Texto: Zacarías Cervantes / Foto: El Sur. En la imagen, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, en una sesión de cabildo.
Chilpancingo, Guerrero, 26 de agosto de 2018. Las nuevas autoridades municipales, que entrarán en funciones a partir de octubre, heredarán de las actuales administraciones adeudos por el orden de los 3 mil millones de pesos por concepto de laudos laborales, según expedientes abiertos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), en donde desde 2000 hasta lo que va de este 2018, ha recibido un total de 5 mil 641 demandas laborales de trabajadores despedidos, de 80 de los 81 ayuntamientos.
Por el número de trabajadores que concentra, el Ayuntamiento de Acapulco es el que más demandas ha recibido, siendo en total mil 504 y 400 de ellas están en la etapa de la ejecución. Además, sus pasivos por laudos alcanzan los 800 millones de pesos, según los documentos que han cruzado el TCA y la Secretaría de Finanzas y Administración.
Los datos consultados se encuentran en los documentos Concentrado de demandas laborales contra municipios del estado de Guerrero; Concentrado de demandas laborales contra dependencias y municipios del estado de Guerrero; Concentrado de amparos laborales recibidos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y en Relación de expedientes de Ley 51.
Los documentos de las dos dependencias estatales revelan, además, que existen un total de 3 mil 617 amparos que han presentado trabajadores despedidos, en contra de distintos gobiernos municipales, por la negativa de éstos a pagar los laudos laborales ya resueltos a su favor.
Después de Acapulco, los municipios que concentran el mayor número de demandas son Zihuatanejo, con 368; Atoyac, con 302; Coyuca de Benítez, con 144; Chilapa, con 146; Chilpancingo, con 115; Iguala, con 192; Ometepec, con 178; Petatlán, con 161; Pungarabato, con 114; Taxco, con 346; Tecpan, con 112, y Tixtla, con 133.
Las demandas presentadas en contra de 80 de los 81 municipios, desde 2000 hasta lo que va del 2018, fueron en total 5 mil 641. El único municipio que no ha recibido alguna es el de Tlalixtaquilla.
De acuerdo con los documentos consultados, 29 de los 80 municipios demandados ya han sufrido embargos millonarios. Los más emblemáticos son el de Tecpan, que bajo el expediente laboral 285/2006 más el acumulado 517 /2007, se hizo acreedor a dos embargos; uno por la cantidad de 87 millones 408 mil 645 pesos y el segundo por 10 millones 970 mil 205 pesos.
En tanto, el Ayuntamiento de Ayutla de los Libres, bajo el expediente 141/2009 más el acumulado 637/2009, sufrió un embargo por 8 millones 568 mil 410 pesos. Asimismo, el Ayuntamiento de Cuajinicuilapa sufrió un embargo de 12 millones 16 mil 772 pesos por el expediente 93/2008. A su vez, el Ayuntamiento de Ometepec sufrió un embargo de 4 millones 703 mil 265 pesos, por el expediente laboral 621/2007.
El Ayuntamiento de Cochoapa el Grande sufrió un embargo de 5 millones 290 mil 300 pesos, por el expediente laboral 37/2009; mientras que el Ayuntamiento de Chilapa sufrió un embargo de 9 millones 441 mil 340 pesos, por el expediente laboral 403/2008.
Hay otros casos, como el del Ayuntamiento de Pilcaya, que por la pérdida de un laudo laboral en marzo del año pasado, por un monto de 15 millones de pesos, estuvo a punto de perder un inmueble.
Ese municipio ha acumulado un total de 14 demandas laborales de 2001 a lo que va de este 2018, y arrastra un adeudo debido a los laudos laborales perdidos por 150 millones.
El 31 de marzo del año pasado, la comuna recibió una orden de embargo para desalojar un inmueble en un lapso de 15 días, debido a la pérdida de un juicio laboral, por lo que el cabildo solicitó al gobierno estatal su intervención, para resolver de manera emergente el problema.
Mientras tanto, de acuerdo con los documentos del TCA y de la Secretaría de Finanzas, el municipio de Acapulco arrastra pasivos laborales por unos 800 millones de pesos, sólo por algunas de las mil 504 demandas laborales que acumuló del año 2000 a lo que va de la actual administración.
La administración que más acumuló demandas laborales fue la del actual senador electo de Morena, Félix Salgado Macedonio (2005-2008), cuando sumaron 461 demandas; 48 en 2005, 245 en 2006, 118 en 2007 y 60 en 2008.
Del total de las demandas laborales, al menos 400 de ellas se encuentran en la etapa de ejecución.
En los documentos consultados se establece que a finales de la administración 2012-2015, que encabezó Luis Walton Aburto, del partido Movimiento Ciudadano, firmó cuando menos nueve convenios para cubrir adeudos por laudos, algunos de ellos hasta por 2 millones de pesos.
Uno de ellos fue por el expediente 54314/2009, a favor de un solo ex trabajador del que se reserva su identidad, por la cantidad de 2 millones de pesos, firmado el 25 de mayo de 2015 y en el que se establece que el pago se realizaría en cuatro parcialidades: la primera de 500 mil el 8 de junio de ese año; una segunda de 500 mil, el 8 de julio; tercera de 500 mil, el 8 de agosto, y la última, de otros 500 mil, el 8 de septiembre.
