Se van a valorar, responde el presidente en la reunión de casi cuatro horas en Palacio Nacional a dos días de que se cumplan siete años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Militares monitorearon a los estudiantes la noche del 26 en Iguala, y 25 de ellos fueron ingresados al cuartel del 27 Batallón, señala el abogado Vidulfo Rosales. La Fiscalía va por más funcionarios del sexenio anterior, anuncia Gómez Trejo
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2021. Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace siete años en Iguala se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes para conocer cómo se desarrolla la investigación del caso. Y aunque reconocieron “que sí hay algunos avances”, insistieron en que no se ha establecido el paradero de los estudiantes y en los numerosos obstáculos que siguen presentando la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Madres y padres llegaron aproximadamente a las 10:20 de la mañana al Palacio Nacional, y salieron casi cuatro horas más tarde del encuentro, en el cual también participaron Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación; el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo; el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
Al terminar la reunión, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, declaró que si bien se reconocen los avances presentados por las autoridades –como los hallazgos en la Barranca de la Carnicería y algunas detenciones–, éstos siguen siendo poco satisfactorios.
Por ejemplo, “no está establecido el paradero con claridad, no se ha esclarecido cabalmente lo que sucedió ese 26 de septiembre, falta mucho para hacer”, comentó Rosales.
Añadió que “hay muchos obstáculos que están presentando algunas instituciones, la Fiscalía General y la Secretaría de la Defensa Nacional; eso se le hizo ver (al presidente) y él dice que considera saber la situación, pero que ya hay avances importantes”.
El obstruccionismo operado por la FGR, señaló, fue uno de los temas de debate durante el encuentro. La renuencia de esta instancia a colaborar de manera eficiente en las investigaciones se ve reflejada en varios aspectos: desde hace más de seis meses no se han ejecutado 40 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y personas implicadas en los hechos de Iguala, ni se ha traído a México al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, para que sea procesado, mencionó Rosales.
“Se favorece a imputados más que a víctimas”
Sumado a esto, continuó el portavoz de madres y padres de los 43, en la FGR todavía trabajan funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), lo cual podría estar frenando el desarrollo de las indagatorias. “Desde el Poder Judicial tenemos claroscuros, porque el criterio apunta más a favorecer a los imputados, a las personas acusadas, que a las víctimas”, resaltó el abogado.
Respecto al exdirector de la AIC –acusado de delitos como tortura y desaparición forzada de personas por el caso Ayotzinapa y prófugo en Israel por lo menos desde hace un año–, comentó que el presidente se está encargando personalmente de hacer “las gestiones, está entablando conversación con el primer ministro israelí para pedirle que no se puede solapar a Tomás Zerón porque ha cometido graves violaciones”.
Siguió Rosales: “Eso se le hizo ver (a López Obrador), vamos a terminar su sexenio y no vamos a poder traer a Tomás Zerón, no vamos a esclarecer esto, y él dice que hay algunos avances. No compartimos eso, pero tenemos que seguir impulsando estos diálogos”.
Falta investigación exhaustiva a militares
En la reunión en Palacio Nacional tampoco se presentaron avances sobre la responsabilidad que tuvieron los militares en la noche de Iguala, una línea que los padres siempre han exigido indagar a fondo.
“Ellos no nombran nada de los militares, cuando los militares sí son culpables, sí participaron en la desaparición de nuestros hijos, tanto los militares como la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Ministerial, inclusive a mi hijo se los llevaron los policías en patrulla; no se los llevaron los delincuentes, fueron patrullas las que se llevaron a los muchachos”, aseguró a El Sur Blanca Nava, mamá del normalista Jorge Álvarez Nava.
Afuera de Palacio Nacional, cuestionó: “¿Por qué no se dice nada de ello? Por eso nosotros decimos que se investigue a los militares. Ahora le pedimos eso al presidente”.
Vidulfo Rosales recordó que existen pruebas suficientes que demuestran que la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 elementos del Ejército Mexicano siguieron y monitorearon a los estudiantes a través del Centro de Comunicaciones, Cómputo y Comando (C4) de Iguala. Aparte, un testigo declaró que por lo menos 25 estudiantes fueron ingresados al cuartel del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
“Estos elementos hacen presunción de que se deba desplegar una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército Mexicano. Todo esto se le planteó y la respuesta del presidente es que van a valorar, van a revisar estos casos”, dijo el abogado.
Melitón Ortega, también vocero de los familiares y tío del normalista Mauricio Ortega Valerio, explicó: “¿Por qué los padres de familia han acusado al 27 Batallón? Porque hay elementos, hay declaraciones de que se llevaron estudiantes al cuartel y fueron interrogados ahí, por eso los padres señalan y piden que se profundice este tema para de una vez decir ‘si no participó, lo descartamos’”.
