La Guardia Nacional, bajo el mando del Ejército es una “visión de la seguridad militarizada (y) un gran riesgo para todo el proceso de transición”, advierte el director de Tlachinollan.
Chilpancingo, Guerrero, 16 de noviembre de 2018. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró de “máximo riesgo y grave” que el Ejército tenga el mando de la seguridad pública en el país, mientras el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, ex coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Acapulco, dijo que en el plan de seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el Ejército debe colaborar pero no ocupar el papel más importante.
Consultados por separado, luego de que se diera a conocer el Plan Nacional de Paz y Seguridad, Barrera Hernández dijo que el esquema que plantea López Obrador es grave y de preocupación, porque las organizaciones de derechos humanos e incluso la Organización de Naciones Unidas sugieren que la seguridad pública esté en manos de civiles.
“El gran problema no es que se sigue militarizando con la Guardia Nacional, sino también el tema de la misma investigación, de procuración de justicia, que hay una injerencia dentro de estos espacios, que deben de ser como estamos demandando, una Fiscalía autónoma que esté bien acuerpada, que se garanticen investigaciones científicas, sin sesgos políticos, que tenga el procurador un perfil idóneo, que goce de la autonomía, que esté más adecuada a escuchar a las víctimas y garantizar la justicia”.
Consideró que la figura de Guardia Nacional, bajo el mando del Ejército es una “visión de la seguridad militarizada que en verdad es un gran riesgo para todo el proceso de transición”, y que se debe de avanzar en cómo fortalecer el sistema de seguridad, de garantizar los derecho humanos, y la profesionalización de los policías.
Dijo que la propuesta no atiende en el fondo la demanda que se ha planteado desde la sociedad, y se está construyendo algo que no puede garantizar una verdadera transición hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas. “Es un gran riesgo máximo en Guerrero, donde los mandos militares, la misma campañas que hay de militarización, eso vemos que no ha generado una mayor seguridad, una mayor fortalecimiento al Estado de Derecho. Eso es grave y bueno vamos a tener que hacer valer los recursos jurídicos”.
Vaticinó que la lucha jurídica será muy complicada: “Entendemos que hay una línea clara de abatir la impunidad y de limpiar las instituciones para desarraigar la corrupción, sentimos que hay ese compromiso, pero como un modelo militarizado la situación se complica”.
Recordó que los militares tienen otra perspectiva en cómo coordinarse con los cuerpos civiles. “Subordinar al poder civil es un mal augurio para este nuevo gobierno, que se supone que iba a fortalecer a las instituciones”, porque los militares van a seguir con la visión militarizada, van a seguir actuando con la lógica del enemigo, no verán al sujeto de derecho, sino como adversario, y un peligro.
Expresó que es bueno la buena voluntad que hay del nuevo gobierno, pero “no están dadas las condiciones en las instituciones para poder garantizar que se va a actuar con todo; en aplicar la Ley, y no permitir más impunidad, y castigar a los responsables, “sabemos que hay que depurar las instituciones, que hay que arrancar de tajo la corrupción. Por más que se le quiera adoctrinar en derechos humanos (a los militares), su comportamiento siempre va a ser jerárquico y en la lógico militar, autoritario, nada amigable en los derecho humanos”.
Barrera Hernández, consideró que poner al Ejército al mano de la seguridad pública, trastoca el esfuerzo de las organizaciones civiles que han luchado para que sean retirados de las calles, y de aprobarse la reforma y la creación de la Guardia Nacional, “seria una reforma regresiva, se estaría hablando de militarizar el país, y pone en riesgo la lucha para fortalecer a las instituciones ciudadanos. Nosotros vamos a seguir se reforme el artículo 102, que se una Fiscalía Autónoma y exigir que no existan iniciativa que legitimen la participación de los militares”.
Mientras el Jesús Mendoza, ex coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Acapulco y quien ha trabajado en apoyo a las víctimas de la violencia, consideró que lo novedoso del plan, aunque depende del Ejército, es que hay una opción por una policía más militarizada, más especializada y profesional, y en temas en que el Ejército no ha tenido muy claros, como una formación en derechos humanos.
Dijo que si la represión a la delincuencia se mantiene en el primer nivel no habrá avances en la pacificación del país, pero que “se pretende algo diferente, según la propuesta toca las causas de la violencia, económicas, políticas y valores.
“Para mí el Ejército tiene que colaborar pero no es lo más importante”.
Mendoza Zaragoza consideró que el ejército debe de tener una colaboración temporal, y como lo planteó López Obrador luego de que ganó la elección, en un lapso de tres años el Ejército debe de salir de las calles y regresar a sus cuarteles.
“Él (López Obrador) ha ido modificando su propuesta, ahora mantiene al Ejército en primer plano, no sé si responda a presiones, o a una percepción diferente”.
El sacerdote afirmó que el presidente electo, “está poniendo todos los acotamientos para el poder público, en el sentido de que no va haber miramiento a dejar pasar o a la impunidad o en cosas de delitos” y que quien cometa alguna violación a los derechos humanos será llevado ante la ley.
Texto: Jacob Morales / Foto: archivo El Sur