Otro más, de 2 millones de pesos, fue por el expediente 5312/2009 a favor de otra ex trabajadora y se firmó el 25 de mayo de 2015. En el citado convenio se establece que esa cantidad se pagaría en cuatro parcialidades, 500 mil el 8 de junio; la segunda de 500 mil el 8 de julio; la tercera de 500 mil, el 8 de agosto, y la última de 500 mil, el 8 de septiembre.
Sin embargo, las cantidades son insignificantes para el total de los pasivos que enfrenta, si se toma en cuenta que estos alcanzan los 800 millones de pesos.
En el caso de Tecpan, que acumuló 112 demandas laborales a partir de 2001, dejará adeudos por 142 millones de pesos. En declaraciones recientes a los medios de comunicación, el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández informó que su administración alcanzó a saldar 19 millones 785 mil pesos, que recibió sólo de la administración pasada.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, que acumuló 53 demandas a partir de 2003, arrastra pasivos por 220 millones de pesos.
El presidente municipal de San Luis Acatlán, de Movimiento Ciudadano, Javier Vázquez García, quien antes de ser alcalde se dedicaba a litigar casos laborales de trabajadores despedidos de varios ayuntamientos, declaró que uno de los graves problemas que heredarán las actuales administraciones a las comunas entrantes, serán los adeudos por laudos laborales perdidos.
Informó que en las reuniones de capacitación para la entrega-recepción, les han recomendado que no dejen adeudos por laudos laborales, pero dijo que el problema es que de dónde van a tomar tanto dinero para pagar los pasivos por ese concepto.
Incluso, en su caso, ha tenido que enfrentar un conflicto de interés, porque su Ayuntamiento acumuló de 2000 a 2013, 42 demandas laborales y algunas de ellas fueron promovidas por él mismo cuando litigaba a favor de los trabajadores despedidos en las administraciones pasadas.
En los documentos del TCA y de Finanzas del estado, no se establecen los montos por los laudos perdidos en el Ayuntamiento de San Luis Acatlán; mientras que el alcalde Vázquez García evadió precisar a cuánto ascienden los pasivos, argumentando que carecía del dato en el momento que fue consultado.
Vázquez García informó que un grupo de presidentes municipales, entre los que se encuentra él, solicitaron a finales del año pasado a la secretaría de Hacienda, que asignara una partida especial para los ayuntamientos que tuvieran mayores adeudos por laudos, con el fin de ir saneando sus finanzas, pero dijo que no obtuvieron respuesta.
Otra alternativa se estableció en la Ley 650 de ingresos de los ayuntamientos, que aprobó el Congreso local en diciembre del año pasado, en la que los diputados reconocieron que recibieron “múltiples solicitudes de ampliaciones presupuestales extraordinarias, de autorización para la contratación de empréstitos, e incluso, para ser el conducto ante instancias del Poder Ejecutivo y gestionar apoyos financieros para que los ayuntamientos cubran las erogaciones por concepto de sentencias derivadas de laudos de juicios laborales en su contra”.
Sin embargo, los diputados consideraron que estas solicitudes no cumplieron con los requisitos que al efecto establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, así como diversos ordenamientos en la materia, por lo que incluyeron en el artículo 13 de dicha ley, que los ayuntamientos “deberán realizar anualmente las previsiones necesarias en sus respectivos presupuestos de egresos, a efecto de que se cubran las erogaciones por concepto de sentencias derivadas de laudos de juicios laborales”.
El problema para las próximas administraciones es que desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a sentar precedentes para la aplicación de las sanciones con la destitución de las comunas, así como sanciones penales contra alcaldes y ex alcaldes que incurrieron en omisiones ante las demandas laborales.
La SCJN ya ha dictaminado en cinco casos, en municipios de otros estados, con destituir a las comunas e iniciar acciones penales contra alcaldes. En septiembre de 2015, Noé Reynoso Nava, presidente municipal de Amacuzac, Morelos, fue destituido debido a que incumplió con el pago de un laudo que ascendía a más de 1 millón de pesos, producto de un juicio laboral que inició desde 2004.
Asimismo, en enero de este año, la SCJN ordenó la destitución y consignación ante un juez penal del presidente municipal de Paraíso, Tabasco, Bernardo Barrada Ruiz, así como a nueve regidores y a los directores de Programación y Finanzas de ese municipio.
La sentencia fue por el incumplimiento de un laudo laboral en favor de 23 ex trabajadores del municipio, que debían ser reinstalados, así como recibir el pago de salarios caídos, que sumaban 95 millones de pesos.
La autoridad federal estableció incluso una posición ante el incumplimiento de los laudos, en el ámbito municipal, en los casos donde hay sentencias.
El documento establece: “En la actualidad, ante el incumplimiento de los laudos por parte de las entidades municipales, los juzgados de distrito han adoptado diversos criterios, con los cuales se trata de obligar a los ayuntamientos a cumplir con la obligación que les impone el laudo que los condenó”.
Advierte: “El no acatar el mandato que se establece en una sentencia que concede el amparo y protección de la justicia federal, una vez que ésta causó ejecutoria, conlleva consecuencias tales como: Multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo vigente en Distrito Federal (artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo). Destitución o inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos (artículos 192 y 267 de la Ley de Amparo). Así como consignación al Ministerio Público (artículo 192, de la Ley de Amparo).