Ortega reconoció que con la actual administración, que reabrió las investigaciones del caso Ayotzinapa hace casi tres años, la Sedena ha proporcionado información a la FGR. Pero esos datos, a pesar de constituir un avance importante para las familias, no dejan de ser superficiales ya que todavía falta dilucidar qué pasó con “el C4, los videos, las cámaras de seguridad, las radios, las bitácoras” que documentaron lo sucedido en Iguala.
En sus declaraciones a los medios a unos metros del Zócalo, Ortega también hizo un llamado al presidente a mantener la unidad de las instituciones para que avancen juntas en el esclarecimiento del caso, “de lo contrario no se va a hacer”.
Se ha liberado información que estuvo oculta: Encinas
Después del encuentro con el jefe del Ejecutivo y ya en la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Encinas ofreció una conferencia de prensa junto con el fiscal Omar Gómez Trejo.
“Mucha de la información que durante años estuvo oculta en distintas áreas del gobierno federal, y en aquel entonces de la PGR, se ha venido liberando”, destacó.
Esto, expuso, representa uno de los logros conseguidos por la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la FGR.
De acuerdo con Encinas, hasta el momento se han sistematizado un total de 31 mil 238 documentos, de los cuales la mayor parte –17 mil 45– provienen de distintos archivos, expedientes, batallones, zonas militares y el área central de la Sedena; el Centro Nacional de Inteligencia (ex Cisen) habría proporcionado 3 mil 843 documentos; la Segob, mil 831; 2 mil 410 llegaron de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y están vinculados a la que fue la Policía Federal Preventiva.
Los documentos –entregados a la FGR y al GIEI– contienen información acerca de las operaciones del grupo delincuencial Guerreros Unidos y otros actores políticos en el estado de Guerrero, así como de la participación de agentes de la PGR y otras dependencias en los interrogatorios de las personas detenidas por el caso.
La recopilación y análisis de estos documentos “ha ido demostrando algunas de las inconsistencias de la llamada ‘verdad histórica’, porque se ha podido acreditar plenamente que el objetivo de la visita de los estudiantes no era romper el desarrollo del informe de trabajo de la entonces presidenta del DIF, la esposa del presidente municipal (José Luis) Abarca, sino que se ha acreditado la búsqueda de camiones para asistir a la marcha del 2 de octubre”, detalló Encinas.
Tampoco se pudo demostrar que hubiera algún vínculo entre los normalistas y sus agresores. La agresión fue realizada por al menos tres células articuladas con policías y sicarios del grupo delictivo, mientras que elementos de la policía de Iguala estuvieron presentes cuando arrestaron a los estudiantes que viajaban a bordo del autobús 1531.
Asimismo, se confirmó que los estudiantes no estuvieron juntos durante su detención.
El subsecretario también explicó que desde el mes de enero de 2019 hasta este viernes, se realizaron 55 acciones de búsqueda en 136 distintos puntos.
“Hemos establecido dos nuevos puntos de búsqueda, que iniciaron su intervención el día de ayer; vamos a reservar el lugar para poder trabajar con toda la libertad por parte de la Fiscalía. Y continuaremos rompiendo el pacto de silencio que se ha establecido con varios personajes”.
No se tolerará el silencio de “aquellos que saben y callan”
El fiscal especial Omar Gómez Trejo enfatizó que la investigación ejecutada por la entonces PGR y la administración anterior ya había sido refutada por el grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, diversos organismos nacionales e internacionales.
“Nosotros, ahora fiscales, la refutamos con hechos corroborados y pruebas contundentes. Mi unidad ha iniciado procedimientos penales por las irregularidades y delitos que fueron cometidos durante dicha investigación porque fue una averiguación previa hecha a modo”, dijo Gómez Trejo.
Dijo que existe evidencia –40 videograbaciones, declaraciones, análisis de los testimonios para rastrear signos de tratamientos inhumanos– que comprueba que la tortura se utilizó de manera generalizada en los interrogatorios y que funcionarios públicos protagonizaron actos de tortura física y psicológica a presuntos culpables.
Informó que, desde julio de 2019 a la fecha, se cuenta con 89 órdenes de aprehensión; de éstas se han ejecutado 49 y quedan pendientes 40.
Los tratamientos degradantes sirvieron para fabricar pruebas y sustentar una narrativa acotada al basurero de Cocula y del río de San Juan, para que la responsabilidad recayera enteramente en policías municipales “y no en el aparato criminal que convivía entre autoridades de todos los niveles y la delincuencia organizada”.
“Hemos conseguido romper el silencio de funcionarios, miembros del crimen organizado e incluso de personas valientes que nos han dicho qué vieron y vivieron, que participaron de una u otra manera en los hechos. La Fiscalía no tolera y no seguirá tolerando el abuso, el silencio y la indiferencia de aquellos que saben y callan”, concluyó.
Anunció que la Fiscalía va por más funcionarios del sexenio anterior por el caso Ayotzinapa, y presentarán nueva denuncia ante el Ministerio Público de la Federación por manipular y tergiversar la indagatoria de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Texto: Caterina Morbiato/ Foto: Cuartoscuro
