Están organizadas en grupos, informa el enlace del gobierno federal para la pacificación, Álvaro Urreta.
Chilpancingo, Guerrero, 13 de noviembre de 2019. El gobierno federal atiende a todos los grupos de desplazados por la violencia de la sierra y elabora un registro para contar con un padrón real, y así resolver casuísticamente cada uno de los planteamientos que hacen los grupos, declaró el enlace del gobierno federal para la pacificación en Guerrero, Álvaro Urreta Fernández.
Mencionó que los grupos de familias que atienden son dos de las comunidades de Leonardo Bravo (Chichihualco) que se encuentran refugiados en la cabecera municipal, los de San Miguel Totolapan y Ajuchitlán refugiados en Tecpan de Galeana, dos más radicados en el estado de Morelos que también salieron de comunidades de la Sierra del Filo Mayor y otro grupo de Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo. En total son más de 500 familias.
Consultado ayer vía telefónica luego de que los desplazados de Chichihualco y de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, denunciaron omisión y complicidad de las autoridades con los civiles armados que los expulsaron, así como falta de atención y de voluntad para resolver su problema de desplazamiento a un año de que fueron expulsados de sus pueblos, Urreta Fernández aseguró que la atención es casuística porque cada grupo plantea demandas distintas.
El enlace del gobierno federal para la pacificación en Guerrero ha participado en reuniones de los distintos grupos de desplazados de la sierra con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre estos el director de Estrategias de Atención a Derechos Humanos, Neftalí Granados, e integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Los refugiados
Álvaro Urreta informó que a las familias desplazadas de la sierra que atienden son las 240 que están en un albergue de Tecpan de Galeana, otros dos grupos que están en Morelos, uno en Tepoztlán integrado por 70 familias y otro en Xochitepec con 35.
Además las aproximadamente 70 familias que están en Chichihualco que representa el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y otro grupo del mismo municipio que atiende directamente el gobierno federal.
Asimismo, otro grupo de familias de Vallecitos de Zaragoza, municipio de Zihuatanejo, que salieron de las comunidades de la parte alta y que suman entre 70 y 80.
Reconoció que hay más familias pero no están registradas u organizadas. Dijo que algunas se fueron a Tlaxcala, Puebla, Estado de México o a otras ciudades del país.
Aseguró que actualmente están trabajando para articular a todas las familias y contar con un solo padrón, aunque sus casos y lugares de asentamiento sean distintos.
Agregó que en todos los casos el gobierno federal les otorga, de entrada, apoyo asistencial, alimentación y salud, en lo que se resuelve el retorno a sus comunidades o su reubicación, según la petición que plantean las familias, mientras que la CEAV atiende, en algunos casos como el de Chichihualco, sus demandas como el pago de renta.
En segundo plano informó que se está planteando el desarrollo de proyectos productivos, “para que se rompa el círculo del asistencialismo” y agregó que la intención es buscarles opciones productivas.
En el caso de los desplazados de Chichihualco aseguró que el gobierno federal está buscando alternativas para apoyarlos, en un esquema semejante a los desplazados de Tecpan: a corto plazo con apoyos asistenciales, de alimentación y de salud, en lo que se aterrizan las alternativas productivas, “que es la parte más importante”.
En tanto, las aproximadamente 80 familias que está en Tepoztlán y Xochitepec, Morelos, que en su mayoría salieron de San Miguel Totolapan, dijo que apenas están elaborando un padrón y ver de qué dimensión es el problema para atenderlos, pues añadió que estos son considerados “desplazados extraterritoriales”.
Agregó que también están revisando el caso de Vallecitos de Zaragoza en la sierra de Zihuatanejo, en donde las confrontaciones de los grupos delictivos hay familias que bajaron de las comunidades de la parte alta y ahora quieren regresar a sacar sus pertenencias, pero no lo pueden hacer hasta que haya las medidas de seguridad y acompañamiento.
Consideró que el de los desplazados “es un problema muy complejo porque tienen especificidades distintas”, añadió que algunos casos “traen muchos años de atraso”, y porque la mayoría de ellos lo que proponen es regresar a sus pueblos “y ese es un problema que tiene que ver con el problema de inseguridad”, reconoció.
Más que medidas de emergencia la solución tiene que ser con una estrategia integral, plantea
Respecto de la denuncia de omisión y complicidad de las autoridades con los grupos que los desplazaron y que no han atendido su reclamo de regreso a sus pueblos, como lo plantearon el lunes las familias que marcharon en Chichihualco, declaró que ha habido intentos de las autoridades de regresar a algunos pero no se ha podido, y recordó que en una ocasión hasta fueron agredidos, en referencia al intento de retorno del 16 de noviembre.
“Nosotros creemos que la solución tiene que ser más de fondo y más que medidas de emergencia, la solución tiene que ser con una estrategia integral, con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y las policías estatales y municipales, para iniciar un proceso de construcción realmente de paz y de contención”, explicó.
Dijo que el proceso de regreso de las familias desplazadas a sus pueblos tiene que ser acompañado, además, con desarrollo en las comunidades y que para ello se están constituyendo los consejos comunitarios para el desarrollo y la paz en la sierra, y los comités de paz en varios lugares.
Urreta Fernández agregó que unas 140 comunidades de la sierra ya se han agrupado en estos centros comunitarios de paz, y que los que se integran firman pactos de paz entre ellos para ir construyendo y contribuyendo a crear mejores condiciones en sus comunidades.
Detalló que estos comités se han integrado en Coyuca de Catalán en donde la sede está en El Aguacate, “allí ya hay todo un proceso de construcción colectiva de paz y desarrollo desde abajo”.
Contó que sus integrantes se están incorporando al programa Sembrando Vida y a proyectos para la siembra de aguacate y estanques de truchas.
Dijo que otro comité se instaló en Pocitos del Balcón, municipio de Ajuchitlán y otro más está en Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, pero que se va a ir avanzando en la construcción de la paz y el desarrollo poco a poco y desde abajo.
Explicó que estos consejos se instalan en los lugares en función de lo que las comunidades proponen, “nosotros reaccionamos conforme se van proponiendo, no es un modelito que venga de arriba hacia abajo, es un modelo en base a las iniciativas de las comunidades”, respondió cuando se le preguntó por qué estos consejos no se instalan en los lugares álgidos de violencia que ha propiciado el desplazamiento de familias.
“Se irá avanzando conforme la gente lo quiera, no se puede imponer el proyecto, este es un proceso de construcción colectiva”, insistió.
En conclusión, declaró que el problema de los desplazados se atiende con medidas de emergencia para resolver su situación actual, pero que a largo plazo debe construirse una estrategia para su retorno en la que tienen que intervenir varias instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Asimismo, añadió que tiene que ser un proceso concertado entre muchas partes, “porque si no, van a seguir los enfrentamientos como ya ha pasado, y no se trata de eso, se trata de salvar vidas no de provocar muertes, se tiene que ser cautelosos en el proceso y actuar con base a las condiciones”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
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