Ni un caso tiene sentencia, “estamos hablando de que, tal vez, el 80 por ciento de familiares de desaparecidos no han presentado denuncia porque no confían en las autoridades, incluso tienen miedo porque saben que el crimen organizado se encuentra al interior de las fiscalías, y que eso representa un riesgo de muerte”, denuncia José Filiberto
Chilpancingo, Guerrero, 31 de agosto 2019. De mil 500 denuncias presentadas por desaparición de personas en Guerrero desde que el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, ningún caso ha sido esclarecido, ninguno ha llegado a la sentencia y tampoco hay responsables en la cárcel, declaró ayer el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), José Filiberto Velázquez.
El defensor de derechos humanos denunció que otra de las deficiencias que hay en el estado es la ausencia de trabajo para la identificación de los cuerpos, pues informó que de los 751 que había a finales del año pasado sólo se han identificado 100, y son las mismas carpetas de investigación que se han abierto, pero ninguno ha sido entregado a sus familiares.
Informó que en Guerrero desde que el presidente Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, entre el 2005 y 2006, cuando se acentuó la violencia, familiares han presentado mil 500 denuncias por desaparición, pero ningún caso ha sido esclarecido ni localizada la persona, y mucho menos alguno de ellos ha llegado a la sentencia ni se ha castigado a los responsables.
Filiberto Velázquez informó que esas mil 500 personas desaparecidas son de las que reclaman su presentación los siete colectivos de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Chilapa y Huitzuco.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández aclaró que esos mil 500 no es precisamente la cifra real de los desaparecidos en Guerrero, puesto que solamente en Chilapa se habla de 500, pero muchos de los familiares no han presentado denuncia.
“Estamos hablando de que, tal vez, el 80 por ciento de familiares de desaparecidos no han presentado denuncia porque no confían en las autoridades, incluso tienen miedo porque saben que el crimen organizado se encuentra al interior de las fiscalías, y que eso representa un riesgo de muerte”, declaró.
Informó que el problema va creciendo porque hasta el 2016 el Centro Morelos había registrado 103 desaparecidos de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, pero a la fecha se habla de 500 solamente de Chilapa.
Dijo que es prácticamente imposible tener cifras reales porque muchas familias no se atreven a hablar por miedo.
Filiberto Velázquez denunció que la impunidad es lo que provoca que el problema siga creciendo, y que la impunidad se reproduce en el país, pues dijo que cifras oficiales indican que en México, de los 40 mil desaparecidos que hay desde la década de 1970 durante la llamada guerra sucia, solamente hay 21 sentencias por desaparición forzada, “eso nos muestra la realidad”.
Mencionó que una de estas sentencias, la de Rosendo Radilla, es de carácter internacional y no hay ningún culpable sentenciado o detenido.
Denunció que el Gobierno no solamente no hace su trabajo en cuanto a la investigación para la localización de los desaparecidos, sino que tampoco cumple con la identificación de los cuerpos que se encuentran en los semefos.
Dijo que de los 751 cuerpos que había desde finales del año pasado sólo se han integrado 100 carpetas de investigación debido a que han sido identificados, pero ninguno ha sido entregado a sus familiares.
“Se necesitan campañas permanentes de ADN, se han hecho campañas temporales, pero queremos que sea una campaña permanente para que los familiares puedan realizarse la toma de muestras y realizar el cotejo con los cuerpos que se encuentran en los semefos”, dijo.
Agregó que el problema es que el Semefo depende de dos instituciones, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Salud, “y el recurso que ha llegado a ellas se ha desviado”.
Declaró que por más intención que tenga la Fiscalía para tener el Cementerio Estatal Forense mejor equipado de Latinoamerica, “para nosotros sería mejor que no existiera porque representa la impunidad, por los graves delitos que han ocurrido desde la década de los setentas”.
Declaró que la propuesta de los colectivos de familiares es que el Semefo sea un organismo independiente, con recursos propios, “sin que esté dependiendo de la Secretaría de Salud donde sabemos que los recursos se quedan, se sientan en ellos y se los meten en los bolsillos”.
Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) ha dado millones, antes del Proyecto 751, para los trabajos de identificación de cuerpos pero que no han llegado al Semefo, y que eso se refleja en que no hay material ni capacitación en el personal para una investigación de calidad.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
