La PF explica que la investigación por el desvío fue entregada al Órgano Interno de Control, a la SFP y a la PGR. Dicha investigación involucra a Raúl González Apaolaza, ex director general del NAIM, y a Carlos Noriega, ex director General de Administración del GACM.
Ciudad de México, 7 de enero de 2019. Agentes de la Policía Federal investigan acerca de un presunto desvío de recursos por más de 17 mil millones de pesos del fondo que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) destinaría a la construcción del Nuevo aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La Policía Federal explica que la investigación por el desvío ya fue entregada al Órgano Interno de Control (OICM), a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Dicha investigación involucra a Raúl González Apaolaza, ex director general de la obra del NAIM, y a Carlos Noriega, ex director General de Administración del GACM.
En el documento también se señala que es necesario investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, ex gobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño como director General del GACM.
Según el informe de la Policía Federal, que llevó a la investigación comenzada por el OIC en enero de 2018, por el director Federico Patiño, la dependencia llevo a cabo diversas actividades para investigar acerca de posibles delitos de alto impacto en la construcción del NAIM, a través de la compra de materiales para la construcción, como tezontle y basalto, sin contratos a empresas y sindicatos relacionados con Apaolaza, con empresas que no cumplieron con las normas mínimas de calidad.
El informe fechado el 6 de noviembre de 2018 se entregó al GACM a través del oficio PF/DINV/CIC/DGIDAI/5097/2018 el pasado 12 de noviembre, cuando ya se encontraba en funciones el actual director Gerardo Ferrando Bravo.
Patiño declaró a El Universal que él no fue quien ordenó la investigación, pero que recibió un documento no firmado que envió al OIC.
“Fue todo lo que yo hice y es todo lo que puedo decirle porque yo no ordené absolutamente nada, mi particular lo envió al Órgano Interno de Control por instrucciones mías para que se hiciera la investigación y el análisis que correspondía”, declaró.
La autenticidad del reporte se verificó con la encargada de la investigación en la Policía Federal. La oficial responsable de la investigación envió copia del reporte al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, que dijo a El Universal que sí lo recibió y ordenó la intervención de la PGR.
En el informe se describe cómo los sindicatos y empresas que se supone controla González Apaolaza fueron beneficiadas con cantidades superiores a los 17 mil 500 millones a través de un monopolio de viajes cargueros y la compra de material, de forma que el material (de acuerdo con testimonios de los trabajadores) sólo entraba al terreno con autorización del sindicato y a través del pago de un porcentaje.
“Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron [las compras] no se dieron en las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad y financiamiento”.
“Se establece, de la investigación de la Dirección Corporativa Lado Tierra de GACM, la presunción de que deliberadamente no se contrató la operación del tren en Ferromex que está en la parte trasera del polígono y el equipo transportador del material instalado, a sabiendas del volumen del material que ingresaría en la obra y de los centros de acopio que hay cerca de las minas, como lo informó personal del sindicato, que que este medio de transporte hubiese reducido considerablemente el costo del transporte de los materiales, así como los tiempos de entrega.
“Prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo, pues el precio pasó de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos, ambas cantidades multiplicadas por los 8 mil metros cúbicos de la superficie”.
Según la revisión de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se calculo que se debía comprar material para una superficie de 35 mil 448 millones de metros cúbicos, para lo cual era necesario un gasto de 17 mil 724 millones de pesos de tezontle a 200 pesos el metro cúbico, y el basalto, a 300 pesos el metro cúbico.
En 2017 la Auditoría Superior de la Federación hizo la documentación para la nivelación, limpieza del terreno y la construcción de caminos provisionales de acceso que fueron autorizados por 3 mil 603 millones 200 mil pesos entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, sólo para proveer y colocar 392 mil 570.42 metros cúbicos de tezontle.
Según lo declarado por la Policía Federal estas acciones develan “una acción concertada entre funcionarios y sindicatos que se podría tipificar como delincuencia organizada con el fin de crear un monopolio de transportes de los materiales a los precios que ellos establecieron y sólo mediante el uso de sus camiones”.
La PF también incluyó una revisión de las declaraciones patrimoniales de los ex funcionarios del GACM en la que se encontraron adquisiciones y omisiones que no concuerdan con los datos reales.
Por ejemplo, Apaolaza no declaró que es miembro del Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITRAM), donde el principal dirigente es Máximo Telmo Reyes Vilchis, así como Humberto Pérez Piedra, coordinador del GACM, que tuvo diversas reuniones con Hugo Bello Valenzo, dirigente del Sindicato Libertad.
De acuerdo con el reporte, estas organizaciones son las que controlaban la venta del material del construcción y el transporte en el terreno del NAIM.
Cuando se le preguntó a Apaolaza acerca de su relación con el sindicato, declaró que es una confusión porque pertenecía a otro sindicato al que se dio de baja cuando le dieron el nombramiento en Grupo Aeroportuario. Y en cuanto a su relación con Reyes Vilchis dice que lo conoce hace 50 años porque jugaban futbol americano cuando fueron alumnos del Instituto Politécnico Nacional.
En cuanto al ex director de GACM, Manuel Núñez Soto, que no está directamente vinculado con las irregularidades en la compra y traslado de materiales, la PF encontró que no declaró tener en su propiedad la Desarrolladora Corteq, SA de CV, y Almahandm Desarrolladora de Vivienda, empresas que aparecen registradas como parte del Corporativo Grupo Lomax, de Alberto Manuel Díaz de la Riva, un consorcio inexistente.
Núñez Soto negó conocer Corteq, pero admitió su participación en Almahandm, con la cual se han construido viviendas de interés social en Hidalgo.
La PF también encontró que Núñez Soto compró un inmueble de mil 100 metros cuadrados, en San Ángel Inn, en 2005, por al cantidad de 9 mil 750 millones de pesos, al respecto dijo que ese inmueble es su domicilio, y que le costó 9 millones 750 mil pesos, no 9 mil. “No sé de dónde salió ese dato”.
Texto: redacción con información de El Universal / Foto: NAIM
https://devtest.suracapulco.mx/2018/12/19/dinero-de-la-cruzada-nacional-contra-el-hambre-66-1-mdp-termino-en-8-diferentes-paises/
