El fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, declaró que no se va a subir al ring con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, en respuesta a la declaración del magistrado en el sentido de que no tiene elementos de que el Ministerio Público y la jueza del caso del diputado Saúl Beltrán Orozco fueron presionados para solicitar y librar una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, insistió que el Ministerio Público aceptó en declaraciones oficiales que fue amenazado, pero que no le dijo por quién. También advirtió que la jueza cometió un delito al emitir la orden de aprehensión sin que antes la Fiscalía haya solicitado el desafuero y adelantó que va a proceder en su contra.
Declaró que hay elementos para proceder penalmente en contra del diputado, pero que se tiene que esperar hasta que se resuelva el amparo que promovió. De lo contrario, dijo que si el Congreso resuelve antes su desafuero, si gana el amparo, le devolverían el fuero y la orden de aprehensión quedará sin efecto.
El fiscal Olea Peláez fue entrevistado este martes en su despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Por qué digo que estuvo mal el MP y la juez, porque el Ministerio Público nunca informó a su superior jerárquico de la existencia de esa averiguación previa en contra del entonces presidente municipal y luego diputado. Sin embargo consignó la averiguación previa con muchos errores”, dijo.
Y agregó que en cuanto a la jueza, libró la orden de aprehensión e incurrió en un delito establecido en el artículo 305 del Código Penal que se refiere a los delitos contra la administración de justicia y que establece que “se impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a quien teniendo la calidad de servidor público inicie un proceso penal contra un servidor público con fuero constitucional, excepto los casos que así lo permita la ley”.
En este caso, si no había juicio de procedencia en contra del diputado Beltrán Orozco, la juez no podía librar la orden para detenerlo.
Admitió que antes de la resolución de la juez, el MP debió por las propias declaraciones de testigos, “que dicen: ‘parecer ser que es diputado”, haber mandado oficio al Congreso de la Unión y al Congreso local para que le dijeran si era o no diputado. Explicó que el mismo procedimiento debió seguir la juez.
Después, Olea Peláez explicó que declaró que ambos servidores públicos fueron amenazados y les dieron dinero para que actuaran sin aplicar el procedimiento respectivo, “porque el Ministerio Público cuando vino y declaró en Contraloría y ante mí cuando lo regañé, que había sido amenazado pero no me dijo por quién”.
El fiscal recordó que la jueza recibió la consignación del MP el 6 de enero a las 3 de la tarde y tres días después, el 9 de enero, libró la orden de aprehensión.
Olea, argumenta: “cuando yo tengo conocimiento le digo (a la jueza), ‘no puedo ejecutar la orden de aprehensión porque el señor tiene fuero constitucional’ y allí es cuando solicito el juicio de procedencia”.
Pero explicó que ahora que ya se inició el juicio de procedencia, hay un amparo que promovió el diputado en contra de la orden de aprehensión, “entonces imagínate si lo desaforan y gana el amparo, lo tendrían que reinstalar y le tienen que dar fuero otra vez”.

El Congreso debe esperar amparo

La propuesta del fiscal es que ahora el Congreso tiene que esperar que se resuelva la solicitud de amparo y reiniciar un juicio de procedencia sin violentar las garantías individuales del diputado, “darle chance que acredite y darme chance a mí de acreditar su responsabilidad, porque si gana el amparo debe de suspenderse el juicio de procedencia y ya no va a haber orden de aprehensión”.
–Ya se cometió el error, ya el diputado Saúl está pidiendo que se proceda en contra de estos servidores públicos, ¿procede la petición del diputado?
–Sí, no he visto las denuncias, tiene que ratificarlas. Yo ya sancioné administrativamente al Ministerio Público, y si procede el delito lo consigno, igual que a la juez.
–¿Aun cuando sea de un poder distinto?
­–Pues está cometiendo un delito.
–El magistrado presidente (Robespierre Robles Hurtado) dice que no hay elementos de lo que usted dice, que el Tribunal no es una servilleta…
–No me voy a subir al ring, ni quiero subirme al ring.
