Pide el director de Tlachinollan en el Senado, a donde acudió a las audiencias públicas sobre la creación de la Guardia Nacional, no apostar por la mano dura y retomar los señalamientos de la ONU, que ha expresado su preocupación por la apuesta a una seguridad militarizada.
Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. Ante la inseguridad en el estado y en el país, urge que no sigamos apostándole a la mano dura, porque ésta ha significado ingobernabilidad y graves violaciones a los derechos humanos en Guerrero, donde pese a los diversos operativos, la criminalidad continúa, y sólo se ha convertido a la entidad en un laboratorio de las consecuencias de una militarización atroz, advirtió este martes en el Senado de la República Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En el segundo día de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, que se celebrarán toda la semana en el Senado, Barrera recordó que la presencia militar en Guerrero se extiende desde hace décadas, y lo único que ha ocasionado son graves violaciones a los derechos humanos.
Justo la mesa 2, celebrada este martes, se tituló Derechos Humanos, y participaron, entre otros, Abel Barrera, el sacerdote Alejando Solalinde y Antonio Magaña, integrante de autodefensas de Michoacán.
Abel Barrera participó en el segundo bloque, después de las seis de la tarde, y dijo que como integrantes de un centro que opera en Tlapa, nunca se imaginaron hace 25 años que tendrían que documentar casos graves de violaciones a los derechos humanos desde 1994.
Barrera indicó que la presencia el Ejército mexicano en Guerrero en el ámbito de la seguridad, puede documentarse desde la década de la guerra sucia, en los años 70, cuando los militares asumieron el control de las zonas convulsas y con presencia de la guerrilla, “y obviamente hubo la orden presidencial de acabar con ese foco de insurgencia armada”.
Esa presencia militar, señaló, ha causado una gran desolación en las regiones Costa Grande, Costa Chica, en la Montaña, en donde hay más de 525 familias con personas desaparecidas. Pese a ese, no hay ningún avance, insistió, y ni siquiera se ha podido dar con el paradero de Rosendo Radilla, cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“Esto ha causado una situación muy grave, porque estamos ante un estado abierto hacia un proceso de militarización que ha empobrecido y que ha causado una situación realmente de ingobernabilidad. Esta situación, después de las décadas 60 y 70, se agudizó en el nuevo siglo, con la masacre de El Charco en 1998, en una comunidad indígena en Ayutla de los Libres, donde el ejército ejecutó a 11 indígenas y un estudiante.
“Hasta la fecha, en México no hay una investigación a fondo, y recientemente fue admitido el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Han sido los organismos internacionales los que intervienen para que en México se pueda investigar a las fuerzas armadas”, lamentó Abel Barrera.
Con la guerra contra el narcotráfico, continuó, ha sido recurrente que el Ejército participe en desapariciones, torturas y ejecuciones. “Esta situación es muy grave. Por eso decimos que cómo se dice que ahora vamos con el ejército como si no hubiese ya estado en las regiones y afectado ya las relaciones que hay con la ciudadanía. Como si no hubiera pasado nada, esas situaciones graves que en verdad causan en Guerrero una ingobernabilidad atroz”, advirtió y luego indicó: “desde los 70, el ejército nunca se ha replegado”.
“No apostemos ante la mano dura”.
En el segundo día de las audiencias, estuvieron presentes, entre otros, Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Antares Vázquez Alatorre, secretaria de la Mesa Directiva; Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, y el senador Emilio Álvarez Icaza.
En su intervención, Abel Barrera lanzó dos preguntas extensas: “¿Qué relación tiene el Ejército, allá en la Costa Grande, en Petatlán, con Rogaciano Alba, que hoy está en la cárcel acusado de narcotráfico, y los jefes militares cuando torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos campesinos ecologistas que defendían el bosque, y que fueron acusados por posesión de armas? ¿Por qué el ejército se obstina en defender a caciques, cuando éstos están vinculados con el crimen organizado y la siembra de enervantes?”
También el ejército, siguió, fue puesto en la Costa Grande, en la sierra, en la Montaña, donde desde hace 30 años “sigue creciendo el cultivo de enervantes en esas regiones. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Con qué eficacia ha combatido el Ejército esa siembra? En La Montaña, la zona más pobre del país, está el mayor índice de siembra de enervantes, y ahí es donde está militarizada la región y se han dado casos graves de derechos humanos”.
En una de sus primeras conclusiones, Barrera dijo que no se puede pensar que la “nueva reedición de militarización en Guerrero será de buena voluntad, que de verdad ellos se supediten a la autoridad civil.
“El secretario de Seguridad Pública con Zeferino Torreblanca, fue un militar, Heriberto Salinas Altés. Además, pusieron mandos regionales en las diferentes zonas del estado para que fueron los militares quienes controlaran la seguridad. El resultado: ahí están sus comandancias de seguridad pública en las diferentes regiones.
“En Guerrero se han implementado diversos operativos, se ha experimentado con todo, es el laboratorio de las consecuencias de una militarización atroz, sin un control civil. Pensar que (los militares) se van supeditar a una estrategia civil, lo vemos muy difícil porque sabemos cómo funciona, cómo interrogan y someten a la población”, enfatizó.
Barrera recordó los casos de tortura y violación sexual contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en el 2002, por parte de militares, e indicó que se acudió a la CIDH y a la CorteIDH, que determinó que se investigara a los militares en el fuero civil.
“Fueron 16 años para alcanzar justicia, porque no hubo condiciones para Valentina, una indígena que hasta la fecha no habla español, y para que el Estado reconociera que ella habló con la verdad.
“Esta es la situación, por eso nos preocupa mucho que se simule que la Guardia Nacional comenzará con un Ejército inmaculado, hablan de un mando civil, cuando la cuestión operativa seguirá en mandos militares. Es ahí es donde está el problema, porque son los que toman decisiones, cuando van a detener a las personas, o deciden torturarlas o desaparecerlas.
“Además, está la intención de agregar un artículo transitorio que permita que las Fuerza Armadas continúen haciendo labores de seguridad tal y como hoy lo hacen y por tiempo indefinido. Esto dejaría la posibilidad que casos graves de violaciones sigan ocurriendo, que en un retén militar se ejecute a una persona y que hasta la fecha no hay ningún militar detenido”.
Al final, Barrera instó a los senadores a retomar los señalamientos de la ONU, que ha expresado su preocupación ante la aprobación de la Guardia Nacional, “pues se seguirá priorizando una seguridad militarizada.
“Para nosotros que estamos en Guerrero, en la Montaña, sabemos lo que esto implicará, y sabemos, como defensores de derechos humanos y por el acompañamiento a las víctimas, lo que han sufrido. No sigamos apostándole a la mano dura, porque ésta en Guerrero ha significado ingobernabilidad y sobre todo graves violaciones a los derechos humanos”, concluyó.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Cuartoscuro
