salud para recoger la papilla y leche del programa de Oportunidades, pero ya no regresó. Esa fue la última ocasión que la vio con vida.
Al otro día su madre y hermana acudieron a la casa de Florencia, de donde vieron salir a Marcelino, quien llevaba cargando una televisión acompañado de otros tres hombres. Cuando entraron a la casa vieron que la cama estaba desordenada. Sobre el colchón estaba el cuerpo de Florencia y en el suelo un martillo con el que suponen fue asesinada, porque presentaba una herida en su cabeza, además de 10 lesiones en diferentes partes del cuerpo producidas al parecer con una navaja. Las dos mujeres contaron que Florencia también había sido violada.
En la humilde casa no encontraron la televisión, dos radios ni la mochila donde Florencia guardaba sus papeles y dinero.
Ayer Catalina auxiliada por una traductora contó que junto al cuerpo de su hija encontraron a su nieta, entonces menor de dos años, abrazando el cadáver de su madre. La menor presentaba un golpe en la cabeza, como seña de que también fue golpeada con algún objeto o contra la pared porque había manchas hemáticas. Estaba inconsciente pero con vida.
Desde entonces la familia de Florencia no ha encontrado justicia plena, pues detuvieron a Marcelino pero siguen libres al menos tres de sus cómplices quienes la amenazan constantemente y disparan al aire frente a su casa.
Catalina contó que pretenden que retire la denuncia para que Marcelino salga libre.
La abogada de Tlachinollan informó que los familiares han pedido a las autoridades medidas cautelares, asimismo que exhorten a Marcelino a que deje de amenazarlos, pero que no han tenido respuesta.
Víctimas de violencia familiar
Otro caso de impunidad es el que vive Elvia Méndez Castillo, originaria de la comunidad de San Pedro Petlacala, municipio de Tapa. Ella se separó de su esposo debido a que éste la agredía físicamente constantemente.
El 12 de septiembre del 2013 Elvia se encontró con su ex pareja quien la golpeó en plena calle, mientras abrazaba a la hija de ambos, de entonces apenas cinco meses de edad. La joven mujer tenía 20 años y se recuperaba de la cesárea.
La mujer contó que su ex esposo llevaba un envase de cerveza caguama en la mano y que al momento de agredirla se le cayó y se rompió en el suelo.
Explicó que en la agresión, ella esquivó los golpes y él resbaló lesionándose en la mano con los vidrios y la demandó.
Arias Vitinio informó que el año pasado la jueza segunda de Primera Instancia en materia penal del Distrito Judicial de Morelos condenó a Elvia a un año de prisión y a la reparación económica del daño, acusada de lesiones agravadas en contra de su ex esposo.
Además consideró culpable a la mujer, porque “era más grande y de mayor peso que su agresor”.
La misma autoridad no ha procedido con otra demanda que presentó Elvia por las lesiones y agresiones físicas que le propinada su entonces esposo.
El caso de Juana Ramírez Marcos, originaria de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, también evidencia impunidad.
Ella se separó de su esposo Ambrosio Ramírez en 2014 por haber sido víctima de violencia sicológica, física y patrimonial por parte de él y de la familia de éste durante varios años, a tal grado que en una ocasión el hombre trató de asfixiarla mientras le reclamaba que no podía darle un hijo.
En 2015 su ex pareja la agredió sexualmente y cuando ella se defendió del ataque lo dejó lastimado. La misma juez que sentenció a Elvia la condenó a ella a un año y tres meses de prisión y a la reparación del daño, también por el cargo de lesiones agravadas.
La mujer también presentó una denuncia y él fue detenido pero el 31 de octubre pasado salió de la cárcel y la mantiene amenazada, además de que junto con su nueva mujer la despojaron de la casa que construyó con Ambrosio durante los 27 años que vivieron juntos, “ya me quitó la casa, que más quiere”.
Las representantes del OCNF y de Tlachinollan demandaron al Tribunal Superior que resuelva los procesos penales y de denuncia de Elvia Méndez Castillo, Juana Ramírez Marcos y Florencia Sánchez, “conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva de género y los estándares internacionales más altos en materia de derechos humanos y de protección a los derechos de las mujeres”.
Además en un boletín de prensa expusieron que: “como organizaciones defensoras de los derechos humanos reconocemos la persistente lucha de las mujeres indígenas para acceder a la justicia, por lo que estaremos atentas de las acciones y resoluciones que en su momento emita el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, a fin de que los derechos al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia para las mujeres sean garantizados.
En la conferencia de prensa las mujeres víctimas de violencia recibieron el respaldo de la me’ phaa Inés Fernández Ortega, quien fue víctima de violencia sexual por soldados del Ejército y cuyo caso fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El primer feminicidio reconocido en La Montaña
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio informó que el caso de Florencia Sánchez es el primer feminicidio reconocido por las autoridades en la región de la Montañam y que de enero a abril de este año se han cometido 10 asesinatos de mujeres en los municipios de Tlapa, Alcozauca, Acatepec y Cochoapa, sin que las autoridades los hayan tipificado aún como feminicidos.
La representante del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, Ana Yeli Pérez declaró que a nivel nacional no hay cifras de feminicidio de Guerrero porque el gobierno no aporta la información, a pesar de que este delito es recurrente en la entidad, y no se garantiza su integridad y el derecho a la vida de las mujeres, sobre todo de las indígenas.
Asimismo dijo que la impunidad que existe “provoca permiso” para que los agresores sigan cometiendo este tipo de actos.
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