–Da la impresión que todos estos errores, como usted dice, fueron cometidos adrede, como para prepararle el camino al diputado para su salvación.
–Repito, el superior jerárquico no sabía de la existencia de la averiguación previa, el vicefiscal de investigación no sabía, el director de investigaciones tampoco, el fiscal general tampoco. Yo me entero cuando me la trae la Policía Ministerial y me dice “vea la orden de aprehensión”. Entonces yo le contesté a la juez, “yo no puedo detener al diputado por el delito por el que usted libró su orden de aprehensión porque tiene fuero constitucional y no me voy a ir a la cárcel por andar deteniendo a una gente que no debo por estar protegido por ese fuero”.
–¿Cómo es posible que ocurran estas cosas en el sistema de justicia con servidores públicos que se supone conocen la ley como un Ministerio Público y con mucho más razón una jueza?
­–En mi vida jurídica he visto muchos errores judiciales en los ministerios públicos.
–¿Como estos que son básicos?
–Como estos, en tanto en este país no se tenga un control absoluto de la capacidad jurídica de las gentes, es difícil y pasa en todos los países del mundo, no nada más en Guerrero y en México. Por eso existen los defensores y por eso se ganan los amparos.
–¿Qué sanción le impuso al Ministerio Público?
–Está en la contraloría interna y está por resolver esta situación. No me puedo meter administrativamente en lo que pueda hacer el Tribunal (con la juez). Yo sé que un Ministerio Público hizo mal las cosas.
–El Congreso le está pidiendo la carpeta de investigación para que resuelva
–Ya se envió.
–¿Cuando la envió?
–Mañana (hoy) se envía, perdón, todo por lo que solicité la ampliación del plazo.
–¿En esa información usted sostiene que hay elementos para que proceda el desafuero del diputado?
–Y ofrezco toda la averiguación previa.
–¿Pero en la acusación concreta usted sostiene que el diputado sí cometió el delito de homicidio?
­–Eso es lo que sostengo yo, pero te estoy diciendo que jurídicamente el Congreso debe esperar a que desahoguemos las pruebas.
–¿En el caso del Tequilero, cómo van las investigaciones?.
–Vamos bien, tenemos entre 9 a 15 detenidos que ya están en la cárcel, están vinculados a proceso, tienen asuntos de formal prisión.
–Menos él, ¿por qué? Si ya hay detenidos se supone que hay información que han aportado.
–Relativa, porque tienen derecho a no declarar. Yo no los puedo obligar a declarar.
–El compañero periodista Cecilio Pineda Birto en su último reporte habla de que hay gente que les ha dicho a ustedes donde está, cómo y dónde se mueve pero que sospechosamente no lo detienen…
–A ver, estamos interviniendo la Policía Ministerial, el Ejército y la Policía Estatal. Somos tres instituciones que estamos muy pendientes y en plena investigación para detener a este sujeto. Ustedes tienen que entender como periodistas que estas gentes tienen recursos, tienen amedrentados a ciertos pueblos y ciertos pueblos los protegen.
–Aún así, son tres instituciones con todo el poder del estado, contra un señor que tiene cinco gentes, usted dijo que estaba disminuido en una de las entrevistas.
–Tan es así que ya salió de su zona de influencia que era San Miguel Totolapan y Ajuchitlán. Se han hecho operativos, muchas cosas de inteligencia, no es tan fácil detener a la gente.
­¿No será por las redes de complicidades de las autoridades, como lo dijo el obispo Salvador Rangel?
–No, yo creo que si el obispo lo dice yo con mucho gusto le abro las puertas al señor obispo para que me diga qué servidores públicos están protegiendo e inmiscuidos con el crimen organizado. En este gobierno quien tenga una responsabilidad penal se va a la cárcel.
“Tenemos que hacer bien las cosas, yo encontré una Fiscalía colapsada, desecha, estamos reconstruyendo. El corazón de la fiscalía estaba muy enfermo. Tenemos que capacitar bien a las gentes en el nuevo sistema y terminar con el rezago del antiguo sistema